Más de dos años después de la consulta independentista, el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau serán juzgados desde mañana en un juicio con protagonistas de gran relevancia y claves políticas y judiciales que han centrado el debate soberanista desde el 9 de noviembre de 2014.
Casi 40.000 personas se han inscrito para acompañar al expresident y las exconselleras al juicio por la consulta sobre la independencia. Unos 157 autocares saldrán de diversos puntos de Cataluña para transportarlas a Barcelona.
Artur Mas
La Fiscalía pide para el expresidente catalán diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y para el ejercicio de funciones de gobierno, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, como autor de un delito de desobediencia grave y otro de prevaricación.
Según el ministerio público, Mas, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", desatendió el mandato del Tribunal Constitucional e "incumplió la obligación, que como convocante le atañía", de dejar sin efecto la convocatoria de la consulta que él mismo había emitido.
Para la Fiscalía, Mas omitió su deber de cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso ante diversos departamentos y entes públicos de la Generalitat relativos a la preparación de la consulta del 9N.
El ministerio público recrimina a Mas que se concertara con Ortega y Rigau para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar la votación".
En su declaración como imputado en fase de instrucción, el 15 de octubre de 2015, Mas, que se negó a responder a la Fiscalía, asumió toda la responsabilidad en la organización del 9N, como "único promotor político" de la consulta, pero alegó que finalmente su "ejecución" quedó en manos de voluntarios, sin que ninguna autoridad del Estado lo impidiera.
Joana Ortega
Para la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, que asumió la coordinación de todos los entes y funcionarios públicos implicados en el 9N, el fiscal solicita nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos y de funciones de gobierno, como "cooperadora necesaria" en un delito de desobediencia grave y otro de prevaricación.
Según el fiscal, Ortega, que fue quien comunicó el resultado de la votación, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada del 9N, inmediatamente por debajo de Mas, "que primero dispuso y luego habilitó su celebración".
En concreto, Ortega fue la impulsora directa de las principales actuaciones administrativas iniciadas para preparar la jornada de votación, garantizar su efectivo desarrollo y la publicación de los resultados, actuaciones que continuaron pese a la suspensión ordenada por el TC, según la Fiscalía.
Ante el juez del TSJC que instruyó la causa, Ortega alegó, el 13 de octubre de 2015, que la organización del 9N quedó en manos de voluntarios cuando el Constitucional lo suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia de haber desobedecido".
Irene Rigau
La exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, la única de los tres acusados que sigue siendo aforada porque ha mantenido su acta de diputada en el Parlament, afronta la misma petición que Joana Ortega, por los mismos delitos.
Según la Fiscalía, Rigau se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de enseñanza secundaria de la Generalitat, "con mayor o menor convencimiento individual", siguieran prestado "el apoyo necesario" para que los institutos fueran acondicionados los días 7 y 8 de noviembre y abiertos el día 9 para la votación, "garantizando la disponibilidad de un conjunto estable de locales".
Rigau, que cuando compareció ante el TSJC se negó a responder al ministerio público, aseguró ante el juez que no dio "ninguna orden ni instrucción a los directores de instituto" para la organización del 9N y que se limitó "simplemente a informarles de que los centros podrían ser usados" para la misma por parte de voluntarios.
El Tribunal
No ha sido fácil para el TSJC conformar el tribunal que a partir de mañana juzgará a Mas, Ortega y Rigau, ya que se ha tenido que recurrir a un magistrado de la sala de lo contencioso, Eduardo Rodríguez Laplaza, con ocho años de carrera, para completarlo, porque los otros miembros de la sala civil y penal estaban 'contaminados' por haber intervenido en la admisión, los recursos o la instrucción de la causa.
El tribunal lo dirigirá el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de la moderada Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que será ponente de la sentencia, y estará integrado también por el magistrado Carlos Ramos, designado a propuesta del Parlament.
Barrientos fue elegido presidente del TSJC a inicios del pasado año, al imponerse a los otros dos aspirantes -el progresista Miguel Ángel Gimeno y el conservador Fernando Lacaba- tras asegurar con contundencia en las entrevistas para la selección del cargo que veía "preocupante" que la Generalitat insistiera en el proceso de "desconexión" pese a que había sido anulado por el TC.
En su toma de posesión, el 26 de febrero de 2016, Barrientos pidió a los políticos que articulen "respuestas imaginativas" ante el debate soberanista catalán y advirtió de que "nadie" debe acudir a los tribunales para buscar soluciones a ese conflicto.
Los fiscales
Tras el rechazo inicial de la Fiscalía Superior de Cataluña a actuar contra Mas, Ortega y Rigau, al considerar que no habían desobedecido al Constitucional porque no había una advertencia expresa sobre las consecuencias de no suspender la consulta, el ministerio público ha optado por dejar el caso en manos de dos de sus pesos pesados, ambos con una dilatada trayectoria.
Francisco Bañeres, que durante años dirigió el área de delitos económicos de la Fiscalía de Barcelona, inició el caso en solitario hasta que la entonces Fiscal General del Estado Consuelo Madrigal designó como refuerzo al fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled.
Ulled, que ejercía como fiscal de guardia el 9N, redactó un informe en el que se pronunció en contra de la retirada de las urnas y la detención de los organizadores de la votación, por considerar que eran medidas desproporcionadas, aunque se mostró a favor de admitir a trámite todas las denuncias contra la consulta.
Este mismo fiscal encadenará dos juicios de gran trascendencia, ya que, tras el del 9N, a partir del 1 de marzo también ejercerá la acusación pública en el juicio por el expolio del Palau de la Música, en el que el instructor impuso, a instancia suya, una fianza a CDC por embolsarse supuestamente 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas de Ferrovial, a través de Fèlix Millet.
La acusación popular
La acusación popular, ejercida por los sindicatos policiales SPP y UPF así como por Manos Limpias, solicita para Mas, Ortega y Rigau doce años de inhabilitación por desobediencia grave y prevaricación.
Esta parte también pedía inicialmente seis años de prisión y diez años más de inhabilitación para los tres acusados, por un delito de malversación que el TSJC descartó, de acuerdo con la Fiscalía, al estimar que los investigado no destinaron a uso particular el dinero que costó la consulta y que los pagos a contratistas comprometidos antes de la suspensión no se podían dejar de abonar.
Las defensas
Los acusados han rechazado ser defendidos por el equipo de letrados de la Generalitat y han optado por abogados particulares de su máxima confianza, como Xavier Melero (Artur Mas), Rafael Entrena (Joana Ortega) y Jordi Pina (Irene Rigau), unos togados de reconocido prestigio habituales en las causas por delitos económicos y en las que hay implicados dirigentes de CDC.
Precisamente, los tres abogados se han quejado de que tan sólo cuatro días antes del inicio del juicio, y cuando estaban ultimando la estrategia procesal con sus clientes, han tenido que acudir de urgencia a asistir a tres detenidos de la órbita de Convergència en la última redada contra la supuesta trama del 3 %: el exteniente de alcalde de CiU en Barcelona Antoni Vives, el tesorero de CDC Andreu Viloca y el responsable jurídico de CDC, Francesc Sànchez.
Los testigos
El TSJC ha rechazado por "impertinente" la pretensión de las defensas de que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparecieran como testigos.
No obstante, el juicio contará con las testificales de políticos de la órbita soberanista como los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol, el portavoz de DiL en el Congreso Francesc Homs -imputado por el 9N ante el Tribunal Supremo-, y el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, así como voluntarios de la consulta y una directora de instituto que se negó a abrir su centro el 9N.
