Alfonso Arias Cañete, hermano del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya se ha desvinculado por completo de Endesa, empresa en la que culminó hace cuatro años una larga trayectoria en el sector energético al ser nombrado director de Energía Nuclear de la compañía, puesto que ha ocupado hasta su jubilación, hace unos meses. Tras su salida de la eléctrica, Cañete cesó el pasado 2 de agosto como vicepresidente de una de sus participadas, la ingeniería Tecnatom, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del pasado martes.
José María Grávalos, sustituto de Cañete al frente del negocio nuclear de Endesa, también ha reemplazado al hermano del ministro en la vicepresidencia de Tecnatom, compañía cuyo capital se reparten Endesa (45%), Iberdrola (30%) y Gas Natural-Fenosa (15%; el resto es autocartera), con unos 800 empleados y una facturación de más de 100 millones de euros anuales.
Con el cese, señalan fuentes próximas a Endesa, Cañete cierra definitivamente su etapa profesional en la eléctrica. Lo hace en un momento clave, cuando Endesa e Iberdrola analizan si solicitan una nueva autorización para permitir a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) operar hasta el año 2019.
Endesa e Iberdrola tienen hasta el 6 de septiembre para presentar su solicitud; dicen que la tasa nuclear llevará a la planta a pérdidas
Nuclenor, la sociedad conjunta mediante la cual ambas empresas explotan Garoña, tiene hasta el próximo 6 de septiembre para solicitar la prórroga, el plazo máximo que fija la orden del Ministerio de Industria mediante la cual se revocó parcialmente el cierre decretado por el anterior Gobierno para el 6 de julio de 2013.
De momento, esa solicitud no se ha presentado y es muy posible que Nuclenor agote el plazo, en espera de lo que depare la reforma energética del Gobierno, que se retrasa desde hace meses y que está condicionando muchas decisiones de las eléctricas (Iberdrola, por ejemplo, tiene pendiente la actualización de su Plan Estratégico, que no hará pública hasta conocer el contenido de la reforma).
El paquete de medidas incluirá (así lo ha anunciado el ministro de Industria, José Manuel Soria) un impuesto a la producción nuclear para reducir el déficit de tarifa (desfase entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico) que, según Endesa e Iberdrola, puede comprometer gravemente la rentabilidad de Garoña, hasta el punto de que podría incurrir en pérdidas. El motivo, además del citado impuesto, son las cuantiosas inversiones que exigirá el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para dar su visto bueno a la continuidad de la planta.
El informe del CSN sólo será vinculante si su dictamen es negativo (si recomienda cerrar Garoña). En caso de dar su visto bueno, la decisión final (previsiblemente, favorable) dependería de Industria, aunque otros ministerios (entre ellos, el de Medio Ambiente) también tendrán que aportar informes al CSN (por ejemplo, sobre la afección de la planta al río Ebro) para que elabore su dictamen, si el organismo así lo cree conveniente.
