El desvío de fondos públicos del Instituto Nóos ha llevado a Iñaki Urdangarin a prisión tras haber ratificado el Tribunal Supremo la condena inicial de la Audiencia de Palma. Cinco de los seis delitos que se le imputaban fueron confirmados por el tribunal la pasada semana, una noticia que cogía con el pie cambiado a los agoreros mayores del reino, convencidos de la desigualdad de trato que las instituciones dispensan a los ciudadanos en función del “privilegio” que les convenga destacar en cada momento. Airear esa concepción disfuncional de la democracia española como hacen algunos dirigentes políticos, con Podemos liderando la hazaña en connivencia con los nacionalistas -en esto me bailas el agua tú, en lo de la autodeterminación, yo-, supone afirmar ni más ni menos que los ciudadanos estamos expuestos a la absoluta arbitrariedad de un sistema cuyos intereses, casualmente, difieren siempre de los nuestros.
Primero fue aquello de que Urdangarin jamás sería imputado; luego vino lo de que no habría condena; y, finalmente, que lo que a todas luces resultaría imposible sería asistir a su entrada en prisión"
Los estadios durante la instrucción del caso han encontrado una perfecta simetría en los recelos despertados. Si Urdangarin jamás había de ser imputado, cuando lo fue corrieron a asegurar que no habría condena; cuando esta llegó, lo que resultaría imposible a todas luces sería su entrada en prisión. Mientras escribo esta pieza, con el miembro de la Familia Real ya entre rejas, me cruzo con el siguiente titular: Podemos cree "evidente" que el encarcelamiento de Urdangarin en Brieva "es un trato de privilegio a la Monarquía”. Es exactamente lo mismo que habría dicho el partido de Pablo Iglesias si una condena menor hubiera librado al ex-duque de Palma de la cárcel. Por lo demás, ¿de quién procede ese trato privilegiado? No hace falta concretar. Al cabo, para qué personificar los malvados intereses de los poderosos si en abstracto funcionan mejor para realizar tales acusaciones. “Evidente”, concluyen.
¿Y en qué basan esta evidencia, acompañados por una no desdeñable parte de la opinión pública? En el hecho que Instituciones Penitenciarias ofreciese a Urdangarin tres centros distintos en los que efectuar su ingreso y cumplir la condena. Aunque sea un derecho que asiste a los condenados que voluntariamente formalizan su entrada en la cárcel. No importan, en realidad, los hechos. La próxima fase de indignación vendrá con la llegada de los eventuales primeros permisos de libertad que sean concedidos al ex-duque de Palma, una hipótesis que ya blanden como motivo de agravio sin esperar siquiera a que se consume. Resulta curioso cómo el nacionalismo catalán -también Podemos- aprovecha lo que entiende como privilegio para subrayar la condición de damnificados de los políticos independentistas encausados, hoy en prisión preventiva. No sólo nos quieren hacer creer que existe una lista de personas blindadas ante los abusos de los poderes del Estado, sino que además tenemos que asumir que en ella figura el yerno y no los miembros de un gobierno autonómico de la dimensión del catalán, cuya capacidad de jugar con los derechos de millones de ciudadanos está lamentablemente más que acreditada.
La condena a Urdangarin complica las cosas a quienes se empeñan en presuponer a nuestra democracia un pecado original intangible con la única finalidad de poder agitarlo cada vez que tienen ocasión"
Por lo demás, uno quiere pensar que las acusaciones a la Justicia serían mucho más incendiarias de haber existido una sentencia distinta, pero la experiencia confirma que algunos siempre tendrán una excusa a la que acogerse para insistir en el derribo institucional como única solución verdaderamente redentora y purificadora. La condena a Urdangarin complica las cosas a quienes quieren acercar España a una suerte de democracia frágil, funcionando todavía a trompicones, porque no es sino la evidencia palmaria de que todos estamos afortunadamente sometidos a la ley, que no es benevolente con los débiles o los poderosos porque esas categorías son válidas en la retórica partidista pero no en la aplicación del Estado de Derecho. Algunos, sin embargo, se empeñan en presuponerle a nuestra democracia un pecado original intangible con la única finalidad de poder agitarlo cada vez que tienen ocasión. Porque es más atractivo blandir el informe del GRECO como enmienda a la totalidad de la salud democrática que limitarse a reconocer los errores y tratar de mitigarlos.
La actuación de los tribunales extranjeros respecto a los encausados por el ‘procés’ huidos a otros países ha brindado -mediante algún informe difícilmente aceptable como el de la Fiscalía belga- numerosas oportunidades de restar legitimidad a la democracia española. Los agoreros no han dudado en aprovecharlo como la enésima lección de democracia por parte de nuestros vecinos, como hacen constantemente con las sentencias del TEDH a pesar de que España sea de los países que menos sanciones recibe. Suponen pecados originales imperdonables a nuestras instituciones en exclusiva. ¿O acaso alguien se ha preguntado si hubiésemos asistido a la condena de un exmiembro de la Casa Real en el Reino Unido? Las comparaciones, sí, son odiosas.
