Bankia saca un nuevo as de la manga para eximir su responsabilidad en el juicio de la Audiencia Nacional. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha enviado al tribunal su escrito de defensa en el que aporta un nuevo argumento para no ser condenado: las entidades nacionalizadas no tienen responsabilidad penal.
"La Bankia resultante tras la intervención del Frob [Fondo de Reestructuración] ha de ser considerada exenta de responsabilidad penal. Esta conclusión es compartida y reconocida expresamente por la OCDE en el informe de su grupo de trabajo de 2012 y es aceptada sin discusión por la Fiscalía General del Estado en cuya Circular 1/2016 alude específicamente a la exención de responsabilidad de las empresas intervenidas por el Frob entre 2010 y 2015", expone el escrito, firmado por Luis Jordana, de Cuatrecasas.
Bankia se agarra a dos normas para sustentar este argumento jurídico: el Real Decreto 24/2012 y la LO 1/2015.
"La entidad resultante del proceso de reestructuración no tienen nada que ver con la antigua, ni con su patrimonio, ni sus administradores, hasta tal punto de que se puede hablar de una auténtica refundación en términos patrimoniales y en términos corporativos", añade el documento de Bankia.
Pasado Vs presente
En su escrito de defensa, Bankia insiste en la diferenciación del actual banco y el del pasado, como vía para eximir su responsabilidad.
Así, subraya la "transparencia y lealtad procesal" prestada durante todo el caso Bankia y saca pecho de que "fue la propia Bankia quien puso en marcha una investigación cuando se detectó la existencia de las tarjetas black".
Otro de los argumentos aportados a la Audiencia es que gran parte de la responsabilidad civil ha quedado cubierta con la devolución del dinero de la salida a bolsa a 190.000 inversores, que han recuperado 1.847 millones.
No aceptaron la oferta los dueños de 8 millones en antiguas acciones, que según Bankia da por cubiertos con la fianza depositada en la Audiencia, de 12 millones.
Bankia solicita la declaración de 28 testigos entre los que se encuentran Francisco González, presidente de BBVA; y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España.
