Campeones del desempleo -el doble que nuestros vecinos– y ante la crisis que se avecina, el gobierno vuelve a la carga contra las empresas y el empleo con el consabido mantra del salario mínimo, que realmente es el máximo de la Unión Europea si se compara con nuestra renta per cápita. Entre los países de la UE con salario mínimo, en España éste representa el 53,7% de nuestra renta per cápita; nos siguen Francia 52,47%, Bélgica 45,55%, Alemania 44,93% Holanda 42, 38 e Irlanda con el 25,07%.
Hete aquí un gobierno cuya política consiste en subir el salario mínimo mientras reduce la renta per cápita, para así conseguir consolidarnos como insólitos líderes del salario máximo. ¿Habrá habido algún gobierno en el mundo civilizado al que se le haya ocurrido y practicado esta doble palanca: destrucción de empleo y renta per cápita a la vez? El camino que viene siguiendo este Gobierno: maximizar el salario mínimo mientras minimiza la renta per cápita no tiene parangón.
Por cierto, Francia, que nos sigue en el ranking, lleva desde 1982 divergiendo sistemáticamente de la renta per cápita media de la UE: de un 140% ha pasado a menos de del 120% en 2021. Alemania, cuyo salario mínimo comparativo es un 15% inferior al de Francia, durante el mismo periodo ha disfrutado de menos desempleo y mientras ha mantenido su nivel de convergencia con la UE habiendo superado a la francesa, tras su reunificación.
El salario mínimo no es otra cosa que un obstáculo más -entre otros muchos- para encontrar trabajo, cuyo aumento en un país como España, líder en desempleo, es simplemente un completo desatino
El salario mínimo no es otra cosa que un obstáculo más -entre otros muchos- para encontrar trabajo, cuyo aumento en un país como España, líder en desempleo, es simplemente un completo desatino. O lo que es peor, una apuesta más para no dejar de liderar tan siniestro ranking.
Un salario mínimo deja fuera del empleo a quienes el valor económico de su desempeño laboral no puede ser pagado por el mercado, constituido fundamentalmente por los consumidores de más baja renta. Se trata de un perverso circulo vicioso, pues el salario mínimo crea una barrera de entrada al empleo a quienes poseyendo una baja cualificación no pueden aportar otro valor añadido que un coste laboral competitivo. El Estado secuestra así ilegítimamente la libertad individual de quienes, aún con escasos atributos profesionales, están dispuestos a buscarse la vida y a no depender de los demás. Quizás porque ello pondría en cuestión la ideología progresista que tiene por finalidad aumentar la población dependiente del Estado y el salario mínimo es una vía segura para ello.
Como los progresistas que patrocinan el salario mínimo no esgrimen –como es natural en quienes son enemigos declarados de los datos– referencias comparativas y la opinión pública parece más interesada en cómo se aprueban –si con consenso o sin él– este tipo de medidas que en la valoración crítica del contenido de las mismas, bueno será sacar a relucir algunas verdades, antes de una nueva subida:
- Sólo cinco países significativos europeos –Alemania, Francia, Holanda, Bélgica e Irlanda– además de España tienen salario mínimo.
- Siete no lo tienen: Italia, Suecia, Suiza, Austria, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
- El salario mínimo de España es el sexto más elevado de Europa, mientras que nuestra renta per cápita es la décimo sexta.
- Con la excepción de Luxemburgo y Lituania, España es el país europeo que más ha aumentado el salario mínimo desde 2012, mientras lideraba el desempleo de la UE.
- La tasa de empleo –trabajadores frente a personas en edad de trabajar– de España es la más baja -junto con Italia- de Europa: con tasas próximas o superiores al 60% de los países más ricos –porque hay más gente trabajando- en España se sitúa sistemáticamente por debajo del 50%.
- Entre los países europeos con salario mínimo, España y Francia -también Italia– están a la cola de la tasa de empleo mientras encabezan una creciente divergencia en renta per cápita con la media de la UE.
En presencia de estos datos, un gobierno serio y responsable no solo no aumentaría el salario mínimo, sino que debería dejarlo en suspenso hasta que la tasa de empleo y el nivel de desempleo se situaran al menos en la media europea. En todo caso, y mientras el Gobierno no siente la cabeza y siga fiándose de su pensamiento mágico al margen de toda realidad, habría que preguntarle: si es bueno subir el salario mínimo ¿por qué no lo suben mucho más?.
El vergonzoso liderazgo español del desempleo está sustentando en derechos “peronistas” que con la excusa de beneficiar a todos los trabajadores expulsan del mercado a los más débiles
El sostén ideológico de esta aspiración social lo proporcionó Eva Perón, con su famosa frase: “Toda necesidad social es un derecho”. Desde que la pronunciara, Argentina ha permanecido estancada; porque una cosa es “predicar y otra dar trigo”. El vergonzoso liderazgo español del desempleo está sustentando en derechos “peronistas” que con la excusa de beneficiar a todos los trabajadores expulsan del mercado a los más débiles mientras consolidan el estatus de los empleados en los sectores más protegidos de la competencia –sector público y sectores privados cartelizados por convenios colectivos en contra del libre mercado–-, lo que conlleva a la paradoja de que nuestros progresistas defienden los intereses de los trabajadores “ricos” frente a los “pobres”; es decir, un hipócrita mundo al revés.
Son tan evidentes las razones dadas, que insistir en subidas del SMI ajenas a la economía real y la productividad del trabajo, solo se puede justificar por anacrónicas razones ideológicas tan bien descritas por el profesor Huerta Soto: “El socialismo se debe definir como todo sistema de agresión institucional y sistemática contra el libre ejercicio de la función empresarial” y consecuentemente de la creación de riqueza y empleo
Sólo que los países que más lejos han llegado en este ejercicio socialista siempre han logrado resultados deplorables. Por cierto, los prósperos países escandinavos con gobiernos socialdemócratas están muy lejos de estas prácticas políticas propias del sur de Europa y los países hispanoamericanos. Y así les va a unos y a otros.
