Varios representantes de la fiscalía rusa se entrevistaron hace dos semanas en Madrid con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y con miembros de la Fiscalía Anticorrupción para solicitarles que se inhiban a favor de la justicia rusa en la investigación de las tramas de corrupción vinculadas a la mafia de aquel país que han llevado al magistrado español a solicitar la busca y captura de varias personalidades del entorno del presidente Vladimir Putin. El viaje no ha surtido efecto de momento y será la justicia española la que por ahora prosiga la investigación sobre los mismos, según informaron a Vozpópuli fuentes de Anticorrupción.
Las investigaciones arrancaron en 2008 con la 'Operación Troika' contra las principales redes mafiosas del este de Europa radicadas en nuestro país desde 1996, que se saldó con la detención, entre otros, de los capos Gennadios Petrov, líder de Tambovskaya, y de Alexander Malyshev, que dirigía Malysehvskaya. La Fiscalía Anticorrupción destacó entonces del primero que mantenía “fuertes vínculos con el poder económico, político, judicial y policial en Rusia, y también con miembros del crimen organizado internacional para la consecución de proyectos comunes” y concluía que había conseguido “una evidente penetración en los estamentos del Estado de su país”. En octubre de 2015 solicitó para ellos ocho años y medio de prisión y una multa de cien millones de euros.
Órdenes de detención
El magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ordenó el pasado 22 de enero la detención internacional de varias personas vinculadas con los anteriores y, a la vez, de altos o ex altos cargos de la Administración rusa a los que ya citaba en el escrito con el que en junio de 2015 solicitó la conversión de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Entre los buscados figuran Vladislav Matusovich Reznik, ex presidente de la Comisión Parlamentaria de Instituciones y Mercados Financieros y miembro del Consejo Nacional de Bancos en Rusia, y su esposa, Diana Gindin; Nikolai Nikolaevich Aulov, alto cargo del Ministerio del Interior, o Igor Sobolevsky, miembro de la fiscalía rusa, entre otros. Anticorrupción les acusa, entre otros delitos, de tráfico de armas, extorsión, falsedad documental, cohecho, contrabando, delitos contra la Hacienda Pública, descapitalización fraudulenta de sociedades, tráfico de drogas, estafa, amenazas y asesinato
Se da la circunstancia de que la justicia rusa ya solicitó en 2013 al juez Fernando Andreu que se inhibiera en la investigación de una trama rusa de blanqueo de dinero en torno al magnate ruso del aluminio, Oleg Deripaska, por su presunta vinculación con la organización mafiosa Izmailovskaya. El magistrado aceptó entonces remitir a sus colegas rusas las diligencias instruidas contra dicha persona, con la advertencia de que recuperaría la competencia de la causa si las autoridades rusas no llevaban a cabo las investigaciones solicitadas. En aquel caso, como ahora, la Fiscalía General de Rusia trasladó a las autoridades judiciales españolas su interés en hacerse cargo de la investigación, que finalmente no llevaron a cabo, lo que llevó a Andreu a reclamar la causa por incumplimiento de lo pactado.
