Mientras la inflación en la Eurozona está disparada y ha pasado del 1,9% al 8,6% interanual en los últimos doce meses, el Banco Central Europeo se despachaba con una nota de prensa anunciándonos los próximos pasos que va a seguir para incorporar consideraciones de cambio climático en el desarrollo de su política monetaria.

El anuncio no produce risa porque produce espanto. Pero no produce espanto solamente porque la política monetaria en los últimos 14 años sólo ha servido para alimentar la irresponsabilidad de los políticos. Ahí tenemos el caso español: una deuda que ha pasado del 35,8% en 2007 al 118,4% en 2021 y que, al margen de los sucesos extraordinarios que pudieran explicar una parte de su crecimiento, sólo ha servido para no privarnos de ninguna necedad al margen de lo necesario.

Produce espanto por lo que supone de vulneración de la Ley, así con mayúsculas, por una de las más importantes instituciones de la Unión Europea. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 127 (texto consolidado) dicta, respecto del BCE, que “su objetivo principal (…) será mantener la estabilidad de precios”. Del mismo tenor son sus estatutos en su artículo 2. Ni siquiera la mención en ambos artículos al apoyo, siempre sin perjuicio del objetivo, a las políticas económicas generales de la UE permite al BCE hacer lo que anunció ayer: incorporar la perspectiva climática a sus decisiones de política monetaria.

Las decisiones sobre el destino de los fondos con los que se nutren los estados, por imposición o deuda, es parte de la política fiscal de éstos y nunca puede ser orientada por el BCE

La inclusión de dicha perspectiva constituye una orientación del destino de los fondos puestos en circulación por parte del BCE que se enmarca dentro del diseño de las políticas industriales, en tanto en cuanto favorece, por el motivo que sea, unas industrias sobre otras. Las decisiones sobre el destino de los fondos con los que se nutren los estados, por imposición o deuda, es parte de la política fiscal de éstos y nunca puede ser orientada por el BCE.

Sin embargo, esto no es la primera vez que ocurre, pero sí (creo) que la primera vez que no pasa inadvertido ante la desvergüenza que supone el anuncio o la falta de sutilidad del BCE, que ya se comporta como un órgano político, con el consiguiente poco rigor técnico y aparente ignorancia sobre lo que se trae entre manos. Así ya, en otros momentos, se ha orientado el destino de los fondos mediante la reducción de los coeficientes de ponderación de riesgo (CPR) de determinadas inversiones.

Los CPR indican el porcentaje mínimo en que una inversión (o activo financiero) determinada debe ser financiada con recursos propios de los accionistas del banco, es decir: sin deuda. A menor CPR (la deuda pública de los estados miembros de la UE disfruta de un CPR del 0%, lo que permite a los bancos comprarla endeudándose por la totalidad de la inversión), un activo financiero se vuelve más atractivo y el emisor del mismo puede, por lo tanto, financiarse más barato. La normativa rebajó en su momento los CPR para la financiación de infraestructuras, por ejemplo, o los de las PYMES, en otro. Sonoro error fue el de reducir el CPR del crédito para adquisición de viviendas en enero de 2008, alimentando así más la burbuja inmobiliaria cuando estaba estallando.

Lo que días atrás nos anunciaba el BCE, muy grave por lo que significa de no circunscribirse a sus obligaciones legales, supondrá, como siempre que se falta a la debida neutralidad tecnológica de las administraciones, una deficiente asignación de los recursos financieros que estará orientada por la oportunidad financiera que suponen fondos baratos, en lugar de por la oportunidad económica que explica la rentabilidad de un proyecto no subsidiado, ni explícita ni implícitamente. Esa mala asignación de recursos conllevará la creación de una “burbuja verde” que acabará como las que salen de los orificios nasales de Shrek: explotando. Además, ralentizará la investigación y el desarrollo en otras áreas del aprovechamiento energético en general que se están demostrando exitosas (¿ha comparado lo que consume su coche con motor de explosión ahora respecto de hace sólo quince años?).

Y que no le echen la culpa a la guerra de Ucrania: en junio de 2021, con una inflación del 1,9%, los precios de la energía ya habían experimentado una subida del 12,6% en los últimos doce meses

Esta teledirigida asignación de recursos, hasta ahora desde quien tienen potestad para ello: los gobiernos, ya nos ha provocado en Europa un problema con el precio de la energía, del que nadie se haceresponsable, y que constituye un error en el que parece que queremos incidir más aún. Y que no le echen la culpa a la guerra de Ucrania: en junio de 2021, con una inflación del 1,9%, los precios de la energía ya habían experimentado una subida del 12,6% en los últimos doce meses. Ahora estos datos son del 8,6% y del 41,9%, respectivamente.

Esta teledirección de los recursos financieros provocará, además, presiones de los lobistas por hacerse con el control de los recursos que el BCE vaya liberando en mejores condiciones para lo que se califique de verde. Así que la lucha estará en la famosa taxonomía y, con poder suficiente, alguien demostrará que quemar neumáticos es un modo ecológico y eficiente de calentarse.

Luego está la escasísima base científica del apocalipsis climático cuya aceptación se ha convertido en dogma de fe, a pesar de los reiterados errores cometidos por sus apóstoles sobre la llegada del fin del mundo, con el que se pretende reunificar política y religión.

Parece que el BCE esté a la vez dentro y fuera de la ley, en expresión claramente schmittiana que nos recuerda que esta es la verdadera condición del Soberano.

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