La política de la vivienda y los elevados precios del alquiler se han convertido en una de las mayores preocupaciones de la población española, además de uno de los más candentes debates políticos. Miles de personas salen a las calles a protestar por la imposibilidad de pagar sus cuotas mes a mes, a la vez que se alcanzan máximos históricos en ciudades como Madrid. Mientras, a nivel político el Gobierno de Pedro Sánchez echa balones fuera, incluso salen a las calles y se suman a las manifestaciones, pero, ¿qué ha ocurrido con las más de 183.000 viviendas prometidas antes del fin de su legislatura? ¿Qué medidas toma la Comunidad de Madrid al respecto y cómo se encuentra la situación en la región?
En 2022, las cifran hablaron por sí solas: la Comunidad de Madrid construía el 49% de la vivienda edificada en toda España. En esta misma línea, la comunidad central se mantiene como líder en la construcción de vivienda social, a la vez que habrá habilitado alrededor de 112.200 nuevas viviendas antes del fin de legislatura. El Plan Vive y el programa Mi Primera Vivienda son dos iniciativas que permitirán el acceso a miles de madrileños -de hecho, ya lo hacen- a precios limitados y regulados. Pero además de esto, también sirven de modelo para el propio Gobierno, que copia su forma de proceder para la creación de las 183.000 nuevas viviendas prometidas, proyecto que parece no salir adelante.
Las promesas incumplidas del Gobierno
Las cifras son de lo más positivas: más de 183.000 viviendas repartidas por todo el territorio español. Son tres los organismos que deben encargarse de la creación de estos nuevos pisos y hogares. El Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana se lleva el grueso de estas nuevas edificaciones, con 127.323 viviendas. Mientras, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria -SAREB- tiene adjudicada la creación de 50.000 nuevas viviendas, y el Fondo Social, 11.000 nuevas construcciones. Pero, ¿se está cumpliendo con estas cifras?
Lo cierto es que todo esto no son más que estimaciones. Tal y como informa la página web de la propia SAREB, hasta el momento tan solo se han cedido 1.679 viviendas a las comunidades y 1.028 a los ayuntamientos. A su vez, la Entidad Pública Empresarial de Suelo -SEPES- también hace promesas: impulsar la construcción de alrededor de 36.000 viviendas, de nuevo, estimaciones que aun quedan lejos de la realidad. Esta cifra esconde letra pequeña que es sencilla de pasar por alto, como su dependencia total de la operación Campamento, de la que dependen más de 20.000 casas de las 36.000 prometidas y que ha estado, hasta el momento, estancada durante décadas.
Comunidad por comunidad
A pesar de prometer la edificación de nuevas viviendas sociales y de haber un Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo cierto es que la construcción de vivienda protegida es competencia de las comunidades autónomas. Con la idea de promover las nuevas edificaciones, el Gobierno debe coordinar y planificar estas construcciones y actuar en consecuencia, es decir, destinando ayudas a las diferentes zonas de España. Pero, ¿cómo se distribuyen estas ayudas? El Plan Estatal 2022-2025 es el encargado de distribuir las distintas cantidades, que en total ascienden a 1.443 millones de euros en sus cuatro años de vigencia.
De esta manera, es sencillo ver cómo se han distribuido las distintas cantidades: lo hacen según nivel poblacional. Las comunidades que se llevan un mayor porcentaje de la financiación para la creación de nueva vivienda son Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia, con un 17,1%, 15,9%, 15,5% y 11,4% respectivamente. Las siguen Galicia, Castilla y León y Canarias. Mientras, Ceuta y Melilla son las dos zonas con menos ayudas, con tan solo un 0,1%.
Europa reclama mayor transparencia
Finalmente, al analizar el panorama de la vivienda en España es necesario tener en cuenta otros factores, como la ayuda internacional. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, encargado de los afamados fondos Next Generation, reclama al Gobierno mayor transparencia y claridad a la hora de informar sobre el progreso de los objetivos cumplidos y avance de los hitos marcados. Alejandro Blanco, el miembro español del Tribunal de Cuentas de la UE, confirmaba que "las deficiencias que se detectaron en 2022 todavía persisten".
Todavía queda mucho por saber y conocer. Mientras que las cifras aportadas por SEPES aun son en su mayoría estimaciones, algunas comunidades no están conformes con el reparto de suelos. Es el caso de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid, que reclama al Gobierno una mayor cantidad de terrenos para poder edificar. Esto se debe a que la entidad pública empresarial cuenta con más terrenos disponibles en otras zonas, menos demandadas y más despobladas, a falta de que SAREB de a conocer más información sobre los terrenos que irá sacando al mercado. Por su parte -y mientras pide 'solidaridad' a los propietarios- el Ejecutivo continúa emplazando a las comunidades autónomas a tomar partido en el drama de la vivienda, mientras que sus promesas continúan sin materializarse y los precios del alquiler no hacen más que aumentar.
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