La Constitución otorga al Ejecutivo la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta iniciativa parlamentaria de aumento de las pensiones.

Según el documento remitido a la Cámara baja y al que ha tenido acceso Efe, el Ejecutivo argumenta que el coste de la medida superaría los 1.150 millones de euros.

Un coste que, alerta el Ejecutivo, tendría que ser financiado por el Estado, "sin que se proponga una fuente de financiación" para pagarlo. La decisión del Gobierno ha sido criticada de inmediato por el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, uno de los grupos proponentes, que cree que el Ejecutivo hace un "uso improcedente" de su capacidad de veto.

En rueda de prensa en la Cámara baja, Hernando ha destacado que esa subida de las pensiones no afectaría al presupuesto vigente sino al del próximo ejercicio, por lo que el Gobierno no puede pretender imponer su veto con el argumento de que modifica el presupuesto aprobado. "El Gobierno utiliza el derecho de veto en perjuicio de los ciudadanos y de los pensionistas", ha denunciado.

También se ha referido a este asunto el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, que ha criticado al Gobierno por atrincherarse en el veto a las iniciativas de los grupos parlamentarios, sin darse cuenta de que ya no cuenta con mayoría absoluta.

Tercer veto del Ejecutivo

La oposición del Gobierno a esta proposición de ley sobre pensiones se suma a los dos vetos del Ejecutivo a la paralización del calendario de implantación de la LOMCE y a otra iniciativa de modificación del Estatuto de los Trabajadores.

El pasado 18 de noviembre el Gobierno requirió por escrito a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de iniciar la tramitación de esas dos proposiciones de ley a pesar de su veto, al entender que también afectan a los gastos presupuestarios.

Este martes, la Mesa del Congreso ha recibido un amplio informe de los servicios jurídicos de la Cámara que analiza el conflicto de competencias entre ambas instituciones, el poder legislativo por un lado, y el Gobierno por otro.

La Mesa se ha emplazado a una próxima reunión -posiblemente la semana que viene- para adoptar una decisión sobre la materia y aceptar o no la solicitud del Ejecutivo de que se revoque la tramitación de ambas proposiciones de ley.