Otra vez desierto. El segundo concurso convocado en los últimos meses por el Ministerio del Interior para administrar las más de 250 cuentas de Instituciones Penitenciarias en las que se ingresan al año cerca de 800 millones de euros no ha recibido ninguna oferta de las entidades financieras para hacerse cargo de su gestión. Según reconocen los principales bancos españoles consultados por Vozpópuli, la principal causa de ese desinterés no es otro que la complejidad y nula rentabilidad de gestionar las 84 cuentas a través de las cuales se centraliza el dinero que pueden gastar los reclusos entre rejas, el conocido como peculio. La situación, por inédita, ha puesto en serios aprietos al departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, que se ha visto obligado a reactivar una 'ventanilla' en cada cárcel atendida por funcionarios de Prisiones para facilitar que las familias de los internos puedan hacer llegar fondos a éstos para que puedan hacer pagos en el economato de la prisión. El principal sindicato de funcionarios de prisiones, ACAIP, ya ha alertado de los diferentes riesgos que ello supone, entre ellos el blanqueo de capitales. Portavoces oficiales de Instituciones Penitenciarias han declinado atender los requerimientos de información realizados por este diario en los últimos días.
En los últimos meses han quedado desiertos los dos concursos de Interior para adjudicar la gestión de las más de 250 cuentas de Instituciones Penitenciarias
El Ministerio del Interior publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 30 de julio el primer pliego de prescripciones técnicas del concurso para adjudicar la gestión durante los próximos tres años de éstas cuentas, que hasta ahora ha gestionado el Banco Santander. Sin embargo, a esa primera convocatoria no se presentó ni la entidad que dirige Ana Patricia Botín ni ninguna otra, lo que obligó a Instituciones Penitenciarias a hacer una nueva licitación. Ésta se realizó el pasado 18 de octubre, con idéntico resultado. Según comunicó el propio Ministerio en la plataforma de contratación del sector público el pasado 31 de enero, de nuevo ninguna entidad financiera hizo oferta en un concurso "negociado con publicidad" al que se invitó a un mínimo de tres entidades.
Varios de los principales bancos españoles consultados por este diario reconocen que el interés por hacerse con este concurso es mínimo, cuando no nulo, sobre todo por la complejidad de gestionar el peculio de los presos. En este sentido, destacan que prestar este servicio obligar a dedicar numerosos recursos para un servicio que los bancos no pueden rentabilizar. Por ello, ven difícil salida a este proceso salvo que la Administración decida 'añadir' al concurso de los depósitos de Prisiones los de otro departamento del Ministerio para hacerlo atractivo. Por ejemplo, en el caso de la Policía sí hubo dos aspirantes ya que ganarlo suponía manejar cuentas por las que pasan 2.100 millones de euros al año y la posibilidad de sumar a su base de clientes a los 75.000 agentes cuyas nóminas se tramitaban. Caixabank se hizo el pasado mes de septiembre con él por tercera vez consecutiva.
Condiciones inadmisibles
Los bancos consideran inadmisible que Prisiones exija llevar cuatro veces al mes dinero en efectivo a cada una de las 84 cárceles españoles "sin coste alguno"
Riesgo de blanqueo
Interior ya reconocía en una instrucción interna del pasado mes de enero que "los justificados vaivenes del sector privado" le obligaban a tomar medidas de urgencia
La situación obligó al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, a dictar el pasado mes de enero una instrucción interna para que todas las cárceles reactivasen a partir de la segunda quincena de ese mes las llamadas 'ventanillas de peculio' con "los medios personales y recursos necesarios" para facilitar que las familias de los internos pudieran hacer llegar a éstos fondos con los que hacer frente a sus gastos dentro de las cárceles. En el escrito se reconocía que con esta decisión Interior quería "evitar que los justificados vaivenes del sector privado influyan en la capacidad de realizar aportaciones al fondo de peculio". El principal sindicato de funcionarios de prisiones, ACAIP, ya ha mostrado su oposición a la medida al considerar que la misma va a suponer que al menos 300 trabajadores penitenciarios tengan que abandonar sus funciones "para acabar de 'cajeros de banco" en las cárceles. De hecho, ha remitido sendas cartas al propio Yuste y a la Agencia Tributaria para alertar de los riesgos que suponía poner en marcha dichas 'ventanillas', un medida que podía provocar "problemas de seguridad" en las cárceles además de dificultar la lucha contra el 'lavado' de fondos dentro de prisión.
