“La Conferencia de Presidentes se reunirá al menos dos veces al año”, reza el artículo 4.1 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, aprobado a propuesta del presidente del Gobierno el 13 de marzo de 2022 durante la sesión celebrada en La Palma (Islas Canarias). Pasado un año se ha incumplido la convocatoria bianual de ese organismo, un compromiso de Pedro Sánchez “con el objetivo de dotar a este órgano de más agilidad, pluralismo y continuidad en la toma de decisiones”. Ese desistimiento va de la mano de los detectados en algunos acuerdos relevantes de la Conferencia de Presidentes: la Conferencia Sectorial para los Fondos Europeos acordada en septiembre de 2020 y el Plan Justicia 2030 aprobado en octubre del mismo año, ambos languidecientes.

El empeño del jefe del Ejecutivo en multiplicar unas Conferencias de Presidentes con estudiada escenografía pese a la pandemia y la postpandemia, fue adornado en su nuevo reglamento con argumentos del tipo de son “pieza clave en el éxito del modelo autonómico”, “han beneficiado a toda la ciudadanía española”, “debe ser la clave de bóveda de este sistema reforzado de cooperación entre Administraciones públicas”. Pese a tan altas consideraciones, tras el encuentro del año pasado en Los Llanos de Aridane (La Palma) esas reuniones han desaparecido de los planes de la Presidencia del Gobierno, incluso borradas de la web de Moncloa y arrinconadas en la del Ministerio de Política Territorial, aunque Sánchez las llegó a alabar como “un salto adelante que nos da confianza y esperanza”.

Esa especie de fundido a negro también ha ocurrido con decisiones de cierta trascendencia en el seno de esas Conferencias, como la creación de la Conferencia Sectorial para los Fondos Europeos acordada en septiembre de 2020,  constituida en enero de 2021 bajo la presidencia de la ministra Mª Jesús Montero y rebautizada como Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Diseñada como órgano superior de coordinación del Gobierno con las CC.AA. sobre el Plan de Recuperación, solo se ha reunido dos veces. La primera, sin asistencia de la ministra, en abril de 2021 para presentar el Plan de Recuperación y la segunda, cuatro meses después, para dar cuenta del desarrollo del citado Plan. Hasta hoy.

Se suceden las conferencias sectoriales, casi tantas como ministerios, sobre los fondos europeos con representantes autonómicos, pero del Gobierno de la nación como tal, ninguna. Sobre la más reciente de áreas ministeriales, celebrada en Palma (Mallorca) con la ministra de Justicia el pasado día 6, dice la reseña oficial que se acordó “impulsar el Plan Justicia 30”. Éste es un proyecto que se arrastra desde su aprobación en la Conferencia de Presidentes del 26/10/2020 celebrada en el Senado. A aquella cita acudió telemáticamente la presidenta europea Ursula Von der Leyen y allí recibió luz verde al llamado “Plan Justicia 2030, Rule of Law”, que rápidamente perdió la coletilla inglesa.

El ambicioso proyecto modernizador de la Justicia se compromete a una serie de reformas en diez años, entre las que destacan la Ley de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia, la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc. Unos objetivos que la titular de Justicia ha vuelto a anunciar dos años más tarde como Ley de Eficiencia Procesal, Ley de Eficiencia Organizativa y Ley de Eficiencia Digital.

Desde que en abril de 2021 el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de esa ley de eficiencia y en el mismo mes el Ministerio de Justicia acordara con las CC.AA. cómo sería el reparto de Fondos Europeos para el “Proyecto 0” de Justicia 2030, públicamente no ha dado señales de vida Justicia 2030, que se rige por una estricta rendición de cuentas hasta ahora desconocida: comparecencia semestral en las Cortes para dar cuenta de su evolución e informe anual que resuma sus avances e inversiones.

Junto a la frustrada Conferencia de Presidentes, otra iniciativa estrella de la Presidencia del Gobierno en el año 2022, el Foro contra las Campañas de Desinformación, permanece en el ostracismo tras una gestación laboriosa y polémica iniciada en mayo del pasado año y culminada con su constitución formal en octubre. Se trata de un organismo presidido por el director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) adscrito al Gabinete la Presidencia y concebido como “espacio de colaboración público-privada, en el que se recomienden iniciativas para fomentar el conocimiento de la amenaza de las campañas de desinformación y la realización de actividades conjuntas”. La vaga definición de su naturaleza es paralela a la descripción de su misión: “se podrán crear grupos de trabajo específicos con la composición y funciones que para cada caso se disponga y con el objetivo de llevar a cabo el estudio y análisis de temas específicos relacionados con los fines del Foro”.

La constitución de este Foro presidido por el general Miguel Ángel Ballesteros fue precedida de la publicación, en septiembre de 2022, de Luchas contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, un volumen de 300 páginas presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid con el subtítulo Propuestas de la sociedad civil porque en su elaboración participaron, aparte de diferentes organismos de la Administración del Estado, miembros de la comunidad académica y organizaciones del sector de la comunicación. Se desconoce el recorrido que haya tenido tan voluminosa obra colectiva, que figura ahora como una más de las publicaciones de la DSN.

El ahora olvidado Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, donde hay ocho representantes de la sociedad civil sin identificar, propuestos por otras tantas entidades públicas y privadas, al constituirse dejó constancia la Dirección de Seguridad Nacional de que “los trabajos que se realicen en este Foro serán de carácter público con el objetivo de fomentar el conocimiento social de esta amenaza y su trascendencia en nuestra vida cotidiana”. Han pasado casi cinco meses desde aquel compromiso por parte de un órgano dependiente de la Presidencia del Gobierno y no se ha publicado ningún trabajo del Foro contra las Campañas de Desinformación. La disposición ministerial que lo regula como una especie de órgano consultivo multidisciplinar, concreta que “su funcionamiento no supondrá incremento de gasto público”, quedando al cargo presupuestario de la DSN y detallando que “los gastos de desplazamiento de los representantes a las sesiones del Foro serán atendidos por parte de cada departamento ministerial, órgano u organismo de la sociedad civil”.

Esa transparencia para un Foro hasta la fecha inédito, así como los cantos a la libertad informativa que salpican los documentos salidos de Moncloa en su estrategia de lucha contra la desinformación, no encuentran correspondencia en la transparencia real de la Presidencia del Gobierno.

En la literatura gubernamental contra la desinformación se recoge que “El acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas” o se recuerda que “la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución”. Pero, a la vez, la opacidad informativa ha crecido en lo que respecta al Ejecutivo y, particularmente, al presidente Pedro Sánchez como atestigua el seguimiento de Vozpópuli sobre esa cuestión cuya comprobación más reciente ha concluido que, con 944 reclamaciones ante el Portal de Transparencia y Buen Gobierno acumuladas hasta octubre de 2022,  “Pedro Sánchez repite como el presidente más opaco”.

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