Entre las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).
"El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EEUU", se subraya en las directrices.
Asimismo, se especifica un cambio en las políticas que precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan "abusado" de los beneficios públicos o que, "a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional".
El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, "ya no eximirá a clases o categorías" de extranjeros indocumentados de "una potencial aplicación de la ley", es decir, de una deportación. Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior Gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche.
Por otro lado, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, así como permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio
