El pasado domingo 13 de octubre se celebró en Madrid una manifestación por la vivienda convocada, entre otros, por la organización Sindicato de Inquilinas alentando a la "huelga de alquileres". Esta marcha sería secundada y apoyada por partidos políticos como PSOE, Sumar o Más Madrid. Algo que generaría bastante revuelo e incredulidad, al ser los mismos partidos que forman parte del Gobierno.
La marcha arrancaría desde Atocha y, tras llegar a Cibeles, seguiría por la calle Alcalá hasta la confluencia con Gran Vía, donde se leería el manifiesto de la protesta por parte de las agrupaciones.
Luego, ante los micrófonos de la prensa, hablaría Valeria Racu, portavoz del ya mencionado Sindicato de Inquilinas, quien diría que "si siguen subiendo los alquileres, vamos a dejar de pagarlos". Estas declaraciones generarían revuelo al instante, viralizándose en cuestión de minutos y dejando a los ciudadanos con dudas de qué podría pasar si esto se hace.
Lo cierto es que si dejas de pagar el alquiler en España, hay varias consecuencias legales a las que te puedes enfrentar, ya que en la mayoría de las jurisdicciones, el incumplimiento del contrato de arrendamiento es motivo suficiente para que el propietario pueda tomar acciones legales.
Aquí te explicaremos un poco lo que generalmente podría suceder en términos legales en nuestro país, aunque los procedimientos pueden variar ligeramente según la comunidad autónoma.
Lo que te podría pasar si dejas de pagar el alquiler
Cuando un inquilino deja de pagar su alquiler, el primer paso suele ser una comunicación del propietario reclamando el pago de las rentas impagadas. Esta comunicación puede ser formal (burofax o carta certificada) o informal (correo electrónico o llamada).
Si el inquilino sigue sin pagar, el propietario puede reclamar judicialmente las cantidades adeudadas, lo cual también puede incluir intereses por el retraso.
Si el impago persiste, el propietario tiene derecho a iniciar un procedimiento judicial de desahucio por impago de rentas. Este es un proceso judicial que tiene como objetivo recuperar tanto las cantidades adeudadas como la posesión de la vivienda.
El proceso comienza con una demanda de desahucio, que suele incluir tanto la reclamación de las cantidades adeudadas como la solicitud de desalojo.
Una vez presentada la demanda, el tribunal notificará al inquilino y le dará un plazo para que:
- Pague la deuda y se detenga el proceso.
- Desaloje voluntariamente la vivienda.
- Se oponga a la demanda si considera que hay algún error en la reclamación.
Si el inquilino no paga o no abandona voluntariamente el inmueble, el tribunal emitirá una orden de desahucio, fijando una fecha para el lanzamiento, que es el desalojo forzoso.
En muchos casos, los plazos dependen de la agilidad del juzgado, pero el desalojo puede ocurrir entre 3 y 6 meses después del inicio del procedimiento (aunque este plazo puede alargarse).
A mayores de todo este proceso, si el inquilino no paga, el propietario puede incluirle en registros de morosidad como ASNEF o RAI, lo cual afectará su capacidad para obtener crédito o alquilar otras propiedades en el futuro.
Además de perder la vivienda, el inquilino será responsable del pago de las rentas adeudadas, gastos judiciales y, en su caso, los intereses generados por el impago.
¿Existen protecciones para inquilinos vulnerables?
No obstante, los inquilinos en situación de vulnerabilidad pueden encontrar cierta protección en la normativa vigente. En algunos casos, los servicios sociales pueden intervenir para evitar el desalojo de familias que se encuentren en situaciones extremas.
Además, si el propietario es un gran tenedor (alguien que posee más de diez viviendas), está obligado a ofrecer un alquiler social en determinados supuestos antes de iniciar el desahucio.
Este tipo de protección, no obstante, no es automática y requiere que el inquilino solicite ayuda o asesoramiento. En momentos de crisis, como ocurrió durante la pandemia, el Gobierno también ha implementado medidas para detener desahucios o facilitar aplazamientos de pagos, aunque estas medidas suelen tener carácter temporal.
Por ello, a pesar de las circunstancias, dejar de pagar el alquiler sin intentar llegar a un acuerdo puede tener consecuencias legales graves y prolongadas. La huelga de alquileres, aunque es una estrategia de protesta social que algunos colectivos apoyan, no deja de ser un acto con importantes implicaciones y consecuencias legales.
