Los padres de miles de alumnos con discapacidad, así como varios de sus docentes, se han congregado en una plataforma para luchar contra la inclusión de los menores en aulas ordinarias tal y como propone el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y estudia insertar en su reforma educativa la ministra de Educación, Isabel Celaá. Con el lema de 'Educación inclusiva sí, especial también', y en menos de siete meses, ya cuenta con 200.000 miembros.
La medida que estudia el Gobierno contempla el traspaso de 35.886 alumnos con discapacidad que actualmente estudian en centros de educación especial -o en aulas específicas dentro de colegios ordinarios- a las aulas ordinarias con el resto de alumnado en general. "El Ministerio de Educación y FP apuesta por una escuela inclusiva, que atienda a las recomendaciones de la ONU de integrar al mayor número de estudiantes a medio plazo en centros ordinarios, en colaboración con las comunidades autónomas", explican fuentes ministeriales a este diario.
En el curso 2016-2017, había un total de 217.275 estudiantes con discapacidad matriculados en enseñanzas no universitarias
En el curso 2016-2017, había un total de 217.275 estudiantes con discapacidad matriculados en enseñanzas no universitarias. De estos, 181.530 estaban en centros ordinarios, pero el resto, es decir, los 35.886 alumnos que tienen necesidades educativas especiales están distribuidos en alguno de los 477 centros de estas características que tiene España o en las llamadas aulas específicas o abiertas. El CERMI pide que este tipo de lugares sean reconvertidos en aulas de apoyo territorial y sus trabajadores pasen a desempeñar sus funciones en los centros comunes.
Centros de educación especial
"Las personas con discapacidad, sus familias y docentes nos encontramos profundamente preocupados por la intención de algunos partidos políticos y organizaciones sectoriales de eliminar la Educación Especial que atiende a miles de niños, niñas y jóvenes en toda España", manifiestan los padres de la plataforma que rechaza esta propuesta.
Las personas con discapacidad presentan aptitudes y necesidades muy diferentes, explican, por lo que la inclusión educativa pasa por contemplar cada situación y a cada alumno y alumna en particular, tal como se viene haciendo en la Educación Especial en nuestro país y en otros del ámbito europeo.
El derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita"
"El derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita. Aunque algunos niños y niñas se adaptan muy bien a la escuela ordinaria, otros precisan de una educación individualizada, con personal muy especializado, espacios adaptados, aulas con pocos alumnos y ritmos de aprendizaje concretos. ¿Por qué destruir estructuras educativas que están funcionando y que garantizan el derecho a una enseñanza de calidad de este alumnado?", se preguntan.
Desde CERMI, y en la línea de las recomendaciones de la ONU, reclaman a los poderes públicos que se garantice el principio de acceso normalizado del alumnado con discapacidad a los recursos educativos ordinarios, sin discriminación o segregación de ningún tipo por esta circunstancia, proporcionando los apoyos necesarios para que la inclusión educativa en un entorno educativo abierto sea siempre una realidad.
Política económica
"Se debe garantizar la identificación temprana de las necesidades educativas, así como la disposición garantizada de recursos humanos, didácticos y tecnológicos, entre otros, que permitan ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades existentes en cada caso", señalan desde el comité.
Pero, ¿está preparado el sistema educativo español para garantizar esas respuestas adecuadas a las necesidades especiales si desaparecen los centros? Según Pilar Arnaiz, una de las pioneras en inclusión a nivel europeo y catedrática del área de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Murcia, esta transformación en el sistema educativo requiere un proceso de cambio progresivo y una política económica que dé una respuesta de calidad a estos alumnos.
Requiere un proceso de cambio progresivo y una política económica que dé una respuesta de calidad a estos alumnos", dice Pilar Arnaiz
Aunque comprende que muchos padres estén cuestionando el modelo que pide CERMI y que estudia implantar el Gobierno, pues considera que puede haber miedo a que sus hijos no se adapten a un centro ordinario, asegura que la inclusión con otros compañeros "es posible": "Pero no se puede hacer rápido y es necesario que se dote de recursos a los centros y se forme al profesorado".
"Ahora mismo en España tenemos una experiencia intermedia, pero nos e sabe hasta qué punto es inclusiva o no. Se trata de las aulas específicas y las aulas abiertas dentro de centros ordinarios que ya trabajan con alumnos con discapacidad grave. Sin embargo, la corriente que defiende la inclusión plena a veces las tacha de ghettos", explica Arnaiz.
Pioneros en educación inclusiva
Según explica la catedrática, la inclusión de alumnos con discapacidad en centros ordinarios ya existe desde hace años. A partir de los 70 se hacían aulas específicas como proyectos piloto, pero a partir de 1985 se estableció por decreto la integración escolar: ya no iban a aulas específicas, si no que iban a aulas ordinarias, pero pasaban mucho tiempo en aulas de apoyo. Ahora, la integración es lo que se cuestiona porque, según la experta, dificulta que se incluya de forma plena a este tipo de alumnos en la vida escolar del centro a todos los niveles.
La catedrática advierte que otros países como EEUU, Canadá o los nórdicos ya apuestan por la inclusión educativa. "En estos lugares se empezó con la integración en los centros ordinarios con aulas de apoyo a finales de los años 50. A finales de los 80 ya dieron el salto a la inclusión en muchos de ellos", señala.
Si embargo, además de a miles de padres que son contrarios a que sus hijos con discapacidad den clase en aulas ordinarias, el Gobierno tiene en contra a otros partidos como Ciudadanos. La formación naranja ha advertido a través de una iniciativa parlamentaria de que esta medida despierta la inquietud en un sector importante de las organizaciones que representan a personas con discapacidad y de familias por la falta de medios y de formación del profesorado de la red de centros ordinarios.
