Los investigados estaban sobre aviso desde “el primer minuto” de la actuación judicial, allá por el pasado mes de julio. Sobre todo el considerado como mano derecha de Ignacio González, el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez, quien dejó ver en sus conversaciones con el resto de imputados que le estaban investigando.
Por ello, el entonces juez instructor de la causa, Alejandro Abascal, ordenó una medida inusual en las investigaciones de casos por corrupción, pero permitida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 2015 en casos de especial gravedad: la colocación de micrófonos fijos y la realización de seguimientos con micrófonos portátiles de última generación para salvar las precauciones adoptadas por la trama en sus conversaciones telefónicas. En especial por el supuesto cabecilla, Ignacio González, quien disponía de un sistema de encriptación de su teléfono móvil.
Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, fue ordenada la colocación de un micrófono fijo en el despacho profesional como abogado de Ignacio González. Con la presencia del secretario judicial, que levantó acta de la operativa, los agentes especializados de la Guardia Civil se personaron en el inmueble de madrugada, y tras comprobar que estaba desierto y había “luz verde”, abrieron la puerta con una ganzúa y colocaron el dispositivo camuflado. El juez Eloy Velasco heredó la orden de su juez de refuerzo, Alejandro Abascal, y la continuó.
Ese micrófono, según las mismas fuentes, ha aportado importantes novedades a la investigación, sobre todo en lo relativo a su sistema de blanqueo y facturación falsa, pues Ignacio González hablaba abiertamente en su despacho sin temor a ser escuchado.
El operativo especial de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ha contado con seguimientos a los investigados a los que se enfocaba con micrófonos portátiles de última generación y alta potencia, que también han servido para corroborar diversas líneas de investigación. El juez hace mención expresa de estas escuchas en su auto al aludir a la “captación de las comunicaciones orales”, que han servido para saber que Ignacio González “parece haber recibido un documento” sobre una cuenta en Suiza, que le vincula directamente con las conversaciones desveladas por la Cadena SER en abril de 2009, al publicar en exclusiva el vídeo del seguimiento en Colombia a Ignacio González.
Los micrófonos también han sido claves para conocer que iba a producirse la reunión entre el hermano de Ignacio González y el secretario de Estado de Seguridad, entre otras cuestiones de interés para la investigación.
La trama ha intentado ponerse en contacto con jueces, fiscales, y fuerzas de seguridad, para saber por qué estaban siendo investigados. En las conversaciones grabadas afirman que “una juez amiga de la casa” les advirtió. El fiscal Anticorrupción, Carlos Yáñez, preguntó a Ignacio González en el interrogatorio con quién había contactado de entre la judicatura o la policía. El expresidente de la Comunidad de Madrid admitió que en ocasiones ha pedido información a jueces y fiscales amigos para ver cómo iban las causas en las que se encuentra inmerso, pero sostuvo que se refería al caso de su ático en Marbella, y no a esta operación.
