Ni 24 horas duró la bandera blanca levantada por Gobierno y PP para afrontar la crisis de la catástrofe en Valencia. Tras reinar el "buen tono" en la reunión que mantuvieron Félix Bolaños y Miguel Tellado en el Congreso el lunes, lo dicho por Pedro Sánchez tras anunciar una primera partida de 10.600 millones como primer escudo social para paliar los efectos causados por la DANA devolvió a las trincheras a socialistas y populares. ¿El motivo? Que el presidente del Gobierno estableciera como "vehículo más eficaz" para distribuir futuras inyecciones la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2025. Un propósito que fue recibido con total hostilidad tanto en Génova como en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) del municipio valenciano de L'Eliana, cuartel general de Carlos Mazón desde que estalló la catástrofe del 29-O.
"Es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir la responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales", justificó el presidente del Gobierno. Fue el propìo presidente de la Generalitat quien, en conversación con este periódico, rechazó de plano la opción. "Pido que no se haga política con lo que necesita Valencia ya. Las medidas económicas extraordinarias no pueden vincularse a Presupuestos. Son extraordinarias y urgentes, pero fuera del cálculo parlamentario de mayorías. Lo pido por favor", zanjaba el jefe del Consell sobre una posibilidad que también cuenta con la antipatía de la dirección nacional de su formación.
Y es que, como aseguran a Vozpópuli desde entorno de Alberto Núñez Feijóo, lo último que pasa por los planes del PP es acceder a la "encerrona presupuestaria" planteada por Moncloa. En el ala noble de Génova recuerdan que la disposición "total" mostrada por Feijóo se circunscribía a apoyar "decretos de ayuda inmediata, directa y urgente para los afectados". Es decir, nada de extravagancias. Y esto, para el principal partido de la oposición, lo es. Un "chantaje inmoral" –a juicio de otra fuente popular– que "ni siquiera el PSOE" –esto a juicio de la anterior fuente citada– "sería capaz de materializar". Los populares, por tanto, encuentran en el penúltimo movimiento de tahúr de Sánchez un órdago donde hasta el presidente del Gobierno podría encontrar un femoralazo. Para otros dirigentes del PP, en cambio, se trata de una "genialidad" propia de la "catadura moral" del personaje.
"Es un asunto lo suficientemente grave y urgente como para someterlo a las habituales maniobras interesadas de Sánchez: hasta ahí podíamos llegar", transmitían este martes fuentes de la dirección nacional del PP. Para los populares, "las ayudas para los afectados pueden aprobarse fuera del debate presupuestario", es decir, a través de "otros mecanismos" como a través de ayudas de la UE, explicitan otras fuentes populares.
"No vamos a aprobar a Sánchez unos Presupuestos Generales del Estado que ni ha presentado, y menos aún utilizando a las víctimas en un chantaje por su interés", critican las fuentes de Génova anteriormente citadas. "Que el Gobierno no se preocupe en buscarnos, porque ya tiene a sus socios para aprobarlos", retan en clave presupuestaria.
"La tercera parte" de lo que pide Mazón
Fue el propio Mazón quien este martes solicitó un total de 31.042 millones de euros al Gobierno de España para aplicar 136 medidas de "un plan de recuperación cuya implementación es fundamental e imperativo" paliar los efectos de la DANA en la provincia de Valencia. Además, el presidente de la Generalitat Valenciana anunció la aprobación de una ayuda directa de 6.000 euros para cada uno de los afectados por la catástrofe que hayan visto afectada su vivienda. Las ayudas, adelantó Mazón, se tramitarán por la "vía de máxima urgencia" y podrán cobrarlas esta misma semana.
Tanto el jefe del Consell como Sánchez anunciaron en sendas comparecencias toda una serie de ayudas directas y exenciones fiscales de largo alcance. No obstante, para los populares el primer plan de 10.600 millones de euros se antoja, cuando menos, insuficiente. "Es la tercera parte de lo que Valencia pide", replican en el entorno de Feijóo. "Pidió 30 y le llegan 10", se lamentan, redondeando las cifras. Se da por hecho, por tanto, que el PP aprobará en el Congreso la convalidación de este primer decreto dentro del plan de choque que prepara el Gobierno central.
Sánchez, además, descartó la petición de declaración de emergencia nacional que volvió a reclamar el lunes Feijóo y que supondría despojar a Mazón del mando de la emergencia. El presidente del Gobierno argumentó su decisión en la eficacia de la "cogobernanza" acuñada durante la pandemia. "Vivimos en un Estado autonómico, no centralista, que dio una respuesta ejemplar durante la pandemia", reivindicó. "Cada segundo es oro. Entrar en una situación de sustitución de la administración territorial sería restar eficacia", justificó, dado que "la Generalitat conoce mejor que nadie las necesidades de sus ciudadanos".
Pero en el equipo de Feijóo, mientras tanto, defienden berroqueñamente un paso adelante que situaría a Fernando Grande-Marlaska al frente del mando de emergencias. "La prueba [de que es la medida correcta] es que el Gobierno ha metido hoy en el decreto a tres autonomías; es decir, que estamos ante un asunto supraautonómico que trasciende a la Comunidad Valenciana", argumentan. "No planteammos un cambio de jerarquía en la cadena de mando de la crisis, sino una llegada inmediata y urgente de apoyo", aseguran –pese a que sería exactamente eso lo que supondría–, no sin antes recordar el que "si necesita más recursos, que los pida". Una frase "demoledora" a ojos del ala noble de Génova. Y que "perseguirá a Sánchez" a juicio de varios dirigentes del PP consultados.
