El proceso por el que el Estado pasa a asumir el control de las ocho concesionarias en situación de quiebra o liquidación, el denominado rescate de las autopistas, ha encallado después de que el Gobierno no haya sido capaz de encontrar una firma dispuesta a realizar el análisis financiero y legal de cada uno de los activos. El concurso lanzado hace dos meses para la elaboración de las due-dilligence de las nueve vías de peaje afectadas por esta situación ha sido declarado desierto después de que Seittsa, la sociedad pública encargada del proceso, no haya recibido oferta alguna.
Se trata de uno de los trabajos previos que el Gobierno debe llevar a cabo antes de asumir el control de las concesionarias, lo que estaba previsto para mediados del próximo mes de febrero, salvo para el caso de la AP-41 (Madrid-Toledo), cuyo rescate se ha programado para abril.
Sin embargo, el calendario, ya de por sí ajustado, podría sufrir modificaciones debido a que ninguna empresa ha querido hacerse cargo del contrato. El plazo para la apertura de ofertas técnicas finalizó el pasado 28 de noviembre mientras que las propuestas económicas se conocerían este martes, 12 de diciembre. Pero el consejo de administración de Seittsa optó por declarar desierta la licitación un día antes de la fecha prevista para la apertura de ofertas técnicas, al confirmar que no llegaría ninguna.
El contrato incluía la due-dilligence operativa y legal de las radiales 2,3,4 y 5 de Madrid, así como de la M-12 (acceso a la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas), AP-41 (Madrid-Toledo), AP-36 (Ocaña-La Roda), AP-7, la Cartegena-Vera y los tramos de la circunvalación de Alicante. El importe de la licitación ascendía a 242.000 euros y aquella firma que lograra hacerse con el contrato disponía de dos meses para llevar a cabo el trabajo.
Volver a licitar las concesiones
El objetivo del Gobierno era tenerlo todo listo para asumir el control de las autopistas en febrero y preparar el proceso para volver a sacarlas al mercado cuanto antes, de forma que su gestión temporal no suponga costes demasiado elevados para las arcas públicas.
Además de esta due-dilligence, el Ejecutivo también puso en marcha la adjudicación de otros contratos con vistas a este proceso, los referidos al estudio sobre los pliegos de licitación de las concesiones cuando estén listas para ello y también estudios sobre demanda de tráfico y precios de los peajes.
Con este procedimiento, el Ministerio de Fomento pretende reducir lo máximo posible la factura del rescate de las autopistas, de tal manera que los ingresos por volverlas a poner en el mercado compensen el coste a asumir en relación con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en cada una de las concesiones, esto es, lo que debe pagar el Estado por recuperar el control.
Discrepancias con accionistas y acreedores
Una cifra que ha generado múltiples discrepancias con los accionistas y acreedores de las concesionarias, toda vez que éstos calculan una RPA por encima de los 4.000 millones de euros mientras que el Gobierno no está dispuesto a asumir más de 2.500 millones.
Por si fuera poco, esta circunstancia imprevista obligará probablemente a retrasar el proceso de toma de control de las concesionarias hasta encontrar una firma que lleve a cabo los necesarios trabajos de due-dilligence.
