Son muchos los trabajadores y empleados de distintas empresas que denuncian el exceso de horas extra, muchas veces sin pagar y sin dejar constancia de que esto ha ocurrido. Así, las autoridades nacionales e internacionales luchan contra esto y buscan conseguir una forma de regular la situación y proteger a los trabajadores. Por todo ello, desde 2019 es obligatorio dejar un registro de las horas trabajadas y el horario exacto, aunque ahora esto ya no será suficiente.
Recientemente, la Vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha anunciado que habrá una segunda modificación que afectará a trabajadores y empresas para mejorar la transparencia de estos registros y evitar la manipulación posterior de los datos, además de permitir una mejor intervención y consulta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que podrá hacerlo en cualquier momento.
La nueva medida
Aunque de momento tan solo es un borrador, Yolanda Díaz ya ha hablado de la nueva medida que cambiará la forma de fichar de los trabajadores. Los registros más analógicos, a papel y boli, quedan desterrados. En su lugar, las empresas deberán adaptarse y contar con un sistema informático que les permita recoger estos datos de forma digital.
Este cambio tiene su origen en la polémica que surgió en 2019, con la diferencia de criterios entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Ante esta situación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigía a los Estados miembro "un sistema objetivo, fiable y accesible, que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador".
De 700 a 7.000 euros de multa
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre de 2023 los trabajadores de España realizaron un total de 2.478,8 miles de horas extra no remuneradas. De ellos, 1.422,2 fueron desarrolladas por hombres, mientras que las 1.056,7 horas restantes las hicieron trabajadoras de todo el país. La intención de la norma es llevar un recuento objetivo de las horas trabajadas, algo que de no hacerse podría conllevar graves multas.
Las sanciones pueden ir desde los 751 hasta los 7.500 euros en el caso de recaer directamente sobre la empresa. Tras el cambio del criterio efectuado en la reforma laboral de Yolanda Díaz, las multas también podrían recaer sobre el trabajador: puede ir de 1.000 a 10.000 euros de multa en los casos más graves.
