No hay mal que por bien no venga. No hay Gobierno con asesores mínimamente avispados que no aproveche un incendio, una crisis, para colar de forma sorpresiva medidas polémicas para, casi de tapadillo, evitar la cada vez menos afilada fiscalización de los medios de comunicación.
Así que este viernes, el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, se ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con un polémico Real Decreto de Autoconsumo sobre el que no ha recibido pregunta alguna.
Con un problema industrial tan grave para España como el de Volkswagen, con 4.200 millones de euros de inversión en el aire, lo de dar la puntilla al sector del autoconsumo parece, a priori, peccata minuta.
Aprovechando tan ‘favorable’ contexto, tanto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como el ministro Soria se han limitado a explicar someramente el RD y no han tenido que dar más explicaciones sobre él.
El texto ha sido aprobado sin apenas modificaciones y mantiene tales cargos y multas a los hogares con placas solares que hace inviable su puesta en marcha
Y la norma ha salido adelante, para desgracia del sector fotovoltaico, que ve cómo la única vía de escape para esta industria tras los hachazos renovables, ha entrado irremisiblemente en vía muerta.
El texto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros casi sin cambios, de forma que cualquier hogar o pyme que quiera poner en marcha una instalación solar para producir su propia electricidad tendrá que asumir tales costes (cargos por estar conectado a la red –antiguo impuesto al sol-, regalar su energía sobrante a la compañía eléctrica, asumir multas desorbitadas en caso de tener una instalación con irregularidades…) que el invento es absolutamente inviable, según confirman todas las fuentes consultadas en el sector renovable.
De nada han servido las duras críticas de la Comisión Europea, la CNMC, todos los partidos políticos del arco parlamentario, los 60.000 inversores fotovoltaicos, las patronales del sector, las organizaciones sociales, de consumidores y ecologistas y los expertos renovables.
El Gobierno ha asestado su último cartucho antirrenovable sin miramientos, sin atemperar la redacción de un RD que sale adelante con el mismo objetivo con el que se puso en marcha, hace ya más de dos años, acabar con una tecnología que hubiera permitido que miles de hogares pudieran ‘independizarse’ de su compañía eléctrica y del costoso recibo de la luz.
Soria ha defendido el hecho de que los autoproductores de electricidad tengan que pagar los costes del sistema al igual que hacen las poderosas eléctricas. La normativa prevé una serie de cargos para los autoconsumidores que estén conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar el coste de las infraestructuras y servicios del sistema dado que ellos también los utilizan”, ha señalado.
El ministro ha insistido en que si el autoconsumidor está enganchado a la red, debe pagar los peajes de transporte y distribución.
Tal y como estaba previsto, habrá dos modalidades de autoconsumo. Una primera, para instalaciones por debajo de 100 kilovatios (kV) de potencia instalada, en la que el autoconsumidor podrá verter a la red la energía que le sobre de su producción sin cobrarla y una segunda, para instalaciones de más de 100 kV, en la que sí se permitirá vender esa energía sobrante. En este caso, el titular de la instalación deberá estar inscrito en el registro de productores y se le pagará la energía al precio que marque el mercado en cada momento.
La normativa, finalmente, no contempla el balance neto, la modalidad más extendida en el mundo, “imponiendo una barrera injustificada al desarrollo del autoconsumo”, señalan desde la patronal Unef.
Además, con esta norma se mantienen las desorbitadas multas (de hasta 60 millones de euros) para aquellos hogares que se atrevan a poner en marcha una instalación sin tener todo en regla.
Tanto el PSOE como Ciudadanos y Podemos, entre otras fuerzas políticas, se han comprometido a derogar el Real Decreto si llegan al Gobierno después del 20 de diciembre.
