Casi 500 inmigrantes subsaharianos han saltado este viernes la valla fronteriza de Ceuta poco antes de que el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, contestara el teléfono para hablar con Vozpópuli sobre derechos humanos.
La inmigración, que ya era un tema previsto en la entrevista, sirve para iniciar una conversación sobre libertad de expresión, discriminación y derechos a la asistencia médica y acceso a la vivienda. No, España no es Corea del Norte. La gente vive en democracia y dice lo que piensa. No hay personas apedreadas en plazas públicas ni colgadas en la horca. Pero hay cosas que podrían estar mejor y, por ello, Amnistía Internacional ha presentado sus recomendaciones.
Aunque aplaude algunos intentos del Gobierno por dar respuesta a las preocupaciones planteadas, Beltrán insiste que en España hay "dos grandes retos en materia de derechos humanos que se han agravado en los últimos cuatro años: inmigración y libertad de expresión".
Este sábado, se cumplen 68 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y queda preguntar: ¿Cumple España?
Inmigración
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España (publicado en 2015), ya calificaba de preocupante "la práctica de devoluciones sumarias, también conocidas como 'expulsiones en caliente', que tienen lugar en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla".
Para Beltrán, estas expulsiones "se han legalizado, aunque es un término imposible". Durante 2016, y tras dos viajes realizados por la organización a las dos Ciudades Autónomas, asegura que han comprobado "al menos nueve tipos de violaciones de Derechos Humanos" en el lugar.
Ante los señalamientos, Vozpópuli ha intentado comunicarse con el Ministerio de Interior para escuchar la versión del Gobierno, pero no ha obtenido respuesta.
Beltrán insiste que en España hay "dos grandes retos en materia de Derechos Humanos: inmigración y libertad de expresión"
El que sí se pronunció ante las acusaciones fue el Comité de la ONU, que en 2015 expresó en sus observaciones su preocupación "por los frecuentes informes que dan cuenta de denuncias de malos tratos durante las operaciones de expulsión de inmigrantes, incluyendo a los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla".
En estas dos Ciudades Autónomas la violencia se ha intensificado en los últimos años. Incluso lo reconoce un agente consultado por este medio, que ha preferido no desvelar su identidad. "Antes era muy extraño que los inmigrantes agredieran a un agente y, desde hace unos años, los saltos han pasado de ser pacíficos a ser violentos, por lo que todo entra en una escala de violencia", ha explicado.
A raíz de esto, el Comité en 2015 recomendó redoblar los esfuerzos para "prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos", así como velar por que todas las denuncias "sean investigadas de manera rápida, completa e independiente".
Los centros de la discordia
Las denuncias sobre el uso de la fuerza por parte de agentes no solo se limitan a Ceuta y Melilla; también involucra a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en otras latitudes del país.
El Comité de la ONU expresó su "preocupación por las denuncias de malos tratos por parte de agentes del Estado en los CIE y por casos de violencia entre internos, sin que se produjera intervención de los agentes".
Las causas que desencadenaron los diferentes motines en el CIE de Aluche, en el sur de Madrid, han sido denunciadas por diferentes ONG, por el Sindicato Unificado de Policías (SUP) y por el propio Ayuntamiento de Madrid.
La situación en los CIE ha sido denunciada por diferentes ONG
La historia se repite, desde hace años, en otros centros del país. El 5 de octubre, cinco agentes de policía resultaron heridos en el motín en el que participaron más de medio centenar de inmigrantes en el CIE de Sangonera la Verde (Murcia). El SUP exigió su cierre porque, según afirmó, el centro no estaba en condiciones de garantizar la seguridad de los agentes ni de los internos. Y ese no ha ido su único pronunciamiento. En diferentes comunicados de prensa, ha reclamado "al Ministerio de Interior la inmediata resolución de la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en todo el territorio nacional".
El Comité –en sus últimas observaciones– lamentó los informes que "cuentan de las malas condiciones imperantes en algunos CIE que carecen de condiciones de higiene adecuadas".
Tras la polémica, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, logró cerrar a finales de 2015 el CIE de la Zona Franca con la intención de hacer reformas para "cumplir con los derechos de los internos". Pero no fue por mucho tiempo. En julio de 2016, Interior ordenó su apertura.
El debate sobre estos centros ha sido llevado por varios partidos políticos a las sesiones de control al Gobierno, en el que han preguntado al Ejecutivo por las supuestas vulneraciones de derechos humanos. Ante los señalamientos realizados por la diputada Irene Montero (Podemos), el ministro Ignacio Zoido respondió: "Usted misma pudo comprobar que no se vulneran, en primera persona, los derechos humanos".
Beltrán asegura que el de los CIE es un "problema de forma" que compromete a diferentes países de Europa
El director de Amnistía Internacional asegura que el de los CIE es un "problema de forma" que compromete a diferentes países de Europa. "Los gobiernos europeos tratan a los inmigrantes de una forma cruel. En Reino Unido, por ejemplo, se puede internar a inmigrantes durante un año y medio, incluyendo menores de edad", ha denunciado.
Para Beltrán resulta preocupante. No concibe que por "una falta administrativa" las personas que vienen ilegalmente a España queden en "una especie de limbo que da lugar a muchas violaciones de Derechos Humanos". Según explica, no debería comprometerse la libertad de los inmigrantes y sería necesario "implantar medidas alternativas a la prisión, como retener la documentación o solicitar un régimen de comparecencia".
La 'Ley Mordaza'
La Ley de Seguridad Ciudadana también inquieta. La ONU y Amnistía Internacional se han mostrado preocupados por el efecto "disuasorio" que pueda tener la Ley de Seguridad Ciudadana (también llamada 'Ley Mordaza'), para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
Beltrán asegura que, aunque desde la ONG no piden la derogación de la ley, sí quieren un debate y una reforma. Admite que España ha mejorado. Pasar de la llamada 'Ley de la patada en la puerta' (la de José Luis Corcuera) a la denominada 'Ley Mordaza' o 'Ley de la patada en la boca' le resulta un avance. Y, a su vez, reconoce dos puntos positivos: se prohíben las redadas raciales y se garantiza que el Estado deba proteger el derecho a la reunión.
Sin embargo, ven con alarma "el aumento del poder que se le da a la Policía".
Amnistía no pide la derogación de la 'Ley Mordaza', pero sí quiere un debate y una reforma
Ante los cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad, el año pasado el Comité de la ONU exhortó al Gobierno a "revisar la Ley de Seguridad Ciudadana y las subsecuentes reformas del Código Penal, en consulta con todos los actores involucrados, con el fin de asegurar su estricta conformidad con el Pacto".
Una reforma constitucional
Desde Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón quieren realizar una reforma constitucional. Proponen cambiar 24 disposiciones constitucionales.
En la lista puntualizan que quieren una mejor protección de los derechos a la vivienda. Plantean una "modificación profunda del artículo 53", para que todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gocen de mejores y mayores garantías de protección. Y piden que se retorne la atención sanitaria –incluyendo la primaria– a la población inmigrante, cumpliendo con la recomendación de la ONU de "intensificar las medidas destinadas a evitar que los inmigrantes, lo extranjeros y las minorías étnicas sean discriminado en el acceso a la atención de la salud".
Entre las propuestas de Amnistía, Beltrán también subraya el plan nacional con el que espera que los jóvenes españoles puedan estudiar derechos humanos en las aulas, gracias a una reforma en la Ley de Educación.
Beltrán espera que en un futuro los jóvenes estudien Derechos Humanos en las aulas, gracias a una reforma en la Ley de Educación
Las lista de consideraciones emitidas por el Comité de la ONU y Amnistía Internacional parten de la medición de una serie de indicadores y de la comparación del rendimiento de la España actual con la de los últimos años.
Tras la evaluación, aplauden las medidas para combatir la Violencia de Género, pero piden intensificar los esfuerzos; reconocen la estrategia integral contra la intolerancia, pero solicitan el suministro de los recursos financieros necesarios. Así, dejan por escrito que, aunque España no es Corea del Norte, aún hay cosas que se pueden hacer para estar mejor.
