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El Constitucional admite el recurso de Sánchez y suspende de forma cautelar la ley de Memoria Democrática de Aragón

El pleno tramita el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra la ley que deroga la normativa de 2018, impulsada entonces por el PP y Vox

  • Fachada del Tribunal Constitucional -

El Tribunal Constitucional ha suspendido de la aplicación de la ley por la que se derogó la ley de Memoria Democrática de Aragón al admitir a trámite el recurso presentado contra la misma por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El pleno del Constitucional ha acordado estudiar el recurso del Ejecutivo central, que considera que la ley aragonesa podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo, además de ser contraria a competencias estatales, según ha informado el tribunal en un comunicado.

También que podría invadir competencias estatales. El pasado mes de mayo, el presidente del ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, justificó la eliminación de la norma ahora recurrida ante el Constitucional: se apoyó en una "mayoría democrática" y alegó que la ley cuya derogación acaba de ser revertida tenía "un relato ideológico".

Al haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida de forma automática y temporal esa ley que deroga la norma que estaba vigente en Aragón desde 2018. La derogación salió adelante en las Cortes de Aragón con los votos de los socios del Gobierno (PP y Vox) y el apoyo del PAR. Posteriormente el Ejecutivo regional ignoró el emplazamiento del Gobierno central a reunirse para encontrar una solución que evitase el recurso al Constitucional.

Además, el pleno del tribunal ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PSOE al decreto de la Junta de Andalucía por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración autonómica y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

Los senadores socialistas que presentaron el recurso sostienen que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

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