Se recrudece el enfrentamiento de togas en los Juzgados de Plaza Castilla a cuenta del 'caso Nicolay'. El fiscal Alfonso San Román, encargado de la causa que investiga las andanzas del Francisco Nicolás Gómez, el 'Pequeño Nicolás', ha presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, un duro escrito en el que acusa al propio magistrado de poner en riesgo toda la investigación por mantener como responsable policial de las pesquisas al comisario Marcelino Martín Blas, uno de los protagonistas de la polémica 'guerra de comisarios'. El fiscal asegura que es la cuarta vez que pide que este agente sea apartado por el riesgo de que su participación en las diligencias provoquen finalmente la "nulidad de las actuaciones" como ya ha pedido uno de los principales imputados, el también comisario José Villarejo, artífice también del enfrentamiento policial. El juez se ha limitado a anunciar al representante del Ministerio Público que ya decidirá sobre dicha cuestión "una vez que complete la pieza separada incoada con motivo de dichas solicitudes".
El fiscal considera que los últimos testigos confirman la "parcialidad" del comisario Martín Blas y uno de sus subordinados, e insiste en apartarlos de la causa para evitar la nulidad de la misma
El enfrentamiento entre el fiscal y el magistrado no es, ni mucho menos, nuevo. De hecho, en este nuevo escrito del primero, fechado el pasado 28 de septiembre y al que ha tenido acceso Vozpópuli, su autor recuerda que ya ha remitido otros tres los pasados 4 y 8 de julio y 8 de septiembre pidiendo también "la disolución de la llamada comisión judicial de Policía Nacional por actuar sin apariencia razonable de imparcialidad y por ser los funcionarios que la dirigen [el comisario Martín Blas y uno de sus subordinados, el inspector Rubén López] perjudicados por el mismo delito que investigan". En concreto, la grabación ilegal de una reunión que ambos mantuvieron en octubre de 2014 con agentes de CNI tras la detención del 'Pequeño Nicolás'. El fiscal se queja precisamente de que ninguno de estos tres escritos anteriores "ha obtenido respuesta en forma de resolución por el juez instructor" hasta ese momento.
En el nuevo escrito, el Ministerio Público señala que las últimas declaraciones tomadas por el magistrado, relacionadas con la supuesta conversación que mantuvo uno de esos agentes con el presunto estafador en los pasillos de los Juzgados de Plaza Castilla, "refuerzan la idea de falta de imparcialidad del funcionario", pese a lo cual, insiste, el magistrado aún no ha resuelto "sobre la petición de apartar" a éste y a su mando directo de la investigación. En este sentido, el fiscal también recuerda que uno de los imputados, el comisario Villarejo, también ha presentado otros tres escritos, uno de fecha del 29 de julio pasado y los otros dos del 13 de septiembre, pidiendo la nulidad de las actuaciones y el cese de sus compañeros como responsables de la investigación sin que tampoco el juez Zamarriego se haya pronunciado aún. De hecho, destaca que todos estos escritos han sido derivados a una pieza separada del sumario del 'caso Nicolay' dedicada exclusivamente a estudiar las peticiones de nulidad, una maniobra judicial que el representante del Ministerio Público considera que "no es correcta".
"El devenir procesal"
El fiscal insiste en que todos ellos deben permanecer en la parte del sumario donde se investiga, precisamente, la grabación ilegal, "donde estuvieron hasta la formación de esta pieza", ya que considera que "la resolución de las cuestiones planteadas [tanto por sus anteriores escritos como por los del comisario Villarejo] condiciona el devenir procesal y la eficacia de lo actuado" en la misma. De hecho, critica que el comisario Martín Blas y su subordinado "han seguido actuado en diligencias posteriores a las peticiones de su apartamiento y han presentado nuevos oficios e informes en las piezas I y II". Además recalca que "se ha continuado la investigación apoyándose" en elementos de prueba impugnados por resoluciones cuya validez han puesto en duda las partes, lo que, en su opinión, deja "sin consolidar la validez de las fuentes de prueba obtenidas en ella y que son la base que sustenta las nuevas diligencias de investigación".
El fiscal poner en duda "la adecuada instrucción de la causa" y señala que se puede estar vulnerando derechos recogidos en la Constitución
Todo ello, junto a la supuesta falta de "imparcialidad" de los agentes, a los que en escritos anteriores el fiscal acusaban de actuar movidos por un deseo de venganza contra otros altos mandos, llevan al represente del Ministerio Público a poner en duda "la adecuada instrucción de la causa" y "el respeto de los derechos fundamentales en juego, muy especialmente desde la perspectiva de la proporcionalidad en la pretendida justificación de la injerencia en aquellos". En este punto, insiste en que "avanzar" en las pesquisas entorno a la grabación "sin resolver la tacha de parcialidad de los investigadores y sin consolidar la validez de las fuentes obtenidas en ella" es "contrario al principio de seguridad jurídica y al derecho a un proceso con todas las garantías" que recoge la Constitución.
El fiscal concluye su duro escrito advirtiendo al juez Zamarriego "de la posible nulidad de las actuaciones en caso de no resolver las cuestiones planteadas" con celeridad y, por ello, exige que el magistrado "resuelva todas las peticiones" que le ha planteado en los últimos meses. La respuesta del magistrado no se ha hecho esperar en esta ocasión. El pasado 28 de octubre, el mismo día que hacía su entrada en el juzgado el escrito de la Fiscalía, dictaba una providencia en el que 'comunicaba' al Ministerio Público que decidiría sobre las cuestiones planteadas "una vez que complete la pieza separada incoada" precisamente para resolver las nulidades. La guerra de togas en los Juzgados de Plaza Castilla ya hace casi tanto ruido como la de comisarios.
