Junts per Catalunya (JxCat) está estudiando fórmulas reglamentarias para hacer posible que Carles Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat aunque esté "ausente" en el debate de investidura o bien decida regresar de Bélgica y acudir al Parlament con garantías de que no será detenido.
Diversas fuentes de JxCat consultadas por Efe han explicado que se están analizando diversos escenarios con el asesoramiento de sus abogados, incluso el de su vuelta a Cataluña, contando con que si regresase "voluntariamente" para declarar ante el Tribunal Supremo "se entendería que el riesgo de fuga no existiría" y por lo tanto "no habría motivo" para ordenar su ingreso en prisión.
Fuentes de la candidatura de Puigdemont subrayan además el "coste de imagen" que tendría para el Estado detener a una persona con apoyos suficientes -Junts per Catalunya, ERC y la CUP suman mayoría absoluta de 70 diputados- para ser investido president.
Pero aunque no se descarte su regreso, en JxCat ya preparan un plan B para que -en caso de acuerdo con ERC y la CUP- pueda ser investido en ausencia, eventualidad que podría obligar a aprobar una nueva reforma del reglamento de la cámara antes de la sesión de investidura o a forzar las costuras interpretativas del reglamento actual, que no contempla explícitamente una situación como esta.
Recoger el acta sin ir al Parlament
Sobre el papel, según fuentes soberanistas, Puigdemont puede recoger el acta de diputado sin necesidad de acudir físicamente al Parlament, ya que, de acuerdo con el artículo 23 del reglamento, hay que presentar la "credencial expedida por el órgano correspondiente de la administración electoral", comprometerse a respetar la Constitución y el Estatut y presentar una declaración de actividades y de bienes, trámites que puede realizar un apoderado de JxCat.
El problema radica en la sesión de investidura, en la que, aunque el reglamento no lo diga explícitamente, se presupone que debe participar el candidato a presidente de la Generalitat.
Según el artículo 146 del reglamento, en la sesión de investidura "el candidato presenta, sin limitación de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del pleno" y, posteriormente, tras las intervenciones de los diputados de la oposición, puede "responder individualmente" a cada uno de ellos.
Para hacer posible la investidura "en ausencia", según las diversas fuentes consultadas, una de las opciones que se están estudiando es reformar el reglamento de la cámara catalana para regular este supuesto y permitir el voto telemático sin necesidad de que sea presencial.
En tal caso, Puigdemont podría solemnizar sus planes de legislatura con un discurso simbólico, desde Bruselas o cualquier otro sitio en el exterior, y otro miembro de JxCat tomaría la palabra en la tribuna de oradores del Parlament para pronunciar, de manera delegada, el discurso de investidura oficial.
Algunas sugieren incluso la posibilidad de que se instale una pantalla en el hemiciclo para que Puigdemont intervenga en el debate por videoconferencia.
Según los plazos legales, el nuevo Parlament debe celebrar su sesión constitutiva como muy tarde el 23 de enero, mientras que el debate de investidura debería tener lugar como máximo el 6 de febrero, fecha demasiado cercana para acometer una reforma del reglamento, pero aún habría un margen de dos meses más para investir al nuevo president antes de que venciese el último plazo y fuesen convocadas automáticamente unas elecciones anticipadas.
A pesar de las dificultades que entraña la investidura de Puigdemont en las condiciones actuales, y pese a que algunas voces han barajado nombres como el de Elsa Artadi -una de sus más estrechas colaboradoras en el Govern-, Ferran Mascarell -exconseller con Artur Mas- y los consellers cesados Jordi Turull y Josep Rull -con una situación penal delicada por el 1-O-, por ahora JxCat rechaza tajantemente abrir la puerta a un candidato alternativo.
Otro de los escollos que deberán solventar las fuerzas independentistas para hacer valer su preeminencia -dos escaños por encima de la mayoría absoluta- es la situación de otros diputados electos que están en Bélgica como Puigdemont -Clara Ponsatí y Lluís Puig en el caso de JxCat, Toni Comín y Meritxell Serret por parte de ERC- o en la cárcel -Jordi Sànchez y Joaquim Forn en JxCat, Oriol Junqueras en ERC-, cuya situación judicial puede alterar por completo el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
Su situación no coincide con los supuestos previstos en el artículo 93 del reglamento del Parlament para poder delegar el voto, que se reducen a la baja por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas, por lo que si no quedan en libertad o se cambia el reglamento, deberán renunciar a su acta de diputado.
