Suele presumirse de que nos hallamos en la era de la transparencia y que la transparencia es buena por dos motivos: mejora la calidad de la información en base a la cual tomamos nuestras decisiones, por un lado, y permite controlar mejor la actuación de terceros con los que nos relacionamos, por otro. La era de la transparencia está más allá de la era de la información.

No se trata sólo de que tengamos información, sino que exigimos que la información sea clara, adecuada, precisa, oportuna…y, sobre todo, la que necesita el receptor de la misma. No la que quiere dar el emisor. Así hemos regulado, hasta extremos que parecían sorprendentes hace unos años, la información que, por ejemplo, tienen que emitir las empresas. Fijémonos, por ejemplo, en ese corpus que son las Normas Internacionales de Información Financiera. Ningún manual al uso se las explica en menos de 800 páginas. Ni les cuento lo que ocupan los textos originales comentados (no menos de 5.000 páginas). Tampoco les hablo ya de las obligaciones de información nuevas que están soportando las empresas sobre lo que ahora se denomina la sostenibilidad o los criterios ESG (por sus siglas en inglés: environmental, social and governance).

Mi banco me informa de la huella de carbono que el envío de información periódica por vía postal de los movimientos de mi cuenta corriente genera

Mucho de lo que, en teoría, soporta esta nueva información tiene que ver con la necesidad que tiene el receptor de la misma de conocer aspectos de la realidad cuyo desconocimiento alteraría, o podría alterar, las decisiones que toma. Por ejemplo, mi banco me informa de la huella de carbono que el envío de información periódica por vía postal de los movimientos de mi cuenta corriente genera. Imagino que creen que si las emisiones ligadas a esa actividad, envío de información periódica por vía postal, es muy elevada, es posible que yo me plantee la relación con mi banco. Tal vez me vaya a otro. Tal vez renuncia a la recepción de información por el modo comentado y decida que sea sólo electrónicamente. No sé qué creen los que creen algo en estas cosas y han decidido que debo ser informado sobre este aspecto tan peculiar de mi relación con mi banco.

No cabe duda de que el conocimiento de las externalidades (coste que un actuante impone a otros y de difícil cuantificación monetaria, como por ejemplo la contaminación del aire por una industria) puede estar bien. Especialmente si se definen bien los derechos de propiedad (¿de quién es el aire?) y, por tanto, quién debe ser compensado.  Pero esa es otra discusión que dejo a los especialistas en Microeconomía.

Derechos consolidados

Sin embargo, es sorprendente la falta de transparencia en algunos tipos de información que afectan, por ejemplo, a una de las decisiones más importantes que puedo ejercer: mi voto. ¿Por qué, por ejemplo, no se me informa del valor de mis derechos consolidados como consecuencia de las cotizaciones sociales que mi empleador, en mi nombre, y yo mismo hemos hecho? Cualquier aseguradora está obligada a ello. Cualquier empresario, si reconoce algún tipo de remuneración post-empleo a sus empleados, lo está. Incluso, en este último caso si la prestación es definida, como lo son las pensiones públicas, con las dificultades que ello conlleva.

En este apartado, deuda del Estado con sus pensionistas actuales y futuros por la parte devengada, nos conformamos con un cálculo cada tres años para el conjunto del sistema pero no individualizado. No me informan de a cuánto asciende el valor de lo que el Sistema de la Seguridad Social me debe a mi en concreto. Esta información es muy relevante. Piensen que las últimas reformas que se han realizado y las que se anuncian, al ser el sistema público de prestación definida (frente a los privados en los que sólo se permite el de aportación definida, salvo en las relaciones empleador-empleado), han reducido el valor de los derechos consolidados de los futuros jubilados muy especialmente. La deuda del Estado con cada individuo por este concepto, calculada actuarialmente, es más alta si sólo le exigen 35 años para tener derecho a la jubilación, que si son 38, y es más alta si usted puede jubilarse a los 65, en lugar de a los 67 años de edad.

Cambios unilaterales

Tal vez el sistema necesite estos ajustes para ser sostenible. Ajustes que, por otro lado, no serían admisibles (al menos sin contraprestación económica presente) para un empleador que prometa una prestación post-empleo a un trabajador. Básicamente porque esto constituiría una alteración unilateral del contrato laboral. Así que, aunque los cambios, en este caso, son unilaterales y sin derecho a contraprestación alguna en el presente, parece razonable que se me informe del coste que me han supuesto. Salvo que pensemos que, precisamente por eso, por su unilateralidad y ausencia de un derecho de compensación, que más me da, pero no me parece muy transparente.

No parece muy razonable que parezca que mi contribución a la Seguridad Social es del 6,35% de mi sueldo bruto, según la incorrecta denominación actual, cuando en realidad es del 29,13% del valor que se ha atribuido a mi producción

Otro ejemplo de la falta de transparencia de información que puede ser necesaria para ejercer mi derecho de voto es la referente a mi nómina si trabajo por cuenta ajena. ¿Por qué se denomina Seguridad Social a cargo del empresario a una parte de mi salario bruto? ¿Por qué se me dice que mi salario bruto es de, por ejemplo, 2.000€/mes, cuando en realidad es de 2.643€/mes? La diferencia, dice la nómina, confeccionada según las reglas nada transparentes dictadas por el Estado, que la paga el empresario, lo que sabemos que es falso. El empresario la retiene, junto con otros 127€/mes adicionales, que se denominan Seguridad Social a cargo del trabajador. Es decir: produzco 2.643€/mes y mi salario, antes de descontar el IRPF, ya se ha quedado en 1.873€. En el camino se ha ido casi un 30%. No parece muy razonable que parezca que mi contribución a la Seguridad Social es del 6,35% de mi sueldo bruto, según la incorrecta denominación actual, cuando en realidad es del 29,13% del valor que se ha atribuido a mi producción. Tal vez si se publicase bien la información: de manera precisa y clara, mi percepción sobre la presión fiscal sería otra. Tal vez entendería que mi empresario no tiene tanta culpa como le atribuyo sobre lo magro de mis percepciones.

Estos no dejan de ser ejemplos prosaicos. Tal vez poco relevantes para una clase política más pendiente de los principios que de los sillones, según dicen, pero a mi no me lo parecen porque afectan a una decisión que debe estar bien informada, con transparencia, como es mi voto. Pero abandonen toda esperanza, de la transparencia para el voto no se preocupa nadie.

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