La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ha brindado este jueves su apoyo a la titular de Gobernación, Meritxell Borràs, y ha subrayado que ve "normal" que los funcionarios catalanes puedan pedir día libre el 6 de febrero para manifestarse contra el juicio del 9-N.
Las entidades soberanistas ya animaron a los trabajadores a pedirse el día libre para asistir a la concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 6 de febrero, en el inicio del juicio contra el expresidente catalán Artur Mas y las exconseljeros Irene Rigau y Joana Ortega.
Borràs ha afirmado que "encontraría bien y necesario" que los funcionarios se pidieran día libre, unas palabras que han levantado críticas desde la oposición.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento autónomo, Munté ha remarcado que "en ningún caso" el Gobierno catalán está pidiendo que los trabajadores públicos pidan una libranza.
Libertad individual
Sin embargo, ha dicho que está "de acuerdo" con Borràs en que "es normal que haya funcionarios que, en el uso de su libertad individual", opten por pedir librar, porque lo que sucederá el 6 de febrero "es un hecho muy grave": "Es el inicio de un juicio político", ha apostillado.
En cambio, el PSC, a través de su portavoz adjunto, Ferran Pedret, ha criticado las "graves" declaraciones de Borràs porque pueden suponer una "coerción" a los funcionarios.
Los socialistas han registrado una batería de preguntas en el Parlamento, para saber por ejemplo si el Ejecutivo autónomo ha emitido o emitirá alguna indicación al conjunto de funcionarios, si se ha dado alguna indicación a responsables de recursos humanos de diferentes organismos de la Generalitat para facilitar que los funcionarios puedan excusar su presencia ese día o si hay intención de consignar qué funcionarios irán o no a trabajar ese día.
Por su parte, el coordinador general del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha acusado al Gobierno autónomo de "coaccionar" a los funcionarios como en "regímenes totalitarios" y "dictaduras del pasado", por lo que ha pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que desautorice a su consejera de Gobernación.
