El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, así como el abogado Juan Carlos Camacho, han denunciado la situación que atraviesa el gobernador Luis Fernando Camacho, quien fue presuntamente secuestrado el pasado miércoles por agentes leales a Evo Morales. En estos momentos, se encuentra detenido en la prisión de Chonchocoro y sufre problemas de salud, pero las autoridades carcelarias están obstaculizando que reciba atención médica.

En palabras recogidas por el medio boliviano Página Siete, Camacho "está completamente paralizado", según su abogado. Considera que la justicia del país "está esperando que el gobernador se muera para hacer algo", ya que no permiten que los especialistas accedan al centro penitenciario para atenderle. Señala que aunque hay un médico dentro de la prisión, este no tiene los medios necesarios para atenderlo.

Tras las quejas, algo cambió: la prisión permitió la entrada de una ambulancia medicalizada para atender al gobernador y "una posible evacuación hacia un centro médico", tal y como señaló Matkovic tras hablar con los abogados.

El cuadro clínico de Camacho no es bueno. Su médico, Ronald Palacios, se encargó de publicar una nota de prensa mostrando el estado de salud del gobernador, de quien ha dicho que padece inmunodeficiencia variable común, lo que implica que tenga concentraciones bajas de inmunoglobulinas y de esta forma, esté más expuesto a problemas de salud.

Aunque todavía quedan muchas dudas que resolver en torno a su detención, las sospechas apuntan a que se trata de una forma de silenciarle, ya que es un opositor de Evo Morales bastante activo. Tomó notoriedad en 2019 al liderar en Santa Cruz las protestas por las denuncias del supuesto fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales en los fallidos comicios generales de ese año. Ese conflicto derivó en la renuncia de Morales a la Presidencia, y el traspaso de poder a la interina Jeanine Áñez, cuya administración se saldó siendo esta enviada a la cárcel por lo que se consideró un golpe de Estado.

Además de ese proceso, también hay en su contra numerosas denuncias del oficialismo por la huelga de 36 días cumplida en Santa Cruz entre octubre y noviembre de este año para exigir la pronta realización del censo de población.