La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas ve la mano del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y del titular de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, detrás del retraso en la búsqueda de petróleo en el archipiélago canario, un ambicioso proyecto que el Estado también quiere lanzar en Baleares. La tardanza del Gobierno de Mariano Rajoy en nombrar un sustituto de Arias Cañete tras su designación como candidato del PP a las elecciones europeas provoca estos controvertidos episodios. La doble condición de candidato y ministro que ha mantenido desde entonces, más allá de haber podido utilizar la plataforma del Gobierno para hacer campaña, como ya han denunciado partidos de la oposición, le ha granjeado y le granjea hoy críticas fundadas de quienes hallan rédito electoral en su todavía gestión del ministerio.
Esta plataforma ecologista que agrupa, entre otras organizaciones, a Alternativa Nacionalista Canarias (ANC), Azarug, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Equo, Intersindical, IUC, PCPC, Soberanistas de Izquierda y movimiento 15-M, sostiene que si el Gobierno no ha hecho ya público el informe de impacto ambiental sobre las catas a realizar por las concesionarias, ello se debe a "la proximidad de las elecciones del 25 de mayo y al temor a un descalabro del PP en las islas". Dicho informe del departamento de Arias Cañete lleva pendiente desde hace meses. Tanto el proyecto canario como el de Baleares cuentan con la autorización de Industria, pero están a expensas del aval ambiental para poder empezar con la fase de investigación, no exenta de riesgos ecológicos, tal y como público Vozpópuli el pasado febrero.
En concreto, en el proyecto canario, son Repsol (50%), Woodside Energy Iberia, S.A., y la alemana RWE Dea AG (30% y 20% respectivamente) quienes tienen la concesión de investigación de un área dividida en 9 cuadrículas, cuya superficie total suma 616.060 hectáreas. A la espera de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que emita el Ministerio de Medio Ambiente, dando vía libre o no a la exploración de la zona con sondeos acústicos, Repsol y sus socios pagan al Estado poco más de 43.000 euros al año por tal concesión.
La Coordinadora mantiene su idea de convocar una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas y baraja su celebración para finales del presente año
Desde la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas están convencidos de que el informe medioambiental no sólo está terminado, sino que ha sido redactado acorde a los intereses de Repsol. "Hablamos de un gobierno estatal que no legisla para el interés general sino para el beneficio de los grandes poderes económico-financieros", afirman. Además, estos ecologistas aluden a la vinculación del propio Arias Cañete con el sector del petróleo, ya que el ministro es accionista de la empresa Petrologis Canarias SL, dedicada al almacenamiento y suministro de combustible a buques en Las Palmas de Gran Canaria.
El candidato popular, que fue presidente de su consejo de administración desde 2008 hasta que Rajoy lo nombró ministro, posee 23.585 acciones de dicha sociedad por valor de 160.976 euros, según consta en el registro de intereses del Congreso de los Diputados. Arias Cañete silenció a la Cámara Baja que esta firma tiene relación con la Administración (cuenta con una autorización de ocupación de Puertos de Canarias, entidad adscrita al Ministerio de Fomento), según publicó ayer este diario.
"A Soria y a Cañete nos les importa el medio ambiente de las islas, ni la salud y la vida del pueblo canario, porque se deben a las multinacionales", señala René Behoteguy Chávez, portavoz de la Coordinadora Canaria. Este activista llama a la movilización y recalca que la actitud electoralista del Gobierno no consigue sino "consolidar la idea de realizar cuanto antes un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas" previstas en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote. "Se llevará la consulta a todos los pueblos y barrios para dar voz a los canarios", apunta.
Manejo calculado de los tiempos
En contra de esta consulta popular, que los ecologistas barajan para finales de año tras completar un proceso de asambleas locales, se ha pronunciado también Arias Cañete. El ministro apela al artículo 92 de la Constitución y subraya que "no tiene lugar la celebración de referéndum autonómicos, sino referéndum nacionales". El Ejecutivo central, a través del departamento de Medio Ambiente, ya emitió un comunicado el pasado 6 de marzo en el que salió al paso de una reclamación del Cabildo de Fuerteventura y negó que el expediente se encontrara paralizado. "Tan sólo se ha pedido información adicional al promotor", esto es, a Repsol, dijo entonces el Gobierno.
Asimismo, Moncloa explicó que cuando se requieren más datos el plazo (de tres meses) para emitir el informe queda "interrumpido" hasta recibir toda la documentación solicitada. "Pero en ningún caso significa que se haya paralizado la tramitación medioambiental", apostilló. Desde el anuncio de su presencia en el primer puesto de la lista popular, el pasado 9 de abril, Arias Cañete ha tenido tiempo de dejar bien atados los asuntos más sensibles de su cartera. En esta catalogación se incluye el caso de las prospecciones petrolíferas.
