José Manuel Soria ha explicado a varios ministros de su confianza que encuentra dificultades para argumentar con sencillez su conexión en el pasado con una sociedad inscrita en el registro de Bahamas ya que tiene relación con el transporte marítimo y se trata de un sector “muy complejo” que escapa a la comprensión del grueso de la opinión pública. El nombre del ministro, junto al de su hermano Luis Alberto, aparece en los archivos del despacho panameño Mossack Fonseca como administrador de UK Lines Limited, una compañía ‘offshore’ con la que trabajó su empresa familiar.
Soria recuerda que la mayoría de los buques de transporte marítimo están matriculados en paraísos fiscales
De forma resumida, el titular de Industria en funciones ha relatado a sus más próximos que su padre no tuvo más remedio que operar en los años ochenta con sociedades radicadas en paraísos fiscales puesto que para importar desde el Reino Unido fruta de Canarias había que contratar buques matriculados en su inmensa mayoría en países con estas ventajas tributarias. El contrato con los armadores y las compañías aseguradoras debía hacerse desde estas sociedades y, según la versión de Soria, lo que no recuerda bien son las razones por las que su padre, que fue accionista único de Oceanic Lines y UK Lines, le puso a él como administrador antes de su fallecimiento en 1990.
El ministro ha comentado a sus interlocutores que su padre, para pagar a los armadores, lo lógico es que tuviera cuentas corrientes tanto en el Reino Unido como en los países donde ellos operaban. Cuando un miembro del Gobierno le preguntó el pasado lunes a Soria las razones por las que no explicó esto desde el principio, la respuesta fue bastante confusa. “Si entro en detalles, la gente se armará un lío”.
Para lio gordo, el que se ha organizado en el Gobierno a cuenta de las contradicciones del ministro, primero asegurando que no tuvo relación alguna con las sociedades radicadas en Londres y Bahamas desde que ocupó en 1995 su primer cargo público como alcalde de Las Palmas y, con posterioridad, admitiendo que compatibilizó durante dos años esta responsabilidad con la gerencia de una de las compañías. Estas incoherencias han irritado al Gobierno en puertas de una nueva campaña electoral y han disparado las sospechas de que Soria puede estar ocultando información en un momento en el que cualquier desliz puede tener una dura penalización y salpicar de responsabilidades políticas, en ello parece que está casi toda la oposición, al propio Mariano Rajoy.
Toda la oposición pendiente de su comparecencia
El frente que se ha abierto en el Congreso tampoco está siendo fácil de gestionar para el Gobierno. Soria ha pedido su comparecencia para explicarse e intentar poner un cortafuegos mientras que la mayoría de los ministros se niegan a comparecer en la Cámara Baja sobre asuntos de su competencia cuando se lo ha exigido la oposición, argumentando que al estar en funciones no tienen que someterse a control parlamentario alguno. De hecho, la comparecencia de Soria está prevista para el martes y la sesión de control organizada por la oposición con la complicidad del presidente del Congreso, Patxi López, para el miércoles. Fuentes del PP admiten “lo chungo” que sería demostrar que los miembros del Gobierno solo rinden cuentas en el Parlamento cuando les conviene y no lo hacen cuando se lo demandan la mayoría de las fuerzas políticas.
Soria irá el martes al Congreso y un día después la sesión de control al Gobierno estará desierta
Hace ahora un mes, cuando la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se esforzaban en explicar por qué los ministros no están obligados a comparecer en el Parlamento al encontrarse en funciones, todos los grupos de la oposición, sin excepción, transmitían el mensaje de que el Gabinete de Rajoy se esconde, está paralizado y sin iniciativa. La situación ha llegado a inquietar a algunos miembros del Gobierno, entre ellos al propio Soria, José Manuel García-Margallo y Ana Pastor, convencidos de que la orden dictada desde La Moncloa de evitar el rendimiento de cuentas ante el Congreso mientras el Ejecutivo está en funciones, es una torpeza política de enormes dimensiones cuando España está a las puertas de una nueva campaña.
