Fracasa el último intento de Ignacio González de apartar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía de la investigación del 'caso Ático'. Los tres magistrados de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga han dictado un auto por el que rechazan el recurso presentado por el expresidente de la Comunidad de Madrid para dejar fuera de la investigación a los agentes especializados en delitos económicos que ya participaron en 2012 en el inicio de la misma. En su escrito, los jueces destacan que la decisión de la magistrada que instruye la causa, Isabel Conejo, de encargar las pesquisas sobre el inmueble de lujo a este grupo "es lógica, natural y necesaria" y que debe ser ella, y no los encausados, la que "valore el resultado de las citadas gestiones". Todo ello, después de recordar que en dicho sumario se persiguen "graves actos" que incluyen delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de cohecho.
Los jueces consideran justificada la intervención de la UDEF por los "graves actos" investigados que incluyen delitos fiscales, cohecho y blanqueo
La decisión de la Audiencia Provincial de Málaga tiene fecha del pasado 9 de diciembre, pero ha sido ahora cuando ha sido notificada a las partes personadas. La misma fue tomada después de que Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero, también imputada en la causa, presentaran un recurso por la decisión de la juez Isabel Conejo de no admitir uno anterior para revocar su decisión de hacer gestiones sobre su patrimonio y de que fuera la UDEF la que se encargara de la investigación. El político y su mujer consideraban que esta unidad policial no era la competente y que las indagaciones sobre sus movimientos económicos eran una injerencia en intimidad. La magistrada resolvió el pasado mes de mayo rechazar ambas pretensiones, aunque admitió otras contenidas en aquel escrito. Sobre la participación de los agentes de delitos económicos destacó que, precisamente, su especialización los hacía los más indicados dada "la complejidad de la presente causa" y la propia naturaleza de "los presuntos delitos objeto de instrucción".
Tras esta decisión, Ignacio González y Lourdes Cavero decidieron elevar su recurso a la Audiencia Provincial de Málaga, que es la que ahora ha fallado otra vez en contra de sus pretensiones. Sobre las gestiones para determinar su patrimonio, los magistrados destacan ahora que son necesarias para "acreditar la capacidad adquisitiva para el bien [un inmueble valorado en 700.000 euros], el pago del mismo [y] el origen del dinero". En este sentido, recalcan que, en contra de lo planteado por el político y su mujer, la investigación no es "abstracta ni previa al hecho que da origen a la instrucción, sino que tiende a establecer el contenido del mismo". Por ello, añade, que el hecho de se encargue a la Policía las pesquisas es "lógico, natural y necesario" y que "será el órgano jurisdiccional el que valore el resultado de las citadas gestiones", por lo que acuerdan finalmente tumbar el recurso del expresidente de la Comunidad de Madrid.
Sugerencia de la juez
La propuesta de que fuera la UDEF la que se encargase del 'caso Ático' fue tramitada por la Comisaría de Estepona el pasado 22 de marzo, una semana después de que llegara a sus responsables el oficio de la juez Isabel Conejo en el que les pedía que realizasen "las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos [y] de las personas responsables" en la compraventa del lujoso inmueble. En aquel escrito, la magistrada ya dejaba a los mandos locales de la Policía la puerta abierta a que delegasen en cualquier otra "unidad de dicho cuerpo policial con competencias para llevar a cabo la investigación de los hechos", en lo que fuentes jurídicas vieron entonces una sutil alusión a la UDEF. Finalmente, fue lo que hicieron los destinatarios del encargo judicial. Según detallaban en esa respuesta de abril a la magistrada, se dirigieron a la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, el oficio que ésta les remitió "para que por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera [sic] sean investigados los hechos denunciados en este procedimiento".
La participación de la UDEF fue propuesta el pasado marzo por la Policía después de que la juez le reclamase "una unidad con competencias"
Aquella decisión de la juez de que fuese la Policía Nacional la que se encargara de las pesquisas sorprendió entonces dentro del propio Cuerpo. El motivo: dos comisarios habían sido cesados en 2012 precisamente por investigar la propiedad inmobiliaria del expresidente de la Comunidad de Madrid. El primero, en abril de ese mismo año. Entonces fue relevado de su puesto el comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de Dios, quien había iniciado las pesquisas en julio de 2011, cuando el PSOE aún estaba en el poder. Sin embargo, la llegada al Palacio de La Moncloa del PP se tradujo en la paralización de las investigaciones, al considerar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que las mismas no habían sido registradas de forma oficial y, por tanto, eran "ilegales". La propia Dirección General de la Policía anunció entonces en una nota de prensa que "siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior" había abierto un expediente a este agente que también fue trasladado de destino.
Segundo cese
Poco más de dos meses después se producía la segunda destitución fulminante, la del comisario José Enrique Rodríguez Ulla. Según ha detallado este alto cargo policial en la declaración que prestó el pasado 3 de marzo dentro del sumario del ático, él reabrió la investigación tras recibir el 7 de junio de 2012 tres notas registradas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en las que se denunciaban supuestas irregularidades en el patrimonio del político. Ello le llevó a convocar una reunión de la comisión técnica de su departamento para analizar la información que contenía. De aquella reunión policial salió, precisamente, la decisión de encargar las pesquisas a la UDEF con "la premisa de que se diera cuenta a la Fiscalía Anticorrupción". Aquellas primera diligencias recibieron incluso un número de referencia y un nombre, 'Operación Aiko', y fueron declaradas secretas a petición de otro comisario que participó en el encuentro.
La Policía abrió en 2012 la 'Operación Aiko' para investigar el ático de González. Dos mandos fueron cesados por ello entonces
Rodríguez Ulla aseguró a la juez Conejo que al día siguiente se informó de las mismas tanto a su superior jerárquico, el también comisario Eugenio Pino, en aquel momento director adjunto operativo de la Policía, como a Anticorrupción. A partir de ese momento, se iniciaron las investigaciones A finales de ese mes, el comisario fue cesado "por pérdida de confianza" por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una decisión que contó con el respaldo público del ministro del Interior. Desde entonces, la UDEF había desaparecido del sumario y la actuación de otras unidades de la Policía Nacional se redujo a la mínima expresión. Así, entre los escasos escritos elaborados por este cuerpo en estos casi cuatro años figura un informe del 18 de julio de 2013 elaborado por la Comisaría de Estepona, la misma que finamente derivó la investigación a sus colegas de Delitos Económicos, en el que se detallaba el camino que, por error, había seguido una comisión rogatoria que la juez había dirigido a las autoridades británicas.
Policías y testigos
Además de encargar la investigación a la UDEF, la juez Isabel Conejo también ha hecho pasar por su despacho para que declaren como testigos a varios de los mandos policiales que en 2012 participaron en las primeras pesquisas sobre el ático de Ignacio González. Así, además del comisario Rodríguez Ulla, también fue citado el otro mando policial cesado, Agapito Hermes de Dios, y un tercer comisario, José Luis Gudiña, que en aquel momento era el jefe de la Brigada de Blanqueo y quien inició la 'Operación Aiko' a instancias de sus superiores.
Ignacio González también intentó impedir sin éxito que se incorporaran a la causa los informes que la UDEF elaboró en 2012 sobre su ático
Además, la magistrada reclamó el pasado mes de abril al Ministerio del Interior que entregase el "expediente completo que obre en sus archivos relativos a las indagaciones, gestiones o investigaciones relativas a don Ignacio González González y al ático objeto de esta instrucción". Exigía, en concreto, "todas las notas de trabajo y notas de gestiones que obren en el mismo". Esta prueba había sido pedida, como la declaración de los mandos policiales, por la acusación que representa a los ex trabajadores de Madrid y a ella también se había opuesto el ex presidente madrileño sin éxito, como en su intento de vetar la participación de la UDEF en la investigación. Toda esa documentación policial se incorporó finalmente el pasado mes de octubre.
