Un dato que ilustra el espectacular boom experimentado por las energías renovables en España durante la última década: las plantas de energía eólica, fotovoltaica y termosolar que actualmente están operativas en España ocupan una superficie de cerca de 240 kilómetros cuadrados. La cifra, una estimación basada en datos del propio sector, equivale a 1,7 veces la ciudad de Sevilla o seis veces el tamaño de Bilbao; y es similar a la superficie conjunta de Barcelona y Valencia, la segunda y la tercera ciudad de España por población, respectivamente.
Por tecnologías, la que mayor superficie ocupa es la fotovoltaica. El tamaño de estas instalaciones varía notablemente en función del tipo de paneles con los que cuentan: las que utilizan seguidores de doble eje (que permiten maximizar la producción al acompañar la trayectoria del sol) son las que mayor afectación del terreno implican, con hasta seis hectáreas por megavatio (MW) y las fijas, las que menos (unas dos hectáreas por MW). Si se emplea una media basada en estimaciones del sector (entre tres y cuatro hectáreas por MW), los más de 4.200 MW instalados en España (en mayo pasado, había 58.825 plantas en funcionamiento) equivaldrían a unos 150 kilómetros cuadrados.
En cuanto a la eólica, la tecnología renovable más desarrollada en España, actualmente sólo superada en su aportación al mix por el carbón y la nuclear (hay unos 21.300 MW instalados, que hasta junio generaron el 18,5% de la electricidad), su ocupación alcanza los 39,03 kilómetros cuadrados, según una estimación de la Asociación Eólica Española (AEE), la patronal del sector.
Un parque eólico (hay más de 1.200 en España) tiene tres componentes: los aerogeneradores (hay 19.600 máquinas en funcionamiento, que ocupan unos 4 kilómetros cuadrados), las subestaciones para evacuar la electricidad generada (que a menudo se comparten con otras instalaciones y que ocupan 0,03 km cuadrados, según la AEE) y las vías de acceso, que suponen la mayoría de la superficie ocupada, según las estimaciones de la patronal: 35 km cuadrados.
Las plantas fotovoltaicas y eólicas, recuerdan en el sector, permiten dar otro tipo de usos al suelo. En el caso de los huertos solares, en ellos se puede, por ejemplo, aprovechar el terreno para la agricultura o la alimentación de ganado. Y las vías de acceso de los parques eólicos, dicen en la AEE, se utilizan también "para agricultura, ganadería, explotación de masas forestales, deporte o turismo”.
Algo que no permiten las instalaciones termosolares, que requieren enormes extensiones de espejos (denominados heliostatos) para generar electricidad. Esta fuente, la menos desarrollada desde el punto de vista tecnológico, tiene actualmente operativas 35 plantas en España (es el líder mundial en este campo) con una extensión conjunta de unos 55 kilómetros cuadrados, según datos oficiales de la patronal del sector, Protermosolar.
Si se ponen en marcha todas las centrales termosolares previstas de aquí a finales del año que viene (las inscritas en el prerregistro del Ministerio de Industria), esa superficie se duplicará, hasta unos 100 kilómetros cuadrados. Sumando esa cifra a la superficie ocupada por los parques eólicos y fotovoltaicos, habría plantas con un tamaño que superaría con creces el de la isla de El Hierro, la más pequeña del archipiélago canario.
En cualquier caso, en un país con más de medio millón de kilómetros cuadrados de superficie, la afección del terreno de las plantas de energías renovables es una cuestión menor. Lo que está en el centro del debate es el coste de estas tecnologías.
España, que apenas produce petróleo y que tiene una de las tasas de dependencia energética más altas de la UE, apostó por estas fuentes antes que otros países. Por una vez, fue pionera en algo, y alcanzó una posición destacada a escala mundial, que ha sido alabada por la Comisión Europea y por la Agencia Internacional de la Energía, entre otros organismos internacionales. Pero a costa de una elevada factura. Al estar incluidos los incentivos a las renovables (una subvención que se paga en la tarifa) en los peajes eléctricos (que recogen los costes que regula el Estado), el importe de las primas a las diferentes tecnologías se ha disparado y, con ello, la factura del déficit de tarifa eléctrico, que ha crecido de forma desorbitada, hasta poner en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema.
