El pasado viernes la mensajería instantánea de los móviles echaba humo entre algunos cuadros de la izquierda andaluza, esto es Podemos-IU. El mensaje que se pasaban era breve y escueto: “El 16 de diciembre, domingo, es el día en que se celebrarán las elecciones”. Al parecer, la fuente de la que habría partido la filtración estaría en el entorno más cercano de la Presidenta de la Junta. De confirmarse, los andaluces estaríamos a 13 semanas –84 días exactos– de las urnas.
Lo cierto es que desde que Albert Rivera bajó y mandó parar el llamado “pacto de investidura” con el PSOE-A, la política andaluza está instalada en la especulación permanente. Mientras, la presidenta Susana Díaz, la única que tiene la capacidad legal para disolver y convocar comicios, ha seguido todo este tiempo con ese mantra donde nos mete a todos a la hora de tomar tan importante decisión, al afirmar que las elecciones se celebrarán cuando interese a los andaluces, aunque antes dijo que “cuando sea imposible tomar decisiones”.
Que las elecciones andaluzas no serán en marzo, cuando caduca la legislatura, es algo que los políticos andaluces tienen asumido hace semanas al quedarse el gobierno socialista en minoría y, entre otras cosas, no poder afrontar la ley más importante, la de presupuestos para 2019. Una ruptura entre PSOE-A y Ciudadanos, rodeada de teatralidad, cierto, y que ha hecho saltar por los aires la famosa ‘estabilidad política de Andalucía’ de la que tanto ha venido presumiendo la Sra. Presidenta. A falta, por tanto, de la confirmación de la fecha electoral por parte de Susana Díaz queda también por despejar si Pedro Sánchez se uniría a la convocatoria con generales, especialmente tras el brutal desgaste al que está siendo sometido el presidente, entre otras cosas a cuenta de su formación académica y, lo más inquietante, el gravísimo deterioro en la que está sumida la sociedad catalana. Elecciones conjuntas que, como se sabe, no es lo que desean los socialistas andaluces.
Mientras se despeja el calendario, lo cierto y verdad es que el ambiente en Andalucía es lo más parecido a una campaña electoral y varios son los frentes que se le han abierto a la candidata a la reelección y a su partido que lleva en el gobierno 36 años, desde mayo de 1982.
Comisión FAFFE, algo testimonial que de nada servirá
El de más calado y ruido es el que afecta a la FAFFE, una fundación de apoyo a la creación de empleo y donde se han destapado irregularidades muy graves como los gastos de miles de euros en putas, restaurantes, juergas, además de una larga lista de familiares de dirigentes del PSOE enchufados y cobrando buenos sueldos. El viernes quedó constituida en el Parlamento la Comisión de Investigación de la Faffe que, según todas las previsiones, durará más bien poco, exactamente lo que tarde Díaz en disolver y convocar. La oposición al PSOE no fue capaz de ponerse de acuerdo y hacerse con el control y la presidencia de la comisión que, por esa razón, recayó en la diputada socialista malagueña Marisa Bustinduy.
La Sra. Bustinduy, como parlamentaria, no se ha destacado por su brillantez, sí por su capacidad de trabajo, siempre gris y de perfil bajo. Esta semana quedará ajustado el calendario de comparecencias y se conocerán los nombres que las distintas formaciones quieren que comparezcan a prestar declaración. Pero lo dicho, todo para nada dadas las circunstancias.
El Caso Cajasol/Pulido y sus opacas operaciones
Esta semana también llega al Parlamento el Caso Pulido, presidente de la Fundación Cajasol y lo lleva en una pregunta oral el PP andaluz. Este tema adquiere especial relevancia en tanto que Antonio Pulido Gutiérrez es amigo personal y ‘protegido’ de la presidenta en el manejo de los casi veinte millones anuales de la fundación que Pulido convirtió en ordinaria en vez de bancaria para, así, escapar al control fiscalizador del Ministerio de Economía. El haber echado en junio al vicepresidente de la entidad y miembro del PP, Marcos Contreras, por pedir insistentemente las cuentas y criticar el sueldo de 200.000 euros que se colocó Pulido tras ser despedido del Grupo La Caixa, ha sido la espita que se ha abierto para que se abran las ventanas y se aclaren infinidad de operaciones de envergadura realizadas sin ninguna transparencia.
Un burófax remitido a finales de junio por Contreras al consejero de Economía Antonio Ramírez de Arellano, pidiéndole papeles y amparo como responsable del Protectorado de Fundaciones, se “extravió” por la Consejería y hasta la pasada semana no han empezado a estudiar cómo y qué responder, según me informa el propio consejero.
La inesperada imputación de un susanista con poder
Estos temas, más o menos, debían estar contemplados en la agenda de debilidades electorales de Susana Díaz, sin embargo, para nada se esperaban una imputación judicial en la persona del jefe de filas del socialismo onubense y presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, más conocido por ser cuñado del que fuera portavoz de la gestora que liquidó a Pedro Sánchez en Ferraz, Mario Jiménez.
A Caraballo y a otros les ha colocado una juez el sello de “investigados” por haber autorizado la supuesta compra de dos concejales de Podemos en la localidad de Aljaraque, evitando así una moción de censura que les hubiese arrebatado el gobierno a la alcaldesa socialista, cosa que finalmente no sucedió. Fuentes cercanas a Pedro Sánchez han señalado que “sin duda” la dirección federal aplicará el Código Ético del PSOE a Caraballo “tan pronto sea convocado a la vista oral, obligándole a dimitir”. No debe extrañar, el aparato del PSOE de Huelva fue uno de los más combativos contra Sánchez en las primarias que ganó y si han dimitido dos ministros en cien días por qué no un presidente de Diputación anti Sánchez.
Y en la RTVA sus trabajadores se rebelan
Y por si le faltaba algo a la presidenta en estos días ha tomado cuerpo una rebelión de trabajadores de Canal Sur (radio y tv), impulsada por los sindicatos del Comité Intercentros que, de momento, piden la cabeza de Joaquín Durán Ayo quien lleva cinco años al frente de la RTVA como subdirector en funciones de director general con una gestión tan mediocre como la programación. La radio y la tele públicas se caen a pedazos, la audiencia alcanza mínimos históricos y, obviamente, la RTVA está como siempre estuvo al servicio de los intereses políticos del PSOE, costándole una millonada a los andaluces. Y al margen de esta movida sindical, no exenta de tintes electoralistas dadas las fechas, viene de camino el estallido de la plantilla de Andalucía Digital Media (ADM), una productora donde el capital mayoritario es de la Junta y donde moran ex altos cargos de la RTVA como Ricardo Llorca o Rafael Camacho. Es la que se lleva gran parte de la inversión de Canal Sur TV en producciones externas. Las condiciones laborales de la plantilla, según fuentes de la misma, son tercermundistas, con contratos basura y sueldos de miseria.
Pero lo peor de todo es que las condiciones laborales que padecen invitan a pensar en “una cesión ilegal de trabajadores” entre Canal Sur Tv y ADM. En breve se formalizará la correspondiente denuncia ante los juzgados de lo social porque muchos trabajan en las instalaciones de la RTVA y son dirigidos directamente por personal del ente público.
Este es, a grandes rasgos, el panorama nada halagüeño que, de pronto, le ha cambiado el paso al gobierno de la Junta y, en cierta forma, ha dejado en un segundo plano la campaña personal que la presidenta viene desplegando desde antes del verano por toda Andalucía donde solo le ha faltado pedir abiertamente el voto.
