El Ministerio de Hacienda intenta sobrevivir al terremoto generado por la dimisión de Jorge Fabra como director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dependiente de la Secretaría General de Fondos Europeos, que dirige Mercedes Caballero. El relevo se produce en un momento clave para España, a sólo una semana de que la Comisión Europea publique la primera evaluación de estos fondos, tal y como avanzó Vozpópuli.

El cisma interno que vive este órgano directivo, al que corresponde diseñar, planificar, coordinar y controlar las actuaciones relativas a los fondos europeos, se ha saldado con la segunda dimisión desde que se puso en marcha el Plan, hace menos de tres años. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que Fabra y su antecesora, Rocío Frutos, estaban sometidos a una "enorme presión" ante las complicaciones en el cumplimiento de los hitos y objetivos al que están asociados los fondos.

 El Plan consta de 595 compromisos, de los que aún quedan por cumplir 474, la mayoría inversiones con el dinero europeo y que no acaban de despegar. De que se cumplan dependerá que España acabe recibiendo los 163.000 millones de euros que tiene asignados. También se han atascado reformas como la del subsidio, que tumbó Podemos en el Congreso, y por lo que Bruselas podría suspender parcialmente el siguiente pago (hasta 900 millones de los 10.000 millones que espera nuestro país en el cuarto desembolso) por primera vez desde el inicio del Plan.

En este contexto, la Comisión Europea publicará previsiblemente el próximo martes 20 de febrero su evaluación intermedia del Mecanismo de Recuperación, apoyada en un estudio externo independiente. Como dicta el reglamento, realizará dos: una intermedia, justo en el ecuador de la implementación del programa, y otra ex-post, ya en 2028. Posteriormente, ese informe se presentará ante el Parlamento Europeo el 19 de marzo, tal y como informa Eva Poptcheva, eurodiputada de Ciudadanos, a este periódico.

También el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) está trabajando en un nuevo informe sobre la ejecución del Plan de Recuperación en España, que previsiblemente publicará a lo largo de este trimestre. Poptcheva destaca su labor de "control", con contactos constantes con la Dirección General del Plan que pilotaba Fabra. Advierte que el nuevo informe "será muy detallado y concreto". En el informe anterior, publicado en octubre de 2023, el TCE ya apuntó que en España se están destinando fondos UE a gasto corriente.

"Opacidad" y "caos" en la gestión

"El momento actual es de máxima tensión por la acumulación de fondos sin ejecutar, la llegada de los créditos procedentes de la Adenda y la evaluación externa y el escrutinio de la ejecución de España que se va a llevar a cabo en la UE. Cuando se planifica una gestión con un historial de inejecución de fondos histórico y desde la unilateralidad, lo normal es que surjan ineficiencias que presionen las estructuras administrativas, al límite de su capacidad", comenta Santiago Sánchez, economista y profesor de la Universidad Católica de Ávila.

España tiene hasta agosto de 2026 para solicitar la totalidad de los 80.000 millones a fondo perdido y los 83.000 millones en forma de préstamos con condiciones favorables que tiene asignados. Y si bien hasta ahora la mayor parte de los pagos estaban condicionados a la aprobación de reformas, a partir de ahora tiene que demostrar la ejecución de inversiones con el dinero recibido. Por tanto, la presión en el seno de la dirección de fondos UE es máxima, según informan fuentes solventes a Vozpópuli.

A esto se suma la "opacidad", según informan otras fuentes, que pesa sobre este organismo al no publicar información sobre la ejecución real y beneficiarios finales del dinero europeo desde prácticamente el inicio del Plan de Recuperación. "Hartazgo" y "desazón" es lo que se respira en los funcionarios de las entidades, instituciones y organismos públicos nacionales vinculados a los ministerios económicos.

Para agregar toda la información sobre ejecución, y analizar si los hitos y objetivos se van cumpliendo, se creó una plataforma denominada CoFFEE. El Tribunal de Cuentas Europeo denunció que este sistema no estaba plenamente operativo en el primer informe sobre el Mecanismo de Recuperación, publicado en octubre de 2022, Esto disparó las alarmas en el Parlamento Europeo, que llevó a cabo una misión en España. A día de hoy fuentes vinculadas con la gestión de los fondos aseguran que sigue habiendo "problemas" con la plataforma.

El declive de España con los fondos UE

España empezó con buen pie la implantación del Plan de Recuperación, que Bruselas aprobó en el verano de 2021. Fue el primer país que recibió un desembolso, una ventaja de la que el Gobierno sacó pecho durante meses. Sin embargo, tras un arranque relativamente sencillo, con unos hitos y objetivos más vinculados a reformas que a inversiones y que el Gobierno se garantizó en inicio que podría cumplir, la situación se complicó.

El 30 de abril de 2021 el Ejecutivo presentó por primera vez el famoso Plan de Recuperación, una especie de guía de las inversiones y reformas a realizar que más tarde (el 16 de junio) pactaría en detalle con Bruselas como 'moneda de cambio' de los fondos. De hecho, el Plan que presentó el inicio el Gobierno el 30 de abril en Consejo de Ministros, en la antesala de las elecciones a la Comunidad de Madrid, no incorporaba las subidas de impuestos. Se conocieron el 5 de mayo, al día siguiente de que Díaz Ayuso ganara las elecciones.

El dinero no tardó en llegar. En agosto la Comisión Europea transfería 9.000 millones al Tesoro en concepto de prefinanciación. La mayoría de hitos y objetivos que el Gobierno tuvo que cumplir para desbloquear el primer y segundo tramo de dinero fueron fáciles, pues sobre el papel marcó la aprobación de leyes y Decretos-leyes que ya estaban aprobadas y muy avanzadas. Sin embargo, a partir de septiembre de 2021 el Gobierno dejó de proporcionar información sobre la ejecución real de los fondos europeos.

Surgen las dudas en Europa

Las críticas por la falta de transparencia empezaron a brotar en los meses siguientes y, un año más tarde, llegó el primer informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que ponía el foco en España y en las carencias del sistema de información COFFEE. En la segunda auditoría, publicada en octubre de 2023, volvió a señalar a España, esta vez por pagos "indebidos".

Con España en el foco y aprovechando la modificación del reglamento de los fondos por la incorporación de recursos adicionales ante la guerra en Ucrania, la eurodiputada de Ciudadanos, Eva Poptcheva, propuso que se incluyera la obligación de publicar los 100 mayores beneficiarios del dinero dos veces al año. España fue el penúltimo país en hacerlo, sólo por detrás de Luxemburgo. Mes y medio más tarde de lo que pidió la Comisión Europea y tras varios 'toques' públicos y privados del Ejecutivo comunitario.

Esa lista, publicada en diciembre de 2023, reveló que las Administraciones Públicas copan los fondos UE: el 60% son empresas públicas, ministerios o ayuntamientos. Y si se mira por el dinero asignado, la fotografía es aún más clara: las privadas sólo reciben 625 millones de 5.112 millones, el 12% de los fondos.

Ahora el Gobierno acumula un retraso de más de medio año en la recepción del cuarto pago (de 10.000 millones), condicionado a la segunda parte de la reforma de las pensiones y también a la polémica reforma del subsidio por desempleo, que ha generado discrepancias en el seno del Gobierno. Eso ha llevado a otros países a tomar la delantera. Italia, Portugal y Grecia ya han recibido más desembolsos.

La fecha límite para gastar el dinero de los Next Generation EU es agosto de 2026. Esa fecha se marcó en el reglamento y en Bruselas ven prácticamente imposible que pueda modificarse. Sin embargo, tal y como informó este periódico, el Gobierno tiene una forma para no perder dinero que la propia Comisión ha recomendado: desviar los fondos a intermediarios financieros o empresas públicas gestoras. Esa labor también corresponderá al sucesor de Fabra.

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