La Comisión Europea pone encima de la mesa su propuesta para reformar el mercado eléctrico. Después de dos años con una crisis energética que ha castigado los precios y ha puesto en riesgo el suministro, Bruselas se decanta por un mercado más previsible que no dependa de los 'sustos' geopolíticos o empresariales. También se decanta por un mercado más transparente con los consumidores, que permita conocer en todo momento cuánto pagan y por qué.
Estas líneas eran las que defendía la medida española y el resto de países miembros. Aunque difiere mucho de la propuesta de España en cómo realizar esos contratos a largo plazo. La Comisión Europea ha asentado unas bases, más que una propuesta de reforma estructural, para que el mercado mayorista de la electrictricidad se adapte a la nueva realidad y pueda ser compatible con las necesidades de los 27 estados miembros.
Bruselas pide a los gobiernos que pongan facilidades para que se opere con contratos a largo plazo. Su apuesta sigue siendo los contratos bilaterales o PPAs, que es lo que demandaban las empresas y dejaba en un segundo plano la medida española. Estos acuerdos entre productores de energía se centran en la producción de renovables, donde los productores alcanzan acuerdos con empresas comercializadoras o grandes consumidores antes incluso de instalar la planta.
Al contrario que la propuesta liderada por Teresa Ribera, Europa ve los contratos por diferencia (CfD) como un mecanismo de apoyo a nueva generación eólica, solar, geotérmica, hidráulica fluyente y nuclear. Pero no una imposición a la generación ya existente. Para la Comisión este formato de contratos bilaterales ofrece "estabilidad de precios a largo plazo para el consumidor y la certidumbre necesaria para que el productor tome la decisión de invertir".
Bruselas piensa en el cliente
La Comisión quiere un mercado que cuide a los consumidores frente a la volatilidad de los precios. Su plan contempla el derecho a contratos de precio fijo, así como a contratos de precio dinámico, el derecho a contratos múltiples, con una información mejor y más clara sobre los contratos. Una declaración de intenciones que consiste, principalmente, en forzar a las comercializadoras a que vendan productos a precio fijo y que éstas informen mejor con una gestión de riesgos adecuada.
“De esta forma, los consumidores reacios al riesgo pueden fijar precios seguros a largo plazo para evitar sorpresas y/o pueden optar por tener contratos de precios dinámicos con los proveedores si desean aprovechar la variabilidad de los precios para usar la electricidad cuando es más barata, como es el caso de la carga coches eléctricos o las bombas de calor”, expone su medida.
En los contratos bilaterales o PPAs abre dos frentes que se interpretan positivos para España. Por un lado, que se ayude a cubrir el riesgo de crédito a las empresas para que puedan firmar estos PPAs. Y, por otro lado, crear una plataforma o hub virtual en el que se pueda negociar estos contratos o productos a plazo a nivel europeo.
¿Llegará en 2024?
Este es el primer paso oficial de la Comisión Europea, tras escuchar a todos los países miembros y los principales grupos de interés en Europa. El siguiente paso tendrá que llegar tanto en el Consejo como en el Parlamento, respaldarla a nivel tanto de Estados miembro como de grupos políticos, antes la negociación final de nuevo con Bruselas y con el objetivo de empezar a aplicarla en la primera mitad de 2024.
Pero los países se tienen que poner de acuerdo. La reforma estructural que pide España choca con países como Alemania y todo el tejido empresarial energético. La propuesta alemana busca revisión del mercado eléctrico sea "limitada". Mientras que España busca una mayor intervención de los estados en el funcionamiento del mercado para defender a sus ciudadanos de las decisiones empresariales de las empresas.
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