El Gobierno que viene tendrá una tarea clave por delante en materia económica: cumplir con las reglas fiscales, suspendidas durante la pandemia y la crisis inflacionista para dar margen de actuación a los ejecutivos. Esa 'barra libre' acabará el próximo año, 2024, cuando los países deberán presentar a la Comisión Europea planes de consolidación fiscal que garanticen que en 2026 su déficit estará por debajo del 3% del PIB y su deuda no superará el 60%, como ya había avanzado Bruselas y ha detallado este miércoles.

En este contexto, y pese a que la inflación ha jugado a favor del Ejecutivo con una recaudación extra que roza los 34.000 millones en 2022 sobre lo que se ingresó en 2021, teniendo en cuenta que éste ya fue un año positivo, el Ministerio de Hacienda no espera que su objetivo de déficit en el pasado año haya mejorado.

Fuentes del Fisco trasladan que el déficit público cerró 2022 en el 5% del PIB, justo lo presupuestado cuando no se preveía una recaudación histórica. Un dato más pesimista incluso que el que manejan la AIReF (4,5%) y la Comisión Europea (4,6%). Y aunque ha mejorado respecto al 10,1% que desencadenó la pandemia, está aún muy por encima del 2,7% que había 2019.

Las fuentes citadas han apuntado a que no se ha conseguido arañar al déficit ni una micra a pesar de los datos históricos de recaudación. El cierre definitivo se publicará el próximo 31 de marzo.

También se conocerán entonces los datos definitivos de recaudación. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, desveló el 3 de febrero en una jornada sobre tributación empresarial de PwC y APD que ésta creció un 15,51% en 2022. Esto supone que los ingresos tributarios se han situado en 257.116 millones, rozando los 260.000 millones. Cerca de 34.000 millones -33.731 en concreto- más que en 2021, otro año récord en el que se anotaron 223.385 millones, y en el que también crecieron un 15,1%.

De esta forma, teniendo en cuenta el objetivo de déficit público del 3% marcado por Bruselas y al margen de lo que ocurra este 2023, año electoral (cuando el Gobierno espera que el déficit baje al 3,9% y la Comisión Europea, en sus últimas previsiones de noviembre, apunta que seguirá en el 4,3%), si el próximo Gobierno tomara en estos momentos las riendas se encontraría con un 'desfase' de unos 25.000 millones.

Han sido varios los organismos que han advertido durante los últimos meses de la improvisación del Gobierno con las medidas fiscales para apoyar a hogares y empresas, abultando la factura. La más costosa será la revalorización de las pensiones en un 8,5% este año, al amparo de la reforma de las pensiones aprobada en 2022. Por otro lado, los diferentes paquetes de medidas contra la inflación que ha ido aprobando el Ejecutivo costarán 40.000 millones, según el Banco de España.

El coste de las ayudas generalizadas

Las más relevantes por su impacto fiscal han sido la bonificación de los carburantes y la rebaja del IVA en energía y alimentos, ninguna de ellas focalizadas en los más vulnerables. El Banco de España ha advertido de que si se hubieran sustituido estas medidas por transferencias puntuales a los hogares más vulnerables se habría mantenido el nivel de protección con la mitad del coste presupuestario.

De cara al objetivo del 3% marcado para 2026, Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, asumió este miércoles que es "razonable" que se alcance (pues el organismo tiene una previsión para ese año del 3,2%) una vez se eliminan las medidas covid y contra la crisis energética; pero vio "difícil" que el déficit baje de ese 3% y del 100% en el caso de la deuda sin medidas adicionales.

La presidenta de la AIReF recordó que el organismo que preside lleva tiempo advirtiendo de que "nos iba a pillar el toro", de que "pronto volverían las reglas fiscales", y de que "deberíamos haber ido trabajando en esta materia". El Gobierno, por su parte, durante los últimos meses se ha mostrado confiado en que el déficit bajará de ese 3% incluso antes de 2026.

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