El Gobierno se pronuncia por escrito sobre el 'caso Negreira', en el que se investigan los pagos que el FC Barcelona hizo al exárbitro español, quien llegó a ocupar el puesto de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018. El Ejecutivo avisa de que los "hechos investigados" pueden ser "objeto de sanción penal" y advierte de que el "sistema sancionador" es "eficiente y eficaz". Así consta en una respuesta tramitada a través del Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El pasado 27 de febrero, los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero -quienes abandonaran UPN tras votar en contra de la reforma laboral contraviniendo la postura oficial de su partido- registraron una iniciativa en el Congreso de los Diputados requiriendo información sobre la postura del Gobierno en torno al 'caso Negreira'. En concreto, interpelaban al Ejecutivo sobre si "ha interesado el Gobierno al Ministerio Fiscal la investigación" del escándalo.
En su respuesta escrita, recogida este mismo lunes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Moncloa elude dar información sobre el planteamiento de los diputados: "Se informa que el Gobierno respeta la investigación que lleva a cabo la Fiscalía". Sin embargo, ofrece una valoración sobre las posibles consecuencias que asumirían los implicados en el caso, que afecta de pleno al FC Barcelona: "El Gobierno puede garantizar que el sistema sancionador en esta materia es eficiente y eficaz", detalla la respuesta.
"Los supuestos hechos investigados pueden ser objeto de sanción penal en cuanto a conductas que se encuadran dentro de los supuestos de corrupción, administración desleal o fraude en el deporte", añade el Ejecutivo, al mismo tiempo que recuerda el contenido de la Ley 39/2002 del Deporte, que "vela especialmente por el buen gobierno en el deporte al establecer mecanismos preventivos para favorecer la transparencia y ejemplaridad en su gestión, a través del código de buena gobernanza".
En su artículo 104, la ley establece que las actuaciones dirigidas a "predeterminar, mediante precio, intimidación o
simples acuerdos", el resultado de una prueba o competición afecte o no al resultado, y, en general, las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva, con un plazo de prescripción de 3 años, son consideradas como una infracción de "máxima gravedad".
Además, el Gobierno apunta que el Consejo Superior de Deportes (CSD) adoptará las "medidas correspondientes" y "actuará dentro del marco de la legalidad vigente" una vez disponga de la "información suficiente", abriendo las puertas a una hipotética personación en la causa.
Diligencias abiertas
La respuesta del Gobierno se conoce apenas semanas después de que el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona abriera diligencias para investigar los millonarios pagos del Barça a Enríquez Negreira. La Justicia abrió causa a tenor de una querella interpuesta por el dirigente arbitral Xavier Estrada, que actuó tras filtrarse en prensa la investigación en Fiscalía por estos hechos.
El Ministerio Público investigó durante meses bajo secreto estos abonos sistemáticos que percibió el entonces número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por supuesto asesoramiento arbitral. Finalmente, interpuso denuncia en el juzgado catalán que ya había abierto causa por estos hechos y pidió que se investigase al Barça como persona jurídica, a los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, a los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler y, finalmente, a Enríquez Negreira.
En su escrito, explicaban que había indicios suficientes que apuntan que el club que preside Joan Laporta pudo cometer delito continuado de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad en documento mercantil con estos abonos que se efectuaron al dirigente arbitra. Los mismos responderían, según alega la Fiscalía Provincial de Barcelona, a “un acuerdo verbal estrictamente confidencial” con el cual Enríquez Negreira influiría en las actuaciones de los árbitros para favorecerles en los partidos.
La investigación en la Fiscalía arrancó a tenor de unas pesquisas fiscales desde Hacienda al Barça la sociedad de Enríquez Negreira Dasnil 95 S.L. Esta empresa, disuelta en 2016, canalizó parte de los abonos que el dirigente arbitral recibió periódicamente del club hasta que rompieron las relaciones en 2018. Se trata del mismo año en que abandonó también su puesto como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Las cantidades
La investigación ha aflorado también que su hijo, Javier Enríquez Romero, percibió pagos de una sociedad de José Contreras. El exdirectivo del Barça, fallecido el año pasado, habría ejercicio de intermediario entre el club blaugrana y la firma del hijo de Negreira. Para ello facilitó su empresa Tresep 2014 S.L, la cual tiene como objeto social el sector inmobiliario. Entre 2016 y 2018 Negreira hijo percibió un total de 297.085 euros.
A su vez, también cobró directamente del club por sus supuestos servicios de asesoramiento. En concreto emitió facturas por 450.120 euros, de las cuáles 153.000 euros corresponderían a su comisión como intermediario por la relación entre el club y su padre. Con todo, Enríquez Romero no figura como investigado ya que la juez declinó actuar contra él.
Por ese motivo La Liga, que se acaba de personar como acusación particular, ha solicitado a la magistrada que actúe también contra él al considerar que fue consciente en todo momento de que los pagos a su padre ocultaban en realidad un beneficio que prohíbe la Ley del Deporte y con el que buscaría granjearse el apoyo de los colegiados durante todos esos años. Se ha constatado pagos entre 2001 y 2018, si bien la causa solo investiga los que se efectuaron a partir del 2014.
La Fiscalía sostiene que se trató de una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. “Dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno”, recoge el Ministerio Público, el cual no descarta que, conforme avance la causa, se soliciten más imputaciones de directivos del club durante la etapa de Sandro Rosell.
Por su parte, la juez ya ha dado los primeros pasos para indagar los hechos. Lo primero que hizo tras admitir la querella a trámite fue ordenar un informe a la Guardia Civil sobre las pesquisas impulsadas por la Fiscalía de Barcelona y que ha asumido Anticorrupción. Tras ello acordará las primeras citaciones de imputados en el procedimiento, los cuáles ya declararon ante la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía.
Además, la magistrada tiene pendiente resolver sobre un alud de petición de personaciones, entre la que destaca la del Real Madrid. El club que preside Florentino Pérez ha solicitado litigar como acusación particular al presentarse como perjudicado de estos presuntos amaños de las actuaciones arbitrales. Todos los imputados, incluidos el propio club, se han opuesto a ello. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha informado de manera favorable al considerar que podrían ser perjudicados del delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo.
