La gestión de algunos de los centros de menores no acompañados (menas) en las Islas Canarias durante la presidencia autonómica del actual ministro Ángel Víctor Torres será objeto de seguimiento por parte de la Fiscalía Europea. El esquema de contratación configurado por Podemos cuando gobernaba con el PSOE, entre 2019 y 2023, ha sido heredado Coalición Canaria (CC) en las islas. Con la urgencia derivada por la crisis del Sahel, Canarias ha pedido respaldo al Gobierno, pero se encuentra con un muro: el Ejecutivo de Sánchez carece de mayoría parlamentaria para organizar la financiación de un reparto lógico de menores migrantes por el resto de España con garantías de éxito socioeconómico. Ni siquiera la modesta reforma de la Ley de Extranjería para regular este aspecto obtuvo la reválida parlamentaria.

La gran cuestión es que no hay empresas del sector sociosanitario que quieran gestionar los centros de inmigrantes en el archipiélago por la simple razón de que pueden verse afectados en su reputación por las campañas en redes de los activistas más radicales.

La diferencia entre empresas privadas y ONG es que en el caso de las primeras hay un registro mercantil y una serie de obligaciones de transparencia. Con los activistas de las organizaciones no lucrativas los mecanismos de control son más discrecionales: las ONG no dejan de ser subcontratas y, por tanto, la labor de verificación es responsabilidad exclusiva de la voluntad del cliente, en este caso la Administración.

Solo en el caso de menas, la Asociación Coliseo, en Tenerife, creada por empleados del sector de menores en 2006, ingresa 4,3 millones de euros mientras que otra entidad, llamada Quorum, con domicilio fiscal en Tenerife, ingresa 6,9 millones de euros.

El resto queda en manos de Asociación de Hogares para niños privados de ambiente familiar Nuevo Futuro, con 100.890 euros; la Asociación para la Protección de la Infancia Hogar el Molinillo, con 1,9 millones de euros; la Fundación Cruz Blanca, con ingresos de 636.300 euros; la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social, con 195.210 euros; la Fundación Respuesta Social Siglo XXI (686.520 euros); y la entidad andaluza Samu, con 1,8 millones de euros. 

Más de 15 millones de euros en un año

Cuando gobernaba PSOE en Canarias y Podemos controlaba la atención a los menores inmigrantes, Quorum ingresó, entre 2020 y 2021, 15,6 millones de euros y la Asociación Coliseo, 10 millones en el mismo periodo. Otras ONG como Asociación Solidaria Mundo Nuevo ingresaron un total de 3,9 millones de euros y Samu, 7,8 millones de euros. La Fundación Respuesta Social Siglo XXI ingresó 5,3 millones de euros y la Asociación Oportunidades de Vida, 971,114 euros.

Condiciones de insalubridad en algunos centros

Este verano la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha anunciado una querella contra la Dirección General de Infancia del Gobierno canario por las malas condiciones con las que, a su juicio, acoge a menores inmigrantes en la Casa del Mar de Lanzarote. Una situación que, según recuerda en un comunicado, ha puesto de relieve la Red Ciudadana de Solidaridad con las personas Migrantes en Lanzarote y que dos abogadas de esta isla han llevado a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, dadas las deficiencias y condiciones insalubres del centro, donde están acogidos 55 menores llegados en patera, que, aseguran, viven sin limpieza, sábanas o baños aptos y entre cucarachas y hormigas.

Los denunciantes aluden a "la responsabilidad directa de la Dirección General de Infancia canaria que, asumiendo el estado del centro, no ha destinado fondos de emergencia para hacer una mejora inmediata del mismo, una reestructuración de este o su remozo inmediato, algo que, al igual que la contratación de servicios, podía acometerse a la par". "La no existencia de alternativas para su acogimiento choca con la existencia de mecanismos en el ámbito del derecho y la contratación pública para garantizar que si ese era el único espacio físico disponible se le diera un acondicionamiento adecuado", apostilla la Red.

Más de 124.000 euros mensuales

El colectivo entiende que, "indistintamente de la falta de instalaciones, es perfectamente posible acometer los arreglos suficientes cuando, además, se está otorgando a la entidad concesionaria de dicho centro un importe mensual de más de 124.000 euros, según consta en el pliego de contrato vigente en la Plataforma de Contratación del Estado, donde se establecía el precio plaza y otras realidades". El secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero, recalca que en este caso "hay una grave negligencia en la gestión por parte de la Dirección General, que deberá determinar un tribunal".

Para la Red, "la situación es totalmente indefendible. Una cosa es no tener espacios y otra es pensar que un menor, tras advertencias de la Fiscalía, puede vivir en estas condiciones. Es incomprensible que igual que se declaró la emergencia para la asistencia no se generasen contratos para adecuar las instalaciones de forma provisional, algo que se hace siempre, como pasó en el caso de Ceuta o Melilla, así como en Andalucía o Cataluña ante riesgos similares".

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