Nuevo choque entre España y Marruecos a cuenta de Ceuta y Melilla. Una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 9 de septiembre por parte del Gobierno marroquí ha tensado una vez más las relaciones diplomáticas. La misiva respondía a las aclaraciones que se le habían pedido al Gobierno alauí por el "uso excesivo y letal de la fuerza" contra migrantes de origen africano en la tragedia acontecida en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio. En el documento remitido, Rabat afirmaba que "Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España", y que no se puede hablar de la existencia de una "frontera hispano-marroquí", ya que "Melilla sigue siendo un presidio ocupado" por España.
La afirmación de Rabat llega cuando la relación bilateral entre ambos Ejecutivos parecía pasar por un buen momento gracias al giro del Gobierno de Pedro Sánchez con Argelia y después de que Madrid endulzara su postura respecto a la autonomía marroquí sobre el Sáhara.
Durante décadas, las relaciones económicas y comerciales ente ambos países se han entendido como el eje vertebrador de la agenda bilateral, además, el papel de Moncloa como puente entre Marruecos y Europa ha escrito gran parte de la diplomacia entre Bruselas y el norte de África. No obstante, el reino alauí ha centrado su política exterior -y en concreto sus relaciones con España- en torno al reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara.
La polémica llegada de Ghali a España
El principal factor de desavenencia entre ambas direcciones gubernamentales ha sido el alineamiento histórico de España a favor de las resoluciones de la ONU en 1976. El conflicto del Sahara Occidental ha marcado durante décadas las relaciones bilaterales con Marruecos y la hospitalización en nuestro país del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, en el año 2021 para ser atendido por Covid-19 marcó el inicio de la crisis que aún sigue activa entre el mandato de Sánchez y Mohamed VI. No se comunicó a Rabat
La decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por entonces por Arancha González Laya, de acoger al líder del Frente Polisario en España ha sido calificado como uno de los errores más fatales del mandato del actual huésped de Moncloa.
Crisis migratoria de Ceuta
La crisis desatada tras el paso de Ghali por España no solo tuvo consecuencias para la carrera de González Laya -así como un ascenso para el actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares-, sino que provocó la peor crisis migratorias de los últimos años en territorio español.
Miles de ciudadanos marroquíes, muchos de ellos menores, irrumpieron en Ceuta a través de la frontera del Tarajal desencadenando una crisis migratoria inédita en la ciudad autónoma. Al menos 12.000 personas -20.000 según agentes de la Guardia Civil desplegados en dicha frontera- entraron en territorio español en menos de 72 horas gracias a una inmensa operación de desinformación del Gobierno marroquí, que utilizó a su población como munición humana contra España. El papel de Rabat en la tragedia humanitaria y la falta de preparación de las autoridades españoles ante unos acontecimientos previsibles marcaron el grave choque diplomático en aquellas fechas.
El giro sobre la autonomía del Sahara Occidental
El pasado mes de marzo, meses después de la crisis de Ceuta, el Gobierno de España secundó un giro histórico en la política exterior de nuestro país, por primera vez, el Ejecutivo español cambiaba su posición respecto a la soberanía del Sáhara Occidental. España reconocía la iniciativa marroquí de autonomía como la base "más seria, realista y creíble" para la resolución del conflicto.
El giro diplomático de Sánchez le costó las críticas por parte de su Gobierno, entre ellos ministros de Unidas Podemos, así como de la oposición y algunos actores internacionales. Tan rápido como Moncloa resolvía una crisis propiciaba otra, esta vez con Argelia, socio clave como moderador de los flujos migratorios que llegan desde África y principal suministrador de gas natural a España.
Crisis y acercamiento con Argel
El Gobierno argelino calificó el giro de Moncloa como una "segunda traición a los saharauis" y abrió una crisis diplomática con su vecino mediterráneo que duraría al menos seis meses. Durante casi medio año, Argel amenazó con cortar el suministro de gas a España, lo que supuso una vertiginosa subida de los precios de los hidrocarburos y rompió su compromiso de cooperación respecto a la repatriación de ciudadanos argelinos en situación irregular y relajando el control fronterizo sobre sus costas.
Desde entonces nuestro país se ha visto envuelto en un juego a tres en el que su papel era salir airoso de la lucha de poderes entre Rabat y Argel. España necesita tener una buena relación con ambos gobiernos en materias clave: control de flujos migratorios, exportaciones e importaciones, acuerdos pesqueros y lucha antiterrorista.
Según contó Vozpópuli el pasado mes de noviembre, la situación de España se complicaba teniendo en cuenta la carrera la armamentística en la que están inmersos Marruecos y Argelia, clave en su estrategia de control sobre la región.
El Instituto de Seguridad y Cultura publicó un informe reciente, recogido por Vozpópuli, en el que se presentaba cómo Rabat había puesto en marcha toda potencial productivo para alcanzar el arsenal y las capacidades armamentísticas de Argel.
Como un peón más en medio de este enrevesado tablero, el ministerio de Albares ha tenido que invertir ingentes esfuerzos por retomar la habitual relación bilateral con el gobierno magrebí, sin desafiar a Marruecos. El papel de España es clave en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania, ya que Europa ha puesto sus ojos en Argel como posible socio y suministrador de gas de la Unión.
Carta ante la ONU
Cuando parecía que España conseguía ir sorteando las idas y venidas de la crisis con sus vecinos del norte de África, el Gobierno Marroquí ha dado un nuevo revés a Sánchez frente a la ONU. En una misiva remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Rabat afirma que su país "no cuenta con fronteras terrestres con España" y que Melilla "sigue siendo un presidio ocupado", por lo que "no se podrá hablar de fronteras, sino de simples puntos de acceso".
Desde Moncloa se ha intentado quitar hierro al asunto. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comentado 24 horas después de que se conociera el contenido de esta carta que Marruecos es un socio "leal" y "fraternal" de España, y afirmó que las relaciones entre ambos países son "excepcionales y extraordinarias".
