La nueva Ley de Vivienda prohíbe de forma explícita que los inquilinos de un alquiler tengan que pagar los gastos de gestión de una inmobiliaria que actúe como intermediaria en un proceso de alquiler. Sin embargo, las compañías han encontrado fórmulas para evitar este control legal e imponer a aquellos que buscan un lugar donde vivir los costes que consideren. Dicha fórmula es que los alquileres sean, como mucho, de 11 meses.
Este truco es efectivo para las inmobiliarias porque la nueva normativa establece que la obligación de pagar esos gastos de gestión de las inmobiliarias recae en el propietario, pero lo condiciona a contratos de vivienda habitual, es decir, de al menos un año con posibilidad de ampliarse.
Por ello, al suscribir un contrato de menos de un año, las viviendas dejan de considerarse de alquiler habitual, lo que exime a los propietarios de la obligación de pagar las comisiones. De esta manera, las inmobiliarias pueden seguir trasladando este coste a los inquilinos, a pesar de la nueva normativa.
Tal y como publica Cadena Ser, este tipo de contratos inferiores a un año implican que el inquilino, para poder entrar a vivir, no solo paga el primer mes y otro mes de renta en concepto de fianza, sino que se le impone como comisión el precio de una mensualidad más el IVA. Todo eso sin contar con otras posibles garantías que quiera exigir la inmobiliaria.
De esto hay diversas opiniones y puntos de vista de cuán legal puede ser esto, pues hay muchos vacíos de por medio. El Centro Inmobiliario de Navarra (Cidenar), por ejemplo, no ve qué tan legal esto puede llegar a ser y que quizás los inquilinos podrían reclamar.
Consecuencias para los inquilinos de este tipo de alquiler
Esta práctica tiene importantes implicaciones para los inquilinos:
- Mayor gasto. Los arrendatarios se ven obligados a asumir un coste adicional que, en muchos casos, puede resultar elevado.
- Inseguridad jurídica. La falta de estabilidad en el contrato puede generar incertidumbre y dificultar la planificación a largo plazo.
- Menor protección. Los inquilinos con contratos a corto plazo suelen contar con menos derechos y garantías que aquellos que tienen contratos de un año o más.
Varios expertos en derecho inmobiliario han alertado sobre esta práctica y han instado a las autoridades a tomar medidas para cerrar este vacío legal. Según fuentes cercanas a Facua, esta estrategia de las inmobiliarias es una clara elusión de la ley y perjudica directamente a los consumidores.
¿Qué hacer si te encuentras en esta situación?
Si estás buscando un alquiler y te ofrecen un contrato de 11 meses, es recomendable:
- Informarte sobre tus derechos. Consulta con un abogado especializado en vivienda o con una asociación de consumidores.
- Negociar las condiciones. Intenta negociar con la inmobiliaria para que asuma los gastos de gestión o para firmar un contrato de un año.
- Denunciar la práctica. Si consideras que estás siendo víctima de una práctica abusiva, puedes presentar una denuncia ante la autoridad competente.
La mejor manera de evitar caer en estas prácticas es informarse antes de firmar cualquier contrato. Compara diferentes opciones, solicita asesoramiento legal y no dudes en negociar las condiciones con la inmobiliaria. La prevención es la clave para proteger tus derechos como inquilino.
