El Tribunal Supremo (TS) ha acordado inadmitir por falta de indicios la querella que Podemos presentó el pasado noviembre contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y su refuerzo, el magistrado Joaquín Gadea, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas en un supuesto caso de 'lawfare' al haber reabierto la investigación contra el partido por presunta financiación ilegal. La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha pedido a la Sala de lo Penal que archive la querella que Podemos presentó el pasado noviembre contra García Castellón y Gadea por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas.
La formación 'morada' presentó la querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 y su juez de refuerzo, por haber reabierto la investigación que se seguía en su contra y sus líderes por presuntos delitos de financiación de partidos, blanqueo de capitales y delito fiscal, tras haber tomado declaración al exjefe de la Inteligencia de Venezuela Hugo 'El Pollo' Carvajal, reclamado por Estados Unidos.
En el escrito, al que ha tenido acceso Ep, el Ministerio Público ha asegurado que la decisión que en este caso adoptó el juez de reabrir las actuaciones "es perfectamente legal" y, además, "correcta desde el punto de vista de las obligaciones del juez de instrucción que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin vulneración alguna ni de las reglas de competencia ni del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley".
"No hay aquí una 'resolución injusta' sino una decisión debida y cubierta por la necesidad de verificar una información que provenía de una persona en posición -presuntamente- de aportar pruebas de los delitos que se señalaba se habían cometido", ha señalado el fiscal Salvador Viada.
La Fiscalía tampoco considera que se den los requisitos necesarios para considerar que en lo que se refiere a la declaración de secreto se haya producido una actuación prevaricadora por parte de los jueces de instrucción que tomaron esa decisión.
Un caso "paradigmático" de 'lawfare', según Podemos
En rueda de prensa, el coportavoz estatal del partido, Pablo Fernández, aseguró que la actuación de ambos jueces es un caso "paradigmático" y "palmario" de 'lawfare', al operar al margen de las normas que regulan la actuación judicial con una investigación "prospectiva" cuyo "único objeto" ha sido "perjudicar reputacinalmente" a Podemos. Acusó a ambos magistrados de perpetrar una "auténtica infamia" y "una absoluta vergüenza" en su actuación judicial.
En la querella, según el coportavoz morado, se alude a la filtración de cada uno de los hitos de esa investigación con vistas a perjudicar a su organización política, hasta que a instancias de la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se decretó el archivo de las actuaciones.
La Fiscalía ha incidido en que aunque "es indudable que los datos que se incorporaron a la causa fueron objeto de noticias periodísticas" no hay "ninguna" prueba de que los jueces hayan violentado el secreto sumarial".
