Los presuntos delitos de corrupción cometidos en Petróleos de Venezuela (PDVSA) han derivado en otro compendio de supuestos delitos en Estados Unidos y España. Según las pesquisas, los acusados replicaron en ambos países un sistema de blanqueo de capitales que consistió en la compra de numerosos inmuebles a través un entramado societario y bancario registrado en paraísos fiscales. La Fiscalía de Texas, la de Florida y la de Anticorrupción en Madrid se han disputado la custodia y enjuciamiento de ciudadanos venezolanos vinculados a estos hechos.
Este martes, la Audiencia Nacional ha citado a declarar en calidad de investigado a Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión. Aunque no pesa orden internacional de captura en su contra, el magnate está bajo investigación en el Distrito Sur de Florida desde 2017. En Estados Unidos se le acusa -entre otros delitos- de conspiración para cometer lavado de dinero. En España se le atribuyen blanqueo de capitales y organización criminal, según han informado a Vozpópuli fuentes jurídicas.
Gorrín ha sido señalado ante la Justicia estadounidense por el extesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade. Según consta en su declaración de culpabilidad, el excargo del Gobierno de Hugo Chávez "recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de usar su posición (...) para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el Gobierno venezolano".
Seis solicitudes de extradición
Además del caso particular de Gorrín, España y Estados Unidos comparten interés por las actuaciones de Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Rafael Reiter. Los tres fueron detenidos en Madrid y se encuentran en libertad bajo medidas cautelares mientras se les investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Todos figuran como investigados en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en la causa sobre el presunto saqueo de PDVSA. Villalobos y Alvarado también están imputados en el Juzgado Central de Instrucción número 2, por los supuestos sobornos de Duro Felguera a funcionarios venezolanos.
La Administración de Donald Trump reclamó la extradición de los tres. La Audiencia Nacional rechazó las entregas, pese a que el Consejo de Ministros -a petición del extitular de Justicia Rafael Catalá- había aprobado dos. Los jueces explicaron que los excargos de la petrolera deberían responder primero por los delitos por los que están siendo investigados en España antes de ser enviados a cualquier otro país para un presunto enjuiciamiento.
Lo que sí aceptó el tribunal fue la extradición de otros dos venezolanos que -hasta ahora- no figuran en ninguna de las tres investigaciones que se llevan a cabo en la Audiencia Nacional. España acordó en 2018 la entrega a Estados Unidos de Luis Carlos León Pérez y César Rincón Godoy. Ambos fueron detenidos por las autoridades bajo las órdenes de arresto internacionales basadas en una acusación de 20 cargos emitida por el Distrito Sur de Texas en agosto de 2017.
Una vez en Texas, ambos extraditados se declararon culpables: Rincón Godoy, "por su papel en un plan internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del Gobierno venezolano para asegurar corruptamente los contratos de energía y la prioridad de pago en las facturas pendientes"; y León Pérez, además, "por su papel en un plan para sobornar a funcionarios de la compañía energética estatal de Venezuela".
Un huido
Fuentes jurídicas admiten a Vozpópuli que el caso más "sensible" hasta ahora ha sido el de Hugo 'El Pollo' Carvajal. El exdirector de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela durante el mandato de Chávez desapareció pocos días después de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimara su extradición. Se acordó su entrega por "actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación" con el grupo terrorista colombiano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "durante un periodo amplio de 20 años".
El general se encontraba en libertad a la espera de conocer la decisión final del tribunal español. Estaba sujeto a medidas cautelares como comparecencias quincenales en el Juzgado y retirada de pasaporte, según fuentes jurídicas. El mismo día que se acordó su extradición, se dictó una orden de busca y captura contra él. Desde noviembre se desconoce su paradero.
En total, Estados Unidos ha presentado seis solicitudes de extradición. España ha acordado tres entregas. Solo dos, sin embargo, se han hecho efectivas. Una vez que la Fiscalía anticorrupción y los Juzgados de la Audiencia Nacional den por culminadas la investigaciones -ya sea para archivar o para enviar a juicio- la Justicia estadounidese podrá volver a reclamar a los excargos de Chávez.
