Es la segunda vez en menos de dos días que la CUP lanza sus advertencias contra la posible investidura del expresidente Carles Puigdemont. El martes por la tarde condicionaban su apoyo a que asuma responsabilidades por el caso Palau como dirigente del PDeCAT: pedir disculpas, devolver los 6,5 millones cobrados en comisiones ilegales por la antigua Convergència y tomar medidas para que no se repita.
Este miércoles, al término de la sesión constitutiva del nuevo Parlamento catalán, el portavoz de la formación anticapitalista Carles Riera fijaba nuevas condiciones a la investidura del expresidente tras criticar duramente el contenido del discurso pronunciado por el nuevo presidente de la institución, Roger Torrent.
La CUP insta a Esquerra Republicana y a Junts Per Catalunya a que aborden de inmediato cuál debe ser el eje de la acción de gobierno". Su línea roja no es otra que asegurar la "vocación y el compromiso republicano", atendiendo no sólo al resultado del 21 de diciembre sino a lo que consideran "fuentes de legitimidad indiscutibles": el referéndum ilegal del 1 de octubre y la proclamación de la república por el Parlament el día 21 de ese mismo mes.
El siguiente para los antisistema es que la acción del nuevo gobierno materialice las instituciones republicanas que sirva para llevar adelante la convocatoria de un proceso constituyente "en sentido explícito". Es decir, que la gente participe para elaborar una constitución catalana de carácter republicano que deberá ser aprobada en referéndum.
El portavoz de la CUP marcó incluso una tercera línea roja: "Jamás deben tomar el Estatuto, la Constitución o lo que diga el Gobierno o los tribunales españoles como un techo, como un límite". Se trata de construir, en definitiva, "soberanía real" que se ejerza "en favor de las clases populares.
