Economía

El consumidor está dispuesto a dar la espalda a las empresas condenadas por ‘greenwashing’

Una encuesta de la consultora Thorndon Partner revela que el 75% dejaría de confiar en una empresa encontrada culpable y un 36% es partidario de que se haga públicos sus nombres, incluso, durante el proceso de investigación.

En los últimos años, el mundo ha experimentado un notable aumento en los casos de litigación ambiental, reflejando una creciente preocupación por el cambio climático, la deforestación y la degradación del medio ambiente. Concretamente, el número de casos de cambio climático presentados a nivel mundial aumentó casi un 40% entre 2018 y 2023, con 230 casos presentados solo el año pasado. EE UU es el país que se lidera este ranking mundial en cuanto a la mayor cantidad de casos climáticos presentados en 2023 seguido de Reino Unido.

Esta es una de la de las conclusiones que se extra del informe elaborado por la firma de consultoría y asesoramiento Thornton Partners especializada en la gestión de inversiones y la asesoría financiera. Este fenómeno, según se explica, ha sido impulsado por un mayor compromiso de las comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos que buscan hacer valer sus derechos y exigir responsabilidad a las empresas contaminantes. Esto se ha traducido en una mayor repercusión en los medios. En la prensa convencional del Reino Unido aumentaron más del doble en los primeros ocho meses de 2024 en comparación con todo el año 2022. Las menciones al ‘greenwashing’ también se han disparado en un 350% desde 2019.

El público asume que las empresas son culpables incluso si sólo se les acusa de malas prácticas ambientales”, señala la consultora.

Las personas preguntadas se muestran a favor de tomar medidas contra las empresas investigadas por ‘greenwashing’ hasta el punto de dejar de comprar ese producto si es encontrada culpable. “El 38% de las personas apoya que se difunda el nombre de esas empresas y se las avergüence antes de llegar a una conclusión”. Pero es que las consecuencias del lavado de imagen van más allá del daño reputacional. El 44% dejaría de comprar cuando se anuncie una investigación. Este porcentaje aumenta al 56% si el organismo regulador concluye que la empresa investigada es condenada, finalmente, por infringir la ley.

Las personas preguntadas se muestran a favor de tomar medidas contra las empresas investigadas por ‘greenwashing’ hasta el punto de dejar de comprar ese producto si es encontrada culpable

A partir de ahí, el 75% de los encuestados no confiaría en las afirmaciones o credenciales de sostenibilidad de una empresa que haya sido declarada culpable de engañar a sus clientes mediante el ‘greenwashing’. De hecho, el 76% es partidario de que asuman consecuencias legales ante sus accionistas y la sociedad.

Llama la atención el respaldo, de casi la mitad de los encuestados, a las empresas que deciden denunciar sus competidores cuando detectan que han caído en prácticas de ‘greenwashing”.

Políticamente, en España hay una Proposición No de Ley que ha presentado Sumar en el Congreso de los diputados. Concretamente, insta al Gobierno a estudiar los cambios normativos necesarios para eliminar la publicidad de productos derivados de combustibles fósiles y de los transportes que los usan. De igual forma, piden limitar el patrocinio de eventos de empresas dedicadas a los combustibles fósiles.

El informe de Thornton revela que los consumidores están muy a favor de que los reguladores tomen la iniciativa. Precisamente, el pasado verano ASA, organismo regulador independiente encargado de velar por el cumplimiento de las normas publicitarias en Reino Unido prohibió a Virgin Atlantic Airlinesy seguir con una campaña de publicidad que aseguraba que utilizaban “combustible 100% sostenible”.

La Unión Europea considera al ‘greenwashing’ un obstáculo significativo para combatir el cambio climático y ha aprobado medidas para regularlo. La más destacada es la Directiva sobre Empoderamiento de los Consumidores y la Guía de Interpretación de la Directiva 2005/29/CE. Empresas como Zalando han sido sancionadas por ello por entender que perjudicaban a sus competidores.

La Unión Europea considera al ‘greenwashing’ un obstáculo significativo para combatir el cambio climático y ha aprobado medidas para regularlo

A nivel global, se han tomado medidas similares en países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Francia para prohibir y sancionar. Instituciones como la Organización de Consumidores Europea (BEUC) y la Organización Internacional de Investigación y Pruebas de Consumidores (ICRT) trabajan en detectar y denunciar el 'greenwashing', subrayando su impacto negativo en la sostenibilidad.

A nivel mundial, la categoría "publicidad engañosa" incluye más de 55 casos, 16 de los cuales se presentaron en 2023. Los casos se encuentran en el Reino Unido (14); Alemania (13); Australia (6); Países Bajos (6); Italia (4); Francia (3); Canadá (3); Suiza (3); Bélgica (1), Dinamarca (1) y Nueva Zelanda (1).

La participación activa de la opinión pública ha sido un factor clave en este incremento de la presión a las instituciones contra las malas prácticas de algunas empresas. Manifestaciones masivas, campañas en redes sociales y foros comunitarios han galvanizado el apoyo popular, presionando a los gobiernos y a las empresas para que adopten prácticas más sostenibles. Las plataformas digitales han permitido que las voces de las comunidades afectadas sean escuchadas, creando conciencia sobre los impactos ambientales de ciertas actividades industriales.

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