El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y otros nueve ex altos cargos están siendo investigados en una nueva pieza por presuntas irregularidades en la adjudicación de una ayuda de 5,8 millones concedida en 1999 a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa). Uno de los imputados -el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero- ya fue absuelto de devolver otras subvenciones por 1,9 millones otorgadas a la misma mercantil entre 2002 y 2004.
En sentencia del 5 de noviembre de 2018, el Tribunal de Cuentas consideró que las responsabilidades contables reclamadas por el Gobierno autonómico a Guerrero estaban prescritas. Según consta en la resolución, recogida por Vozpópuli, "el plazo de prescripción de cinco años previsto en el ámbito de la responsabilidad contable ya había transcurrido tanto cuando se inició la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas, como cuando comenzó el proceso jurisdiccional ante este Tribunal de Cuentas".
Aunque en aquella ocasión se estimó la prescripción, no se enjuiciaron "las pretensiones (...) con relación a los hechos objeto de este procedimiento". Ahora, en el marco de las pesquisas en la causa de los ERE que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el juez de refuerzo José Ignacio Villaplana ha acordado investigar a los exresponsables de la Junta por las ayudas asignadas a la misma empresa en años anteriores.
En concreto, el magistrado instructor ha acordado dirigir la investigación contra el propio Guerrero y otra decena de excargos por presuntos delitos de prevaricación y malversación vinculados al préstamo 'puente' de 5,8 millones concedido por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) a Campocarne Andalucía, anteriormente conocida como Hamsa.
Los hechos de 1999 "no habrían prescrito"
Según explica el juez en su auto, a través de esta subvención que ahora se investiga en Sevilla "podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos".
Aunque la ayuda 'puente' fue concedida en 1999, la Fiscalía considera que los hechos investigados "no habrían prescritos". El ministerio público subraya que "a fecha 1 de febrero de 2005 el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido -ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-".
Devolución del dinero
La Junta de Andalucía ha intentado recuperar el dinero desfalcado con la trama de los ERE. Hasta ahora se han emitido más de una treintena de sentencias desde el Tribunal de Cuentas, pero en algunos casos las responsabilidades contables están prescritas.
Guerrero, exdirector de Trabajo y "responsable contable directo" de varios pagos irregulares, se quedará con 2,5 millones de euros al haberse agotado el plazo de prescripción de cinco años cuando se iniciaron las investigaciones. En la suma total se incluyen los 1,9 millones de la ayuda otorgada a Hamsa entre 2002 y 2004.
Tras 14 sentencias dictadas a su nombre, el excargo de la Junta no tendrá que devolver un tercio de lo que se le ha reclamado. En el último año, el Gobierno autonómico le ha exigido el reintegro de 9,6 millones de euros. El órgano fiscalizador le ha condenado a pagar 7,1 millones.
