La Fiscalía anticorrupción rastrea las presuntas comisiones irregulares que habría recibido el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por parte de excargos del Gobierno de Hugo Chávez. Aunque en un principio la investigación se enfocó en las operaciones realizadas en Panamá, fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que el ministerio público ha pedido comisiones rogatorias a varios países europeos.
Algunos de los Estados que recibieron la petición de auxilio judicial ya han aportado información a la causa que se instruye contra el que fuera diplomático del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según han indicado a este diario las mismas fuentes. La documentación solicitada por el Ministerio Fiscal nutre la investigación que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Anticorrupción ha extendido la búsqueda tras los primeros análisis de la documentación incautada en las oficinas de Morodo. Según ha publicado El Mundo, el exembajador, su hijo y dos socios se habrían apropiado de más de 35 millones de euros de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que habrían acabado en España "a través de cuentas bancarias en Suiza y en Panamá".
Morodo justifica los pagos
En el marco de su estrategia de defensa, el exembajador ha presentado documentación ante el juzgado para intentar probar la legalidad de los ingresos que recibió por parte del chavismo. Fuentes de la causa han confirmado a Vozpópuli que el diplomático socialista ha aportado, entre otros, correos electrónicos para justificar sus asesorías a PDVSA y defenderse así de la acusación de blanqueo de capitales.
Morodo intenta probar la legalidad de los pagos del chavismo para eludir el blanqueo
Las mismas fuentes han asegurado a este diario que los pagos que obran en la causa no están suficientemente acreditados y que por ello permanece imputado. Como parte de las pesquisas, el juez Santiago Pedraz ha encargado al perito judicial un informe sobre las actividades económicas de Morodo. Según ha publicado El Mundo, Hacienda también estaría investigando al diplomático por delitos fiscales. Fuentes de la Audiencia Nacional han indicado que -hasta ahora- la Agencia Tributaria no ha presentado ningún informe ante el magistrado instructor.
Blanqueo de capitales
El pasado mayo, el magistrado acordó la imputación de Morodo y su hijo, Alejandro "Alejo" Morodo Cañeque, por los presuntos servicios irregulares de asesoría por los que habría facturado desde 2008 a varios cargos del Gobierno bolivariano. Se les investiga por presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Y tienen prohibida la salida del país desde el 22 de mayo, cuando fueron puestos en libertad con medidas cautelares tras haber sido detenidos e interrogados.
En el marco de su detención, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevó a cabo una operación por orden de la fiscal del caso y del juez instructor contra la presunta trama de blanqueo de dinero procedente de la petrolera venezolana. Los agentes realizaron registros en varias oficinas del exembajador y detuvieron a los Morodo y a otros dos hombres: Juan Carlos Márquez y Carlos Prada. Hasta ahora los cuatro -y otras dos mujeres- permanecen imputados.
Según adelantó ya en 2016 El Español, al hijo de Morodo se le viene investigando por el cobro de 3,8 millones de euros de PDVSA a través de una sociedad instrumental panameña con cuenta en Suiza entre 2008 y 2013, cuando su padre abandonó el cargo en la Embajada de Caracas. El Mundo también informó de que la empresa disponía de una cuenta en el Credit Suisse de Ginebra (Suiza) que habría librado facturas a la petrolera mediante el bufete madrileño de Morodo: Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.
Tal y como publicó Vozpópuli, se trata de la sociedad de carácter opaco denominada Furnival Barristers Corporation, que en su creación contó con la firma de tres presuntos testaferros de nacionalidad panameña.
