La factura del desastre del Prestige sigue creciendo casi 16 años después del hundimiento del buque frente a las costas gallegas.
Desde el pasado mes de mayo hasta ahora, un despacho estadounidense ha facturado más de un millón de euros al Estado español por representarle en una nueva causa abierta en Nueva York, a instancias del capitán del Prestige, Apostolos Mangouras.
En junio de 2017 se formularon dos nuevos procedimientos sobre documentación y elementos de prueba que corresponden al Reino de España, abiertos por Mangouras, seguido ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Uno de los dos procedimientos tiene por objeto acceder a la información que el perito empleó en la preparación del caso Prestige.
El Prestige se partió en dos y se hundió frente a la costa gallega el 19 de noviembre de 2002
El otro procedimiento, informa Salvamento Marítimo, seguido en el mismo tribunal de Nueva York, tiene por objeto acceder a la información que el despacho de abogados Squire Patton Boggs (antes Squire, Sanders & Dempsey, LLP) conserva como consecuencia de su colaboración en el caso del hundimiento del buque y, en particular, en lo relativo a la intervención de tres testigos concretos. Este bufete representó a España en Estados Unidos en la demanda presentada contra la compañía estadounidense American Bureau of Shipping (ABS), que certificó el estado del Prestige durante toda su vida útil hasta producirse el desastre; la justicia estadounidense tumbó las pretensiones del Estado español.
La Abogacía del Estado ha informado de una nueva previsión de gastos por estos procedimientos. A 31 de diciembre de 2017, se han devengado gastos por honorarios del despacho estadounidense correspondiente al periodo comprendido entre mayo y diciembre del pasado año, por importe estimado al tipo de cambio oficial de 684.348,81 euros.
Desde diciembre del pasado año hasta ahora, la factura se ha incrementado en otro medio millón de euros, aproximadamente. En estos últimos meses, informan fuentes ministeriales, se han recibido cuatro nuevas facturas por un importe total de 552.387,55 dólares (unos 475.000 euros). En total, las seis facturas correspondientes a los honorarios del bufete de Estados Unidos desde junio del pasado año hasta ahora ascienden a 1,15 millones de euros.
El Estado español puede reclamar 1.573 millones de indemnización
En febrero de 2018, explica Salvamento Marítimo, se ha solicitado "nueva subvención de explotación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a los nuevos gastos de abogados extranjeros en Estados Unidos consecuencia de la activación de los dos nuevos procedimientos interpuestos por el capitán del buque Prestige".
Las fuentes consultadas en distintos ministerios, indican que se trata "de garantizar la efectiva condena del Supremo del 14 de enero de 2016 y la responsabilidad civil declarada por la Audiencia Provincial de A Coruña en autos de 2017 y enero de 2018".
Desastre e indemnizaciones
El 13 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige, de 245 metros de eslora y 40.000 toneladas brutas, botado en el año 1976, sufrió una rotura cuando navegaba cerca del cabo Fisterra; seis días después, el 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, tras ser remolcado con rumbo errático, el buque se partió y se hundió vertiendo en el mar la carga que llevaba, provocando el mayor desastre medioambiental ocurrido en España.
Ayuntamientos franceses, españoles, empresas pesqueras, y 270 personas tienen derecho a recibir compensaciones económicas
Tras una década de investigación judicial, el Tribunal Supremo dictó sentencia en enero de 2016 en la que se condenó a dos años de cárcel al capitán del petrolero; la sentencia permite reclamar las indemnizaciones a la aseguradora del buque, la compañía británica The London Steamship Owners Mutual Insurance Association.
El pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de A Coruña fijó el importe de los daños ocasionados: 1.573 millones al Estado español, 61 millones a Francia y 1,8 millones a la Xunta de Galicia. Además, entre los destinatarios de las indemnizaciones se encuentran 270 personas, ayuntamientos españoles y franceses, empresas pesqueras... con cifras que oscilan entre los 70 euros y los 2,6 millones de euros. Las fuentes ministeriales consultadas indican que el Estado ha anticipado esas indemnizaciones subrogándose el derecho de los perjudicados.
