El Gobierno de Pedro Sánchez debe responder por escrito en las próximas semanas a una batería de 2.039 preguntas parlamentarias registradas por los grupos de la oposición durante los últimos meses tanto en el Congreso como en el Senado sobre su gestión del coronavirus. Al margen de que se hayan recuperado las sesiones de control de los miércoles en la Cámara Baja, el PP, Vox, Ciudadanos o los nacionalistas vascos y catalanes han dirigido desde enero al Ejecutivo 1.676 cuestiones, de las que de momento sólo ha dado respuesta a 41. Por su parte, en la Cámara Alta sólo ha contestado a 11 de 374 presentadas en referencia expresa a la covid-19.
Si durante los primeros compases de la crisis la atención que los grupos prestaban al virus era muy moderada, el número de preguntas dirigidas a los diferentes departamentos ministeriales se multiplicó con la activación del estado de alarma. Así se puede constatar en las páginas web del Congreso y el Senado. La Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara- calificó el pasado martes 245 preguntas que contenían la palabra 'covid-19' o 'coronavirus'. En la reunión del 30 de marzo se dio curso a otras 329 iniciativas, después de casi tres semanas en las que el Parlamento permaneció bajo mínimos.
La presidenta Meritxell Batet decidió reducir a la mínima expresión los trabajos de la Cámara ante los contagios de parlamentarios y para evitar exponer a los trabajadores que desempeñan funciones en las dependencias de la Carrera de San Jerónimo. Una de las funciones de diputados y senadores es precisamente el control de la actividad del Gobierno. Pero ante la ausencia de Plenos y de una actividad ordinaria de las comisiones, los interrogantes se dispararon por la vía escrita.
Aunque la ley 4/1981 dice en el punto 4 del artículo primero que "la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado", lo cierto es que la congelación de los plazos decretada por la Mesa ralentizó una de las herramientas que permiten fiscalizar la tarea del Ejecutivo. Hasta que las preguntas no son calificadas, el tiempo no empieza a correr.
A partir de entonces, el Gobierno dispone de veinte días laborales para contestar, aunque puede solicitar motivadamente otros veinte jornadas adicionales. En el caso del Senado, dispone de treinta. Los ministerios no tienen, eso sí, obligación de agotar ese límite y pueden remitir las respuestas en cualquier momento. Si no las responden, pueden ser incluidas en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión pertinente, donde los portavoces de los grupos se la pueden formular oralmente al miembro del Gobierno que comparezca. La frecuencia con que se reúnen estos órganos en la actual situación dista de ser la habitual.
No en vano, el Ejecutivo se ha ganado las críticas de expertos en derecho administrativo y de diversas organizaciones por paralizar la tramitación de las consultas que cualquier ciudadano puede realizar a través del Portal de la Transparencia. Sobre todo en un momento en el que se está recurriendo la vía de emergencia para adjudicar los contratos de compra de material sanitario.
Precisamente por ahí van algunas de las cuestiones de los parlamentarios, que permiten dibujar un recorrido por la gestión de la crisis; desde las medidas decretadas para intentar frenar los contagios, hasta el número de sanitarios afectados por el virus. También piden información de los medios materiales proporcionados a los profesionales no sólo de la Sanidad, sino también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Entre las cuestiones registradas, el Grupo Popular interroga al Gobierno sobre la polémica estrategia seguida desde la Secretaría de Estado de Comunicación con las ruedas de prensa telemáticas y hace referencia al "veto a las preguntas planteadas por los periodistas sobre la empresa que vendió los test defectuosos para el diagnóstico rápido para el coronavirus".
Test, mascarillas...
En enero, febrero y comienzos de marzo, el nivel de cuestiones sobre la pandemia fue muy similar al de otros asuntos. Desde que se registra la primera pregunta el 22 de enero hasta el 13 de marzo, sólo se habían inscrito 53 preguntas. Pero a partir de la declaración del estado de alarma por parte del Ejecutivo, se desató la guerra por reclamar información.
Si las primeras preguntas registradas por la formación que lidera Inés Arrimadas allá por el mes de enero se centraban en las medidas de vigilancia y prevención o en la repatriación de los españoles que por entonces se encontraban en la ciudad china de Wuhan, el PP y Vox centraban sus primeras cuestiones en los protocolos de puertos y aeropuertos para evitar la posible entrada del virus en territorio nacional.
En plena escalada de contagios en el mes de marzo, los partidos comenzaron a pedir detalles de las compras de material y la fiabilidad de los test, para poner el foco después en las repercusiones económicas de la pandemia. Desde el 1 de abril, los partidos centran sus preguntas en el número real de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus en el Sistema Nacional de Salud; el equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar la covid-19 recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas.
