La LLiga Democrática y Lliures afirman, en su primer comunicado conjunto, que “el derecho a la discrepancia no avala el desacato” a la ley, en referencia a la inhabilitación de Torra dictada por la Junta Electoral Central (JEC) por no quitar la pancarta a favor de los políticos presos del Palau de la Generalitat.
También piden esperar a la firmeza de las resoluciones de la JEC para proceder, en su caso, a su ejecución. Es decir no hacer efectiva la destitución como diputado de Torra hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.
Asimismo atribuyen gran parte de la responsabilidad en la degradación de las Instituciones al presidente y al Gobierno de la Generalidad por su actitud irresponsable e irrespetuosa con la ley. Además consideran que su actitud no es asumible cuando uno de los socios del Govern ha comprometido su apoyo al Gobierno del Estado.
Por último, hacen un llamamiento a respetar las decisiones de los tribunales y de la Junta Electoral sin perjuicio del legítimo derecho a la discrepancia que en ningún caso en un estado de derecho se ha de interpretar como un aval al desacato.
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