El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y los cuatro diputados de Compromís en el Mixto presentarán este miércoles en el registro del Congreso de los Diputados la petición de creación de una comisión de investigación sobre el Castor. Así se conoce al proyecto de explotación del fallido almacenamiento subterráneo de gas natural que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó en 2008 a la empresa Escal UGS, controlada por la constructora ACS (66%) que preside Florentino Pérez.
Esta plataforma se encuentra paralizada desde 2013 tras los pequeños terremotos provocados durante la fase de llenado de gas colchón. A raíz de ello, la promotora decidió renunciar a la concesión y ejerció su derecho de cobrar una indemnización por valor de la inversión menos las cantidades que ya hubiera cobrado, esto es, 1.350 millones de euros. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aceptó esta renuncia y la consecuente indemnización en un real decreto ley aprobado el 3 de octubre de 2014.
Nueve años después de que el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián (PSOE), firmara la concesión a Escal UGS, el proyecto del Castor llega ahora al Congreso de los Diputados en forma de propuesta de comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas sobre la gestión del polémico almacén de gas. Es probable que los impulsores de esta iniciativa parlamentaria exijan, de llegar a constituirse la comisión, la comparecencia aquí del empresario y presidente del Real Madrid, entre otros.
El programa Salvados (La Sexta) desveló el pasado domingo que Compromís tenía previsto pedir una comisión de investigación sobre el Castor en el Congreso, tras haber anunciado previamente la misma medida en el Senado. La diputada Marta Sorlí lo avanzó en dicho espacio televisivo. Ahora se sabe que a los cuatro parlamentarios de Compromís en la Cámara baja se han sumado los 71 diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, superando, por tanto, la "quinta parte de los miembros" del hemiciclo que exige el reglamento para la presentación de una comisión de investigación.
Serán los diputados Ángela Ballester (Unidos Podemos), Josep Vendrell (En Comú Podem) y la propia Sorlí quienes acudan este miércoles al registro. La representante de Compromís señaló el domingo en Salvados que el proyecto del Castor fue "una autoadjudicación sin precio, es decir, que el concurso fue redactado expresamente porque la concesión fuera para ACS, la empresa de Florentino Pérez". "El PP y el PSOE se llenen la boca hablando de libre mercado mientras arreglan concursos públicos porque empresas amigas hagan negocio con el medio ambiente", criticó.
Unidos Podemos sostiene que "la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones"
Así mismo, Sorlí comentó que los trabajos para la construcción del Castor arrancaron en 2007 con un presupuesto de 400 millones de euros y terminaron en 2010 con 1.272 millones. "No se puede saquear las arcas públicas con negocios oscuros que han llegado a provocar terremotos y que no haya un sol responsable político. La gente necesita que se aclare quién hizo qué hasta llegar a la chapuza del Castor en Vinaròs", declaró la diputada de Compromís.
Recuperar el dinero
De esta manera, la formación de Pablo Iglesias obligará a PP, PSOE y Ciudadanos a retratarse puesto que la creación de la comisión requiere mayoría parlamentaria del Pleno del Congreso. Este martes ya hubo un aperitivo en la comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital en la Cámara baja, donde salió adelante una proposición no de ley de Unidos Podemos por la que el Congreso pide al Gobierno que recupere la indemnización a la empresa del proyecto Castor. En concreto, el texto reclama al Ejecutivo que emprenda las acciones legales oportunas para rescatar ese dinero.
La formación morada sostiene que la firma Escal UGS incurrió en "dolo o negligencia imputable" y que, por tanto, "la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones". La PNL de Unidos Podemos ha contado con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular.
La iniciativa también pide acciones legales para determinar las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal UGS por "los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia" de la puesta en funcionamiento del almacén de gas. La pasada semana, el ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, admitió que el proyecto Castor "nunca debió existir" y que "lo ideal" es "desmantelarlo" con cuidado. La PNL aboga por establecer un calendario para el sellado de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas.
