Un modelo único de administración tributaria que incluya a País Vasco y Navarra, es decir, una sola administración integrada. Ésta es la última propuesta que ha hecho Fedea en el marco de la reforma del sistema de financiación, que necesariamente tendrá que llevarse a cabo en la próxima legislatura. Ésta vez la sugerencia la ha elaborado el profesor Jorge Onrubia, que no solo trabaja en la Fundación de Economía Aplicada, muy pendiente siempre de la reforma de la financiación, sino que también lo hace en la Universidad Complutense de Madrid.
El profesor Onrubia reflexiona sobre la mejor forma de organizar el sistema tributario español y apuesta por reformarlo cuando se reforme la financiación. A su parecer, España cuenta actualmente con modelo que puede calificarse de “híbrido”, con un reparto bastante fragmentado de competencias y una coordinación entre jurisdicciones “muy débil”. En este modelo, los aspectos más técnicos como la gestión, la homogeneización de bases de datos, los protocolos de intercambio regular de información fiscal, la formación de recursos humanos y el uso y diseño de las aplicaciones informáticas, entre otras cosas, apenas se encuentran integrados.
Por eso y tras una revisión de las experiencias en tres países con una elevada descentralización fiscal como España (Canadá, Alemania y Estados Unidos) y otros como Suecia, con un sistema político unitario, pero con amplias competencias locales, propone un modelo integrado de administración tributaria. Este modelo está a medio camino de dos alternativas muy distintas: una administración única que dependa únicamente del gobierno central y múltiples administraciones independientes.
Un cambio gradual hacia una integración total que se materialice en una organización encargada de gestionar todas las figuras tributarias
Para que el cambio se gradual, Fedea propone mantener la actual distribución de competencias operativas entre el Estado y las CC.AA. a corto plazo. La Administración Central seguiría encargándose de la gestión del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales, mientras que las regiones se encargarían de los tributos cedidos. Sin embargo, habría que dar a las CC.AA. un papel más activo en la gestión de los grandes tributos y facilitar su acceso a los medios tecnológicos de la AEAT.
A largo plazo, Fedea propone la evolución del sistema hacia una integración total, con titularidad compartida de una única organización encargada de gestionar todas las figuras tributarias. La figura correcta para lograrlo sería el consorcio, con representación tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Así, los dos niveles de gobierno podrían participar por igual en la formación de la política tributaria de los impuestos compartidos, lo que incluye los planes y objetivos de actuación de la Agencia Tributaria e incluso la asignación de recursos.
Éste modelo debería incluir a las comunidades de régimen foral, pero garantizando sus competencias de gestión de base constitucional. “Una administración integrada sin la participación de estas dos comunidades no afrontaría plenamente la corrección de los problemas de coordinación”, sostiene. Además, Fedea cree que hay muchas posibilidades para compatibilizar esa autonomía de gestión plena con las ganancias derivadas de una mayor integración.
País Vasco y Navarra tienen actualmente una autonomía de gestión prácticamente plena y se verían afectadas
Aunque el modelo que propone Fedea respeta las potestades tributarias del Estado y las comunidades porque los dos niveles de gobierno influirían en la toma de decisiones, en realidad supondría cierto coto a la independencia fiscal de País Vasco y Navarra, que actualmente tienen una autonomía de gestión prácticamente plena. El hecho de que tanto el Estado como las comunidades participen en la formación de la política de gestión tributaria, tanto en sus aspectos estratégicos como operativos, afecta inevitablemente la independencia fiscal de estas dos regiones.
Las comunidades participarían más en los impuestos compartidos, pero el nuevo órgano también sería responsable de coordinar a nivel nacional la gestión de los impuestos cedidos. Además, tendría que velar por mantener la consistencia de los cambios legislativos que se propongan. En cualquier caso, para sacar adelante una reforma como ésta se necesitará sin duda una gran colaboración de los gobiernos implicados.
Ante la enorme dificultad que supone este reto, teniendo en cuenta las intenciones independentistas de algunas regiones y el deseo recentralizador de algunos partidos, Fedea manda un aviso a navegantes: el Estado no debe entender la propuesta como una oportunidad para recuperar competencias y las comunidades no deben creer que es solo una etapa intermedia antes de alcanzar competencias plenas para gestionar los tributos devengados. El verdadero fin es obtener una administración más eficiente que mejore los resultados tributarios.
