“Se me juzga por mis ideas”, “es un juicio político”, “soy un preso político”... con estas expresiones se presentó el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en lo que supone un desafío al Tribunal Supremo, que le juzga por un presunto delito de rebelión. Renunció por tanto a defenderse de esas acusaciones al negarse a contestar a la Fiscalía, que pide para él 25 años de cárcel, y a la Abogacía del Estado. Se limitó a atender las cuestiones de su abogado.
Ataviado con una corbata negra y sentado en una mesa frente a los siete jueces que integran el tribunal Junqueras pidió perdón si se mostraba demasiado efusivo en sus explicaciones. Se justificó en que lleva un año y medio sin poder hablar al estar en prisión provisional. Desplegó todo un alegato político en defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña pese a que en la resolución de las cuestiones previas el tribunal advirtió contra los debates ideológicos en el juicio.
“Votar no es delito” o “esto no se resuelve poniendo gente en la cárcel” fueron algunas de las frases a las que recurrió en varias ocasiones el líder del ERC, quien reivindicó su condición de padre e historiador. Habló del franquismo, de la campaña del PP contra el Estatut, de la sentencia del Tribunal Constitucional contra aquella norma que supuso un punto de inflexión. Acudió en todo momento a compararse con países como Escocia, Irlanda, Suecia, Islandia, Canadá, para denunciar que en el caso de Cataluña, la silla del Gobierno “siempre ha estado vacía”.
Oferta de diálogo
Junqueras irrumpió incluso en plena tormenta política a las puertas de una nueva convocatoria electoral para trasladar una nueva oferta de diálogo. Desde el banquillo de los acusados dijo que sigue “absolutamente vigente”. En sus apelaciones al diálogo, el líder independentista llegó a presentarse como mártir en lo que más de uno de los presentes en la sala interpretaron como un mensaje al expresidente catalán huido, Carles Puigdemont: “¿Qué hago yo aquí? Asumir las responsabilidades que se me quieran atribuir respecto al referéndum para que no haga falta que las tenga que asumir nadie más. Que son responsabilidades políticas, porque no pueden ser penales”.
Tras algo más de una hora de interrogatorio, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordenó un receso de 30 minutos “para descansar”. En los pasillos la opinión general de los asistentes a la Sala de vistas es que lo que había hecho Junqueras era un “suicidio” al renunciar a su derecho defenderse de las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que a diferencia del Ministerio Público solicita 12 años de cárcel por sedición. Había quien incluso lo comparaba con la estrategia que durante años emplearon los detenidos de la banda terrorista ETA, que siempre negaban la legitimidad de los juicios a los que se sometían en la Audiencia Nacional.
Fue después del receso cuando su abogado, Andreu Van den Eynde entró en materia sobre los hechos de los que se le acusan como lo sucedido ante su Consellería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre. Aquel día una multitud de decenas de miles de personas se concentraron ante el edificio cuando estaba siendo registrado por la Guardia Civil a las órdenes de un juez. Junqueras recordó que acudió a la Consellería y que su actitud fue “exquisita”. Sobre el comportamiento de la gente allí congregada destacó que “repartían claveles” y cantaban “himnos religiosos”. No fue preguntado por los coches de la Guardia Civil destrozado o a que la secretaria del Juzgado tuvo que abandonar el lugar por el tejado.
Usa la declaración de Montoro
Sí hizo hincapié en cambio en la “violencia” en la que, a su juicio, incurrió la Policía Nacional y dijo que era imprevisible ese escenario. El abogado sí le preguntó en este caso acerca de una reunión los días previos con los servicios de Información de los Mossos d’Esquadra quienes advirtieron a la Generalitat del riesgo de episodios violentos si seguían adelante con la consulta. “La conclusión que yo saqué es no había nada que pudiese prever algo distinto al comportamiento cívico de los ciudadanos. Nada hacía pensar lo contrario”, contestó.
Tachó de “extravagante” y “apócrifo” el documento Enfocats, que dijo desconocer. Este informe, incautado a uno de los detenidos, es sobre el que se sustenta buena parte de la investigación. Negó también haber destinado ninguna partida pública para el referéndum y se escudó en las declaraciones que en ese sentido hizo en su día tanto el exministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Culminó defendiendo haber convocado el referéndum a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional porque su obligación era “proteger el derecho de los ciudadanos a votar como cuando se protege el derecho huelga aun cuando puede molestar a alguien”.
